Ya
dijimos que al joven Alfonso XIII le gustaba jugar con los soldaditos, que era
incapaz de entender los delicados equilibrios políticos sobre los que se
asentaba el régimen canovista, que abusó de las prerrogativas que le concedía
una “constitución” que tenía mucho de “carta
otorgada”[1] y que este comportamiento alimentó de manera insensata los deseos
intervencionistas de los militares.
Hechos del
¡Cu-Cut!
Viñeta
aparecida en la revista satírica ¡Cu-Cut! que provocó la ira de los militares.
“Se
conocen como los hechos del ¡Cu-Cut! el asalto por parte de oficiales del
ejército español de la redacción y los talleres de la revista satírica
catalanista ¡Cu-Cut! y los del diario La Veu de Catalunya que tuvo lugar en Barcelona
el 25 de noviembre de 1905, durante el periodo constitucional del reinado de
Alfonso XIII. El motivo fue la publicación de una viñeta humorística que los
oficiales consideraron injuriosa. Los agresores no solo no fueron detenidos y
juzgados sino que recibieron el apoyo de los altos mandos del Ejército y del
rey Alfonso XIII. Meses después las Cortes aprobaron una Ley de Jurisdicciones
que establecía que los tribunales militares serían los que juzgarían a partir
de entonces los delitos contra la Patria y el Ejército. A raíz de la impunidad
en que quedaron los asaltantes y de la promulgación de la Ley de Jurisdicciones
nació Solidaritat Catalana, una coalición de casi todas las fuerzas políticas
de Cataluña que consiguió un resonante triunfo en las elecciones generales de
1907. A partir de ese momento la «cuestión catalana» se convirtió en unos de
los problemas principales de la política española. En conclusión, los hechos
del ¡Cu-Cut! constituyeron, según el historiador Javier Moreno Luzón, «el primer
choque entre poder civil y militar del siglo XX y una subida notable en la
temperatura del conflicto nacionalista».”[2]
Este
chiste que vemos arriba, ¡que no llegó a publicarse! porque la censura lo impidió, hace
referencia a una fiesta que organizó la Lliga Regionalista para celebrar su
victoria en las elecciones municipales de Barcelona de noviembre de 1905 en el
Frontón Condal. En él un militar, con un uniforme de otra época, pregunta a un
civil qué es lo que se está celebrando, a lo que éste responde que “la
victoria”. El uniformado, que está al margen de la situación, sólo capta de ese
momento el hecho evidente, para él, de que sólo un grupo de civiles podía
celebrar alguna victoria, ya que los militares seguían lamiéndose las heridas
de la derrota de 1898. Este ejercicio de la libertad de expresión, en una
revista satírica que había nacido para eso precisamente, era más de lo que los
militares y el joven rey estaban dispuestos a tolerar.
Hemos
dicho que el chiste no llegó a publicarse porque la censura lo impidió. Aún así
el rumor sobre el contenido del mismo se corrió como la pólvora entre los
militares de Barcelona y un grupo de oficiales asaltó las oficinas de la
redacción de la revista y las del diario La
Veu de Catalunya, arrasándolas.
Estos
hechos desencadenarían una espiral de reacciones que ayudaron bastante a
envenenar el panorama político catalán, en particular, y español, en general, y
que fueron creando un ambiente de crispación y de polarización política que han
caracterizado a la España del siglo XX.
La censura impidió su publicación, algo muy habitual en la
España de los siglos XIX y XX. Casi nadie se hubiera enterado, por tanto, de
que ese chiste hubiera existido siquiera, de no ser porque los militares
asaltaron las oficinas de la revista. Gracias a eso empezó a circular de manera
clandestina y tuvo un alcance mucho mayor del que hubiera tenido incluso si se hubiera publicado. Y
aún seguimos viéndolo en algunos libros de historia más de un siglo después. Un
chiste que descontextualizado no tiene ninguna gracia. Hay que explicarlo para
poderlo entender y, aún así, es relativamente sutil. Al menos es lo que nos
parece cuando lo vemos desde la distancia temporal en que lo hacemos nosotros.
Pero
sirvió para descubrir el tipo de energúmenos que proliferaban en el ejército
español de esa época. Supongo que fue ese tipo de actitudes las que llevaron a
Machado a escribir: “De diez cabezas, nueve embisten y una piensa”.
A
un sector de la derecha española, todavía, le gusta centrarse, para justificar
el alzamiento militar de 1936, en una serie de sucesos que ocurrieron poco
antes del 18 de julio de ese año (como el asesinato de Calvo Sotelo, por
ejemplo), para apartar el foco de todo el proceso de envenenamiento de la
convivencia ciudadana que determinados sectores de los poderes político,
militar, religioso y mediático fueron practicando desde primeros de siglo y que
fueron llevando hacia un proceso de polarización social que conducía
directamente hacia el enfrentamiento armado.
Ya
dijimos que tanto Cánovas, que lideró el Partido Conservador durante una
generación, como Sagasta, que hizo lo propio en el Liberal, habían tenido
siempre muy claro que había que mantener a los militares apartados de los
centros de decisión política. Pero el cambio de siglo, con la desaparición de
la vieja guardia del régimen canovista, la derrota militar de 1898 y la llegada
de Alfonso XIII al trono hizo aflorar el problema militar, que se irá
realimentando con nuevas derrotas, ahora en Marruecos, el envío de soldados de
reemplazo hacia escenarios de guerra, los delirios absolutistas del rey, las
reacciones de la sociedad contra el centralismo borbónico-jacobino y la
emergencia de un poderoso movimiento obrero y campesino, que descolocó a un
sector significativo de la oligarquía financiera y terrateniente, que había
vivido hasta entonces a la sombra del proteccionismo del estado (y no sólo
aduanero).
El
estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa y de la Revolución Rusa, así
como la emergencia del primer fascismo (el italiano de Mussolini en 1922), fue
conduciendo a un sector de la derecha española de manera paulatina hacia
posiciones proto-fascistas primero (durante la Dictadura de Primo de Rivera) y
abiertamente fascistas después (durante los años 30). La vieja tradición insurreccional
que determinados sectores de las clases medias y populares habían ido
desarrollando durante el siglo XIX hizo que el proceso de fascistización de las
clases oligárquicas del país se encontrara con una fuerte contestación en la
calle.
La Ley de Jurisdicciones
“La
Ley de Jurisdicciones fue una ley española que estuvo en vigor entre 1906 y
1931. Fue impulsada por el presidente del Consejo de Ministros, Segismundo
Moret, y por el ministro de la Gobernación, el conde de Romanones, con claro
apoyo de Alfonso XIII, como reacción ante los hechos del ¡Cu-Cut!.
La
Ley de Jurisdicciones ponía bajo jurisdicción militar las ofensas orales o
escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército. Varios
de los artículos suponían un importante recorte a las libertades públicas, en
particular a la libertad de expresión. En Cataluña, los catalanistas la
interpretaron como un ataque a su región.
Esta
polémica ley, que había hecho caer el gobierno de Eugenio Montero Ríos (el
cual, ante el asalto de un grupo de militares a la imprenta del diario
catalanista ¡Cu-Cut! intentó sancionarles), provocó la agrupación de la mayor
parte de los partidos catalanes alrededor de la coalición Solidaridad Catalana.
Poco después, la oposición acabó abandonando el Congreso de los Diputados el 13
de marzo de 1906, en protesta por el descrédito que suponía la subordinación
del gobierno progresista. Desde la intelectualidad, Miguel de Unamuno hizo una
conferencia en contra de la ley, en el Teatro de la Zarzuela el 23 de febrero.
Con
todo, la ley se aprobó el 22 de marzo y, a continuación, se disolvieron las
Cortes.
El
20 de mayo se levantó el estado de excepción en Barcelona y se celebró un
homenaje a los diputados y senadores de Solidaridad Catalana que habían votado
contra la ley.
La
Ley de Jurisdicciones estuvo en vigor hasta el 17 de abril de 1931, cuando en
uno de sus primeros decretos, el ministro de la Guerra del Gobierno Provisional
de la República, Manuel Azaña, la derogó.”[3]
El presidente de gobierno en funciones cuando tuvieron lugar los
hechos del ¡Cu-Cut!, Eugenio Montero Ríos, que había reemplazado a
Sagasta al frente del Partido Liberal, intentó abrir un expediente a los
culpables, pero se encontró con la abierta hostilidad de un monarca al que la
constitución vigente le otorgaba un gran poder de intervención en las
decisiones del ejecutivo. El 1 de diciembre presentó su dimisión y el rey
llamó a formar gobierno al hombre que, en ese momento, lideraba el ala
derecha de los liberales, Segismundo Moret, que se plegó a todas las
exigencias del monarca en el asunto. Y como consecuencia éstos quedaron
impunes; el intervencionismo de los militares en el ámbito político salió muy
fortalecido, convencidos de que el rey estaba de su parte; salió adelante la Ley
de Jurisdicciones, que otorgó a estos la facultad de impedir cualquier
publicación que no les gustara; los liberales quedaban muy debilitados y
divididos por haber sacado adelante una ley inimaginable en los tiempos de
Sagasta, y los catalanes convencidos de que esa normativa había sido diseñada
expresamente para parar el movimiento catalanista. Fue el principio del fin del liberalismo español del siglo XIX.
Solidaritat
Catalana
Las
consecuencias más inmediatas de todos estos despropósitos encadenados fue la
llegada al poder, un año después y tras un intenso proceso de desgaste político
de los liberales, del Partido Conservador, liderado por Antonio Maura; la
disolución de las cortes y la convocatoria de las elecciones generales de 1907
y, en Cataluña, la aparición de una amplia coalición de partidos catalanistas
llamada Solidaritat Catalana, que integraba en su seno a personas de
todo el espectro ideológico, desde los carlistas hasta los independentistas,
pasando por los regionalistas de derechas de la Lliga Regionalista de Cambó.
Sólo
había en Cataluña una fuerza política, en ese momento histórico, capaz de
plantar cara públicamente a los catalanistas: El Partido Radical Republicano,
de Alejandro Lerroux, con una poderosa implantación sindical. Esta
formación se fue convirtiendo paulatinamente en la cara más visible del
republicanismo anterior al golpe de estado de 1923, dentro del cual se
convertirá en su facción más centralista y jacobina, lo que tendrá importantes
consecuencias históricas en la década de los años 30. El “lerrouxismo” se
convertirá en toda una filosofía política que también ayudará a tensar aún más
la situación en Cataluña.
La “cuestión
catalana”
Desde
que una epidemia de peste azotó a la ciudad de Sevilla, a mediados del siglo
XVII, matando a más del 40% de su población, Barcelona era la ciudad más
poblada de España y uno de sus más importantes motores económicos y lo siguió
siendo hasta comienzos del XIX. La Barcelona del siglo XIX era el foco
industrial más dinámico y potente de nuestro país, el principal polo de
desarrollo económico, una de las urbes más poblada, cosmopolita y desarrollada
de la Europa de su tiempo. Este hecho no podía dejar de tener, obviamente,
consecuencias políticas.
Por
encima de los discursos justificadores de tales o cuales posiciones ideológicas
están las realidades objetivas. Son esas realidades las que hacen avanzar la
historia, más allá de la percepción subjetiva que puedan tener de la misma sus
protagonistas.
Y
la realidad objetiva de la España de finales del XIX era que Barcelona tenía un
dinamismo económico formidable y que, sin embargo, estaba situada
geográficamente muy lejos del centro de decisiones político del país, lo que no
paró de generar una serie de tensiones que un estado tan centralista como el
borbónico no podía digerir con facilidad.
En
la Barcelona decimonónica estaba la vanguardia política de la España de su
tiempo. Era la ciudad donde las fuerzas progresistas, en general, y
democráticas y republicanas, en particular, tenían un mayor peso social.
Catalán era el general Prim, que
promovió la monarquía democrática de Amadeo
de Saboya, y también dos de los cuatro presidentes que tuvo la
Primera República, Figueras y Pi y Margall. Los catalanes fueron muy
activos políticamente, a nivel estatal, hasta 1874, durante el período que la
historiografía denomina como el de la “Burguesía
Revolucionaria”. Pero la involución que representó el régimen canovista los
hará replantearse su posición estructural dentro del mismo.
A
los liberales de finales de siglo, tanto del ala constitucionalista de Sagasta
como de los radicales de Ruíz Zorrilla, dos hombres que habían formado parte
del equipo de Prim, les preocupó bastante el relativo retraimiento político
catalán en el ámbito estatal. Eran mucho más conscientes que sus rivales, los
conservadores, de la trascendencia histórica que ese cambio de actitud podía
tener. La batalla que dieron los liberales por el sufragio universal tenía
mucho que ver con esa preocupación.
En
el Partido Democrático de la época isabelina se fueron decantando, como ya
vimos, dos grandes bloques, que se separaron durante el proceso de “La
Gloriosa”, los republicanos unitarios, de Castelar,
y los federalistas, de Pi y Margall.
Era
lógico que las ideas federalistas y descentralizadoras, que se extendieron por
toda España, tuvieran en Cataluña su más poderoso bastión, debido a la
creciente tensión política, de carácter evidentemente estructural, que no dejó
de desarrollarse entre las dos urbes más populosas de nuestro país. El
centralismo borbónico era un corsé para el desarrollo de los territorios más
dinámicos económicamente de la periferia peninsular.
Pero
las propuestas federalistas no sólo tuvieron eco en Cataluña, sino que
prendieron por todo el arco mediterráneo, llegando hasta Cádiz. Y fue en la
periferia meridional donde se radicalizaron más, dando lugar al movimiento cantonalista,
que se alzó en armas en muchos lugares del País Valenciano, Murcia y Andalucía.
Su núcleo más poderoso estuvo en la ciudad de Cartagena. Estos hechos nos
muestran que las propuestas de descentralización política no eran algo
exclusivo de los catalanes. Cataluña, en general y Barcelona, en particular, se
puso al frente porque estaba más desarrollada, pero las otras periferias venían
también empujando por detrás.
Ya
vimos como en el gobierno de “concentración nacional” establecido por Serrano a
principios de 1874 sólo se vetó a carlistas y federalistas, dejando dentro de
ese círculo incluso a los republicanos unitarios. Los federalistas, por tanto,
quedaron muy pronto fuera de los límites exteriores de lo que el sistema estaba
dispuesto a tolerar. Podemos considerar que para el establishment español de
finales del XIX los carlistas, un
movimiento que bebe en las fuentes ideológicas del absolutismo y del foralismo
tradicionalista, vendrían a desempeñar el papel de lo que hoy llamaríamos
“extrema derecha” y los federalistas,
que estaban en la vanguardia de las fuerzas democráticas de su tiempo y que
fueron conectando además, de manera paulatina, con un embrionario movimiento
obrero, vendrían a ser la “extrema izquierda”. Pero el motivo principal por el
que se les dejaba fuera era semejante: los dos cuestionaban el centralismo
borbónico, identificándose con sectores sociales concretos de distintos puntos
de la periferia peninsular. Lo que marca las distancias entre esos dos extremos
del espectro político es que el carlismo es un movimiento fundamentalmente
rural y el federalismo es casi exclusivamente urbano.
Carlistas
y federalistas, además de combatir el centralismo borbónico, tenían en común un
fuerte arraigo entre las fuerzas sociales y en las áreas geográficas en las que
actuaban, lo que les hará evolucionar en paralelo a lo largo del período
canovista y convertirse en los precursores de las fuerzas regionalistas y
nacionalistas de toda España. En ese proceso evolutivo las dos tradiciones se
terminarán mezclando e irán planteando una serie de desafíos al estado
borbónico-jacobino que éste no ha sido capaz, todavía, de superar.
Volviendo
a Cataluña vemos como la involución canovista provoca allí un retraimiento
político a nivel estatal, y empiezan a aparecer fuerzas políticas de ámbito
específicamente catalán, que incorporan argumentos basados en los “derechos
históricos”, importados directamente de la Alemania de su tiempo.
“El documento
conocido como las “Bases de Manresa”, redactado en 1892 con intervención de
sectores juveniles entre los que destacaba Prat de la Riba, resumía las tres
orientaciones mayores que hasta entonces intervenían en la eclosión catalana:
Un federalismo residual orientado en sentido francamente conservador; un
regionalismo juridizante, fuertemente apegado a los usos y costumbres forales
de Cataluña; un pre-nacionalismo político que demanda autonomía para una clase
que se siente con vocación directiva, no de la nación, sino del país catalán.
La gran victoria
obtenida en el terreno económico para la industria textil mediante el
proteccionismo de 1891, revisado siempre en sentido favorable a estos intereses
hasta 1906, mostraba un camino muy favorable para seguir adelante. La crisis
colonial de los años 90, que toma el cauce decisivo entre 1895-1898, con la
guerra civil en Cuba, y el enfrentamiento hispano-norteamericano, sellado con
la derrota española refrendada por el Tratado de París de 1899, afectaba
seriamente a los grupos de interés de Cataluña, que pierden un mercado disfrutado
para los productos textiles o industriales de la región prácticamente en
régimen de monopolio.”[5]
“A partir de [... 1901] Cataluña se comporta en el terreno electoral, de partidos
y de dirigentes políticos, como adelantada y desligada de los compromisos que
cimentaron la Restauración, es decir, del turno de partidos conservador y
liberal en el poder. De uno u otro modo, ganando las elecciones los
representantes de la corriente conservadora –la Lliga regionalista
organizada desde 1901-; republicana nacionalista con diversas vicisitudes y
denominaciones que convergen finalmente en la Esquerra Republicana de
Cataluña de 1931; republicana histórica –el partido radical lerrouxista,
casi siempre acusado de servir en Barcelona a la causa centralista, pero que
contó con indudables apoyos entre la clase obrera inmigrante y cuasi
mayoritaria en Barcelona; o absteniéndose de la acción política por parte de
los grupos obreros atraídos desde mucho antes por anarquistas y sindicalistas,
que marcan una trayectoria también propia y particularista con respecto al
resto de la aún modesta en proporciones clase obrera industrial del país. [...]
A pesar de la división, en 1905 se inicia el ciclo llamado de la “Solidaridad
Catalana” que consigue unir a todas las tendencias particulares de Cataluña,
desde los carlistas a los republicanos (sin Lerroux), desde los federales a los
conservadores de la Lliga (excluidos los monárquicos centralistas). Solidaridad
Catalana obtiene un resonante triunfo electoral en las elecciones de 1907, copando
la inmensa mayoría de los escaños correspondientes a Cataluña (41 de un total
de 44)[6]
Así
pues resulta que de los 44 diputados catalanes en el Congreso elegidos en 1907,
41 pertenecen a una formación política llamada Solidaritat Catalana... El estado borbónico-jacobino tenía un serio
problema. Y uno de los tres restantes diputados era nada menos que Alejandro
Lerroux, el líder del Partido Radical Republicano, el heredero político de Ruíz
de Zorrilla. Resulta que los pocos centralistas jacobinos que quedaban... ¡eran
republicanos! Los partidos dinásticos en Cataluña se habían convertido,
prácticamente, en fuerzas extraparlamentarias.
Ese
puñetazo en la mesa de los catalanes fue una respuesta inmediata a la Ley de jurisdicciones de 1906, que
afectaba directamente a la libertad de expresión en toda España y que venía a
criminalizar la libertad de expresión y la acción de las fuerzas democráticas,
republicanas, regionalistas, socialistas… El proceso de polarización política
que nos conduciría hacia la Guerra Civil Española se había puesto en marcha.
Los magnicidios
en España
Antes
de seguir, quisiera hacer un inciso sobre los magnicidios en España. En
concreto, sobre el asesinato de presidentes de gobierno en el ejercicio de su
cargo. Un tema espinoso, incómodo, sobre el que la historiografía ha pasado de
puntillas... ¡porque tenemos el record mundial!
Si
yo preguntara ¿Cuántos presidentes han sido asesinados en Estados Unidos? todo
el mundo recordaría, al menos, dos: Abraham Lincoln y John Fitzgerald
Kennedy. Hemos visto documentales y películas recreando ambos acontecimientos,
que dejaron una honda huella en la opinión pública norteamericana. Y en torno a
ellos se han desarrollado multitud de teorías conspirativas, porque el tema,
evidentemente, se presta a ello. En realidad son cuatro:
· Abraham Lincoln (1865)
· James A. Garfield (1881)
· William McKinley (1901)
· John F. Kennedy (1963)
¿Y
si hiciera la misma pregunta referida a España? ¿Cuántos la sabrían?... La
respuesta es... ¡cinco! Efectivamente, cinco presidentes de gobierno han
sido asesinados en España mientras ejercían como tales:
·
Juan
Prim y Prats (1870)
·
Antonio
Cánovas del Castillo (1897)
·
José
Canalejas (1912)
·
Eduardo
Dato (1921)
·
Luis
Carrero Blanco (1973)
Además,
Antonio Maura fue herido por apuñalamiento en 1904, en una visita que hizo a
Barcelona. Y éstos no fueron los únicos personajes relevantes políticamente que sufrieron atentados, los cuatro
monarcas que reinaron en España entre 1843 y 1923 sobrevivieron, al menos, a
cinco de ellos que están perfectamente documentados:
·
Isabel
II (1852)
·
Amadeo
de Saboya (1872)
·
Alfonso
XII (1878 y 1879)
·
Alfonso
XIII (1906)
El
atentado contra Alfonso XIII, que tuvo lugar el día de su boda,
¡causó 25 muertos! (15 de ellos militares) y más de cien heridos[7].
Como vemos, ser rey o presidente de gobierno en la España del siglo XIX o el
primer cuarto del siglo XX no era muy recomendable para la salud.
Estos
datos, junto con otros que veremos más adelante, ponen de manifiesto las
formidables tensiones sociales y políticas que latían en la España de finales
del XIX y de principios del XX, que no dejarán de agudizarse hasta el estallido
de la Guerra Civil.
1909: Un año fatídico
Los
acontecimientos que tuvieron lugar en España en 1898 han dado lugar a multitud
de estudios. Generaron un debate mediático formidable, y dejaron una huella
profunda en nuestra literatura, dando nombre como ya hemos visto a una de
nuestras más brillantes generaciones intelectuales. Tuvieron una extraordinaria
repercusión en la España oficial, porque la liquidación de los últimos restos
del Imperio Español es algo que tiene mucho que ver con cómo nos vemos a
nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Afecta a eso de lo que tanto le gusta
hablar a la derecha política: “La Marca
España”.
Pero,
desde el punto de vista social, 1909 fue un año mucho más trascendental, y
tendrá muchas más consecuencias reales en la Historia de España. 1909 nos acercó
mucho más a la espiral de acciones y reacciones que nos condujeron hacia la Guerra Civil. Los debates sobre el 98 fueron
meros fuegos de artificio y se usaron como arma arrojadiza retórica contra los
adversarios políticos. Pertenecen a la esfera de las representaciones
colectivas, de las escenificaciones de políticos e intelectuales que tienen el
sustento garantizado y pueden permitirse el lujo de dedicar su tiempo a hacer
sesudos análisis sobre asuntos como la “Regeneración” de nuestro país,
entendida como la recuperación de la reputación perdida por culpa del
desarrollo de los procesos históricos.
Pero
1909 nos puso ante el espejo nuestra dura realidad. No la de los intelectuales
y de los políticos, sino la de las clases trabajadoras que se ganaban el
sustento diario con grandes dificultades y a la que cualquier suceso ocurrido fuera
de nuestras fronteras podía llevarlos a la más absoluta miseria.
En
la España de la Restauración existía el servicio militar “obligatorio”.
Entrecomillo la palabra “obligatorio” porque se podía eludir por el módico
precio de 6.000 reales. Para que podamos hacernos una idea de lo que esto
representaba diremos que un obrero bien pagado podía ganar en torno a 10 reales
diarios. Esto se traducía en que los hijos de los ricos no hacían el servicio
militar, pero los de los pobres sí. Estamos hablando de una época en la que
tuvimos varias guerras (las guerras carlistas, las cantonales, las dos guerras
de Cuba y las de Marruecos). La consecuencia obvia era que los que morían en
ellas tenían, en su gran mayoría (salvo oficiales y suboficiales que eran,
lógicamente, profesionales), una extracción social muy clara. Sólo morían los
más humildes, los que no se podían permitir la redención con dinero de esa
obligación.
Ya
vimos como uno de los puntos programáticos del Partido Democrático de la época de La Gloriosa era la abolición
de las quintas (la supresión del servicio militar obligatorio), y que el Partido Democrático fue el padre de
todas las fuerzas republicanas españolas, tanto las unitarias como las
federalistas. La abolición de las quintas era, por tanto, una de las señas de
identidad clásicas del republicanismo español anterior a la Dictadura de Primo
de Rivera, y éste es uno de los elementos que explican su extraordinaria
popularidad entre importantes sectores de la clase obrera.
La
época 1871-1914 es conocida como la de la “Paz
Armada” y también como la “Era del
Imperialismo”. Tras la guerra
franco-prusiana (1870-1871) se había desatado una verdadera carrera mundial
imperialista, que tuvo en la Conferencia
de Berlín (1884-1885) uno de sus hitos más importantes. Media docena de
países europeos se lanzan, como aves de presa, a la conquista de África. Y la
acomplejada España de 1898 no podía ser menos. Habíamos perdido nuestro imperio
americano, pero podíamos construir uno nuevo mucho más cerca, a un tiro de
piedra de casa.
Por
otro lado, Francia se estaba expandiendo por Marruecos, volviéndonos a poner
ante hechos consumados. Como un siglo antes, nos estaba volviendo a cercar. Si
la conquista de Portugal, que fue el pretexto que usó Napoleón Bonaparte,
significaba rodearnos por el norte, por el este y por el oeste, lo que se
convertiría en el preludio de la invasión; a principios del siglo XX la
práctica anexión de Marruecos nos volvía a situar en una tesitura comparable.
Ahora los teníamos por el norte, por el sureste (Argelia) y por el sur
(Marruecos). Una nueva operación envolvente que nos dejaba sin oxígeno.
En
ese contexto tendrá lugar La Conferencia
Internacional de Algeciras (1906) en la que se terminaron de concretar las
áreas de influencia respectivas de España y de Francia en el territorio
marroquí, quedando el norte (la zona del Rif) dentro del área española.
Pero
una cosa es que un puñado de diplomáticos europeos se pongan de acuerdo en una
mesa de negociaciones y otra, muy diferente, que los nativos de los territorios
repartidos asuman por las buenas la nueva situación. Imponer la autoridad
española en el territorio rifeño nos haría pagar un elevado tributo de sangre… de
sangre de soldados de reemplazo llevados allí contra su voluntad, de sangre
trabajadora…
“El Rif, región
de lengua y cultura bereber, pertenecía a la parte de Marruecos conocida como
Bled es-Siba o País del Desgobierno, donde la autoridad política del sultán no
había sido nunca efectiva. Los rifeños, por tanto, no se consideraban
implicados por los acuerdos que pudiera haber alcanzado el Majzen (poder central)
con las potencias europeas.”[8]
Pronto
se descubrirá que el territorio de la cabila de Beni Bu Ifrur, muy cercano a Melilla, albergaba riquezas mineras.
Rápidamente diversos empresarios, tanto españoles como franceses, negocian con
el que se supone que es la máxima autoridad de la zona, Bu Hamara, concesiones para explotar las futuras minas. En concreto
la Compañía del Norte Africano, de
nacionalidad española pero capital francés, se haría cargo de las minas de
plomo y la Compañía Española de Minas del
Rif, propiedad de la familia del Conde
de Romanones y de la Casa Güell,
las de hierro. Los acuerdos incluían el permiso para construir un tren que
transportara el mineral hasta Melilla.
“Las concesiones
hechas a los extranjeros para que explotaran las riquezas de la región fueron
rechazadas por las cabilas y en octubre de 1908 iniciaron un alzamiento contra
Bu Hamara, que estuvo acompañado con el hostigamiento contra los españoles que
trabajaban en las minas. La revuelta triunfó finalmente y el 4 de diciembre Bu
Hamara fue expulsado del poder. El trabajo en las minas y la construcción del
tren minero quedaron entonces paralizados, por lo que las dos compañías
concesionarias presionaron al gobierno español, presidido por el conservador
Antonio Maura, para que desplegara las tropas de la guarnición de Melilla y
pudiera reanudarse así la actividad. El gobierno español al principio esperó a
que el sultán Muley Hafid, que había destronado a su medio hermano Abd el-Azid,
impusiera su autoridad sobre el Rif y reconociera las concesiones mineras
hechas por Bu Hamara, pero finalmente cedió a la presión ante la amenaza de la
Compañía del Norte Africano de pedir la protección de las tropas francesas
estacionadas en la vecina Argelia, lo que hubiera puesto en peligro las aspiraciones
españolas a controlar su “zona de influencia” en el norte de Marruecos. Así el
7 de junio de 1909 se reanudaba la construcción del ferrocarril a pesar de no
haber obtenido aún el consentimiento del sultán (con el que el gobierno español
siguió negociando) y de no contar con el apoyo de la mayoría de las cabilas del
Rif oriental, que amenazaron con responder. En los días siguientes se
produjeron pequeños incidentes, durante los cuales soldados españoles apresaron
a algunos insurgentes cabileños[9].
El 9 de julio de
1909, un capataz y trece trabajadores españoles fueron tiroteados cuando
iniciaban la jornada laboral en la construcción del puente sobre el barranco de
Sidi Musa, a unos 4.300 m de los límites de Melilla, en la línea del ferrocarril
minero de esta ciudad a Beni Bu Ifrur, resultando muertos cuatro de ellos. Los
demás lograron escapar y regresar a Melilla utilizando una locomotora de la
Compañía del Norte Africano.”[10]
Este
será el comienzo de la Guerra de Melilla
(de julio a diciembre de 1909), que será la primera de las guerras del Rif. La
lucha armada no dejará desde entonces, con intermitencias, de incrementar su intensidad
hasta el Desembarco de Alhucemas (1925)
en plena dictadura de Primo de Rivera. Durante el periodo 1909-1925 el número
de soldados de las fuerzas de ocupación españolas en la zona del Rif no dejará
de incrementarse, y en ese proceso aparecerán nuevas fuerzas militares, como
los regulares (fuerzas indígenas
mandadas por oficiales españoles) y la Legión
Española, creada siguiendo el modelo de la Legión extranjera francesa. En esas guerras surgirá una nueva
generación de oficiales que ascenderán con rapidez dentro del escalafón por
méritos de guerra y que se conoce como los “africanistas”
(Millán-Astray, Franco…). Los conflictos del Rif fueron una escuela de guerra
en la que los africanistas aprendieron las estrategias y las tácticas de
combate y de represión que después emplearán en la península durante la guerra
civil
La Semana Trágica
de Barcelona
Ya
hemos visto que el 9 de julio de 1909 los obreros españoles que construían la
línea férrea que uniría Melilla con las minas de Beni Bu Ifrur fueron atacados por las cabilas de la zona, muriendo
cuatro de ellos. Al día siguiente el gobierno de Antonio Maura decreta la
movilización general, llamando a los reservistas de los cupos de 1903 a 1907.
Llamar
a los reservistas significaba volver a reclutar a jóvenes que ya habían hecho
su servicio militar, habían vuelto a la vida civil y reorganizado su vida. La
mayor parte de los varones jóvenes en esa época procuraba retrasar el momento
de contraer matrimonio hasta después del servicio militar. Entonces la inmensa
mayoría de las mujeres casadas eran “amas de casa”. El esposo era la persona destinada
a aportar los ingresos económicos a la unidad familiar. Las parejas solían
casarse bastante jóvenes y solían tener varios hijos. Por término medio el marido
solía ser dos o tres años mayor que su esposa. Por tanto, lo que se esperaba de
un varón responsable era que esperara a casarse hasta el momento en que tuviera
un futuro laboral despejado, lo que no podría tener lugar hasta que volviera
del servicio militar. Estamos hablando, claro, de una familia trabajadora
típica.
Llamar
a filas a los reservistas que llevaban menos de cuatro años licenciados
significaba llamar a adultos jóvenes que, en su inmensa mayoría, estaban recién
casados, algunos de los cuales acababan de tener su primer hijo o, incluso, un
segundo. Y se les convocaba, además, para mandarlos al frente, a una guerra que
acababa de estallar.
Inmediatamente
se decreta el envío a Melilla de las brigadas mixtas de Cataluña, de Madrid y
del Campo de Gibraltar. El primer embarque de tropas tendrá lugar en Barcelona…
¡¡el día 11 de julio!! Imagínese el estado
de shock que eso pudo significar para los afectados, que fueron enviados al
frente de guerra de un día para otro antes, incluso, de saber que ésta había
estallado y, por supuesto, para sus familias.
El
segundo embarque tendría lugar una semana después, el día 18, serán los
soldados del batallón de cazadores de
Reus.
“Algunos
soldados arrojaron al mar los escapularios y medallas que varias aristócratas
barcelonesas les habían entregado antes de subir al vapor militar Cataluña,
mientras hombres y mujeres gritaban desde los muelles:
¡Abajo la
guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!
La policía tuvo
que hacer varios disparos al aire y detuvo a varias personas. Las protestas
aumentaron en los días siguientes cuando llegaron noticias de que se habían
producido gran número de bajas entre los soldados españoles enviados a
Marruecos[11].
El jueves 22 de julio los diputados de Solidaridad Catalana se hacían eco del
"sentimiento popular" y exigían al gobierno la "reunión
inmediata de las Cortes" para debatir la cuestión de la guerra y las
"condiciones en que se practica el reclutamiento de las tropas
expedicionarias"[12]. El
gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, prohibió la reunión de
Solidaritat Obrera que iba a celebrar el sábado 24 de julio para confirmar la
propuesta de ir a una huelga general, por lo que fue un Comité de Huelga
clandestino, integrado por Antoni Fabra i Ribas (socialista), José Rodríguez
Romero (sindicalista) y Miguel V. Moreno (anarquista), el que fijó un paro de
24 horas para el lunes 26 de julio[13], el
cual degenerará en la Semana Trágica.”[14]
El
lunes, 26 de julio comenzó la huelga en los barrios periféricos. Los
huelguistas se desplazaron al centro de Barcelona, donde pararon los tranvías y
obligaron a cerrar los comercios. Y el Capitán General de Cataluña, Luis de Santiago, tras hablar
telefónicamente con el ministro de gobernación, decretado el “estado de guerra” (por segunda vez en
cuatro años). Dos comisarías fueron asaltadas, se cortó el gas y la
electricidad, y Barcelona quedó incomunicada del exterior por ferrocarril, por
teléfono, y por telégrafo. Una manifestación de mujeres fue disuelta a tiros. A
partir de entonces la revuelta se convierte en una verdadera insurrección que,
además, se extendió con rapidez a otras localidades catalanas. El martes 27 se
empezaron a levantar barricadas, se asaltaron armerías y se empezaron a quemar
edificios religiosos.
El “Barranco del
Lobo” y sus consecuencias
Ese
mismo 27 de julio las fuerzas españolas caen en una emboscada que los rifeños le
tendieron en el “Barranco del Lobo”,
en la que murieron 153 hombres y 599 resultaron heridos. Será el mayor revés
que los expedicionarios sufran en esa guerra. La mayor parte de las bajas eran
de los catalanes que salieron de Barcelona el 11 de julio.
La
noticia termina incendiando, literalmente, las calles de
Barcelona. El 28 de julio amanece entre columnas de humo procedentes de
edificios religiosos asaltados e incendiados. A partir del 29 unos 10.000
soldados irán abriéndose paso a tiros por las calles de Barcelona, avanzando
desde el puerto y la zona de las Ramblas. Los últimos focos de resistencia
serán los barrios de San Andrés y de Horta. El 1 de agosto Barcelona había
vuelto a la normalidad. Pero la lucha siguió en otras localidades catalanas
hasta el 5 de agosto.
El
balance final de los disturbios fue de 78 muertos (75 civiles y 3 militares),
unos 500 heridos, 112 edificios incendiados (80 de ellos religiosos), varios
miles de detenidos, 2.000 procesados, 175 penas de destierro, 59 cadenas
perpetuas y 5 condenas a muerte. Además, se clausuraron los sindicatos y se
ordenó el cierre de las escuelas laicas.
El caso Ferrer Guardia
Uno
de los cinco condenados a muerte fue Francisco
Ferrer Guardia, pedagogo anarquista, cofundador de la Escuela Moderna, al que se consideró el máximo responsable de los
sucesos de la Semana Trágica. Ferrer fue ejecutado el día 13 de octubre.
“Según Javier
Tusell y Genoveva García Queipo de Llano las pruebas presentadas contra Ferrer
"eran escasas y deficientes, en especial para considerarlo jefe de los
anarquistas españoles"[15].
Según estos
mismos historiadores, "durante meses la prensa mundial tuvo un motivo
permanente de atención en las cosas de España, casi siempre para transmitir de
ella una imagen de un país atrasado y bárbaro dominado por la Inquisición
religiosa y por una Monarquía retrógrada. En París hubo banderas españolas con
crespones negros o quemas de símbolos nacionales. En Suiza los manifestantes
gritaban contra España y los curas. En Roma los protestatarios llegaron a entrevistarse
con el presidente del Gobierno. También en Lisboa se produjeron actos parecidos
y en Buenos Aires se lanzaron bombas contra el consulado español. Hubo mítines
en Salónica, y en Génova los trabajadores de los muelles se negaron a descargar
buques españoles. En Petrópolis, una ciudad de Brasil, se quemó una efigie del
rey. En Gran Bretaña, las protestas por el asesinato de Ferrer fueron
frecuentes… En todo el viejo continente los diplomáticos españoles no cesaron
de enviar en sus comunicaciones juicios como los de que la protesta había
alcanzado inconcebibles e inexplicables proporciones[16].”[17]
La Acción Sindical
La
lucha obrera en España no había dejado de incrementarse de manera paulatina
desde la época de La Gloriosa. La Primera Internacional creó una sección
española que fue muy activa durante el periodo 1868-1874. En 1879 se funda el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
adscrito a la Segunda Internacional y
sus miembros fundaron a su vez el sindicato Unión
General de Trabajadores (UGT) en 1888. El sindicato socialista no dejó de
crecer desde entonces, aunque su presencia en muchas zonas del país seguía
siendo puramente testimonial.
La
reagrupación de las fuerzas políticas catalanas que se integraron en el
movimiento llamado “Solidaridad Catalana” tuvieron pronto su reflejo en el
ámbito sindical. Los diversos sindicatos de carácter local que existían por
toda Cataluña se fusionaron para constituir Solidaridad
Obrera, en 1907, que se convirtió inmediatamente en el sindicato catalán
por antonomasia.
Será
Solidaridad Obrera quien convoque la Huelga
General del 26 de julio de 1909, que dio origen a la Semana Trágica de Barcelona.
Ya
hemos visto como una de las consecuencias de la represión que siguió a la misma
fue la clausura de los sindicatos. Solidaridad
Obrera pasó, durante unos meses a la clandestinidad. En cuanto volvieron
a la actividad legal convocaron su segundo congreso, que tuvo lugar en
Barcelona desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre de 1910. En él
acordaron reconvertirse en un sindicato de ámbito estatal y pasar a llamarse Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
De esta manera el segundo congreso del sindicato catalán Solidaridad Obrera se
convirtió en el congreso fundacional de la CNT, la más poderosa organización
sindical española desde entonces hasta el final de la guerra civil española, en
1939.
En
1914 estalló la Primera Guerra Mundial
y en 1917 tuvo lugar la Revolución Rusa.
Ambos acontecimientos tuvieron una importante repercusión en las luchas obreras
en España:
“El que en la I
Guerra Mundial la economía de una España neutral creciera, fortaleció a la
clase obrera y a la CNT. En 1917-18 se dio un incremento de la actividad
huelguística. El gobierno prohibió la "Soli" (Solidaridad Obrera,
órgano oficial de la confederación), cerró centros obreros y detuvo dirigentes.
En 1919 se produjo la huelga de la empresa eléctrica "La Canadiense",
que se extendió y produjo una huelga general en la industria y el campo
catalanes. Victoria parcial de la CNT, tras una dura lucha. Y es que la
movilización fue importante: el 24 de marzo de 1919 la CNT volvió a convocar
una huelga general para liberar a los presos de la huelga anterior. Hubo tres
semanas de lucha social en Barcelona y otras ciudades.
El gobierno
reaccionó con pánico y el 3 de abril el parlamento aprobó la jornada de 8
horas. El gobierno ordenó formar las comisiones mixtas de negociación. Eran
triunfos arrancados por la clase trabajadora con su lucha. Pero la detención de
sindicalistas llevó a la dirección de la CNT a anarquistas puros, que
respondieron al terrorismo "blanco" con acciones de terrorismo
individual. Esto fue criticado por muchos sectores de la misma organización.
Antiguos policías de la "Brigada político-social" se encargaron de
dirigir las bandas de pistoleros de la patronal contra los confederales y las
organizaciones obreras en general.
A finales de
1919, el gobierno intentó pactar con el sector sindicalista de la CNT, pero la
Federación de Patronos planteó el "lock-out" y se recrudeció la
lucha. La patronal formó a obreros desclasados en el Sindicato Libre
(ultracatólico y favorable a los patronos) contra los sindicatos únicos de la
CNT. La lucha pistolera entre ambos grupos produjo una nueva escalada
terrorista. La extensión del terrorismo en 1920, junto con los
"lock-out" y la huelga general convocada para el 24 de enero,
produjeron una tensión extrema.
El terrorismo y
la lucha social se extendieron a toda España. También en 1920, el gobierno pasó
de la línea reformista a la línea dura, dejando de negociar y reprimiendo a la
CNT, con la policía y el ejército. Se aplicaba la criminal "ley de
fugas", que permitía el asesinato de los detenidos alegando intento de
huida. "[18].
Esta
era la situación del movimiento obrero cuando se produjo el golpe de estado de Primo
de Rivera.
La
Mancomunidad de Cataluña
“La Mancomunidad
de Cataluña fue una institución promovida por el dirigente de la catalanista
Liga Regionalista Enric Prat de la Riba y creada por un Real Decreto del
gobierno español de marzo de 1914. «Era la primera grieta, fuera del ámbito
vasco-navarro, en el rígido esquema territorial que, salvo el breve paréntesis
de 1873-1874, había caracterizado al Estado desde la Constitución de 1812». Por
esta razón provocó un rechazo no solo entre la derecha española, sino también
entre los socialistas que la consideraron un instrumento al servicio de la
«burguesía catalana»[19]. Fue
disuelta en 1925 por la Dictadura de Primo de Rivera ante el temor de que
pudiera convertirse en el embrión de «un pequeño Estado», «capaz de dañar a
España»[20].”[21]
Uno
de los puntos programáticos más importantes de Solidaritat Catalana, ¡que
arrasó en las elecciones generales de 1907 en Cataluña! era la
creación de la Mancomunidad de Cataluña, que buscaba “aglutinar las
cuatro diputaciones catalanas en un único ente regional”[22].
El
anteproyecto fue propuesto conjuntamente por las cuatro diputaciones a finales
de 1911 y entregado al Presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, del Partido Liberal, que
había reemplazado a Segismundo Moret en el liderazgo de su formación política.
Canalejas,
al principio, era tan jacobino como el resto de miembros de su partido. Pero
los acontecimientos que habían tenido lugar en España desde 1905 le habían
hecho reflexionar bastante, y la arrolladora victoria de Solidaritat Catalana en las Generales de 1907 no dejaba lugar a
dudas acerca de las posiciones políticas de los habitantes de Cataluña. El
estallido social de 1909 (la Semana Trágica) y la posición de defensa del statu
quo que adoptaron los miembros de Solidaritat
Catalana en esa crisis le terminaron de convencer que habíamos entrado en
un nuevo tiempo político que exigía grandes dotes de audacia y la necesidad de
probar nuevas alternativas. Su evolución personal le llevó a afirmar que “un liberal centralista era un sujeto digno
de la Paleontología o la Arqueología”[23].
Así que llevó el anteproyecto al parlamento, donde lo defendió, consiguiendo
que fuera aprobado por el Congreso de los Diputados el 5 de junio de 1912. 19
diputados de su propio partido votaron en contra, encabezados por Segismundo
Moret (algo bastante previsible) y... ¡Niceto
Alcalá Zamora! (efectivamente, el futuro primer presidente de la II
República Española).
Una
vez aprobado el anteproyecto en el Congreso, continuó su trámite en el Senado.
En ese punto se encontraba cuando Canalejas fue asesinado, el 12 de noviembre
de 1912. El proceso culminó un año después, con el Partido Conservador recién
llegado al gobierno. Así pues será, finalmente, el partido más derechista del
arco parlamentario el que promulgue el Real
Decreto de Mancomunidades Provinciales, que abría la puerta a otras
potenciales mancomunidades en cualquier otro lugar de España, el 18 de
diciembre de 1913.
La
Mancomunidad de Cataluña se
constituyó el 6 de abril de 1914. Será la primera y también la única que llegó
a crearse al amparo de esa ley. Pero las expectativas que levantó en el resto
de territorios de nuestro país fueron importantes. Llegó a haber un proyecto de
Mancomunidad Valenciana, que no pudo
materializarse, y un pronunciamiento de las diputaciones castellano-leonesas en
ese sentido. También hubo diversas iniciativas políticas en esa dirección, que
no llegaron tan lejos, en otros lugares de España.
El
país estaba cambiando, pese a las formidables resistencias de la coalición de
fuerzas que estaban frenando el proceso desde el poder. Ya vimos como Canalejas
fue asesinado en noviembre de 1912 y como, pese a la llegada al poder de los
conservadores a finales de 1913, la Ley de Mancomunidades salió adelante. El
presidente, Eduardo Dato, será
finalmente el responsable último de su puesta en marcha... Y también fue asesinado..., aunque ocho años después.
Es
mucha casualidad que los dos presidentes españoles que tuvieron algo que ver
con la puesta en marcha de las mancomunidades provinciales fueran asesinados
¿verdad? Y que poco después de este segundo asesinato (el de 1921) se produjera
el golpe de estado de Primo de Rivera (1923), y la supresión de la Mancomunidad
de Cataluña (1925).
“El
Estatuto provincial, aprobado por Real Decreto de 20 de marzo de 1925, hace
tabla rasa del régimen mancomunal de 1913”[24]
En
paralelo a todo esto se va produciendo un proceso de militarización de la
estructura del estado, que cuenta con el respaldo de la corona.
Las Juntas de Defensa
“Las Juntas de
Defensa fueron unas organizaciones, corporativas militares, de carácter
pretoriano, legalizadas en España en junio de 1917 durante el reinado de
Alfonso XIII. Amparadas por el Rey ejercieron como grupo de presión militar
sobre el poder civil, interviniendo activamente en la vida política y
contribuyendo así a la crisis del régimen de la Restauración. Reconvertidas en
comisiones informativas por el ministro de la guerra general José Villalba
Riquelme 1919-1920, fueron abolidas en noviembre de 1922, diez meses antes del
golpe de Estado de Primo de Rivera que puso fin al periodo constitucional del
reinado de Alfonso XIII.
Nacidas en 1916
agrupaban a los jefes y oficiales con destino en la península que reclamaban el
aumento de sus salarios (su poder adquisitivo había disminuido a causa de la
inflación provocada por la Gran Guerra) y que también protestaban por los
rápidos ascensos por "méritos de guerra" que obtenían sus compañeros
destinados en Marruecos, que les permitían aumentar sus ingresos y progresar en
el escalafón.”[25]
La involución
del Régimen Canovista
Los
hechos del ¡Cu-Cut!, la declaración del Estado de Excepción en Barcelona como
consecuencia de ellos, el debate político que acompañó a la implantación de la
Ley de Jurisdicciones, que polarizó a buena parte del espectro político y de la
opinión pública, así como los resultados electorales de las Generales de 1907,
con la profunda transformación del panorama político que representó en
Cataluña, y la ruptura interna que significó dentro del Partido Liberal, así
como la Guerra de Melilla, los sucesos del Barranco del Lobo, el estallido
social catalán de 1909 y la aprobación de la Ley de Mancomunidades Provinciales
marcan, indudablemente, el comienzo de un proceso involutivo del Régimen que,
cuando lo analizamos desde la distancia temporal en que lo hacemos nosotros, vemos
que terminó teniendo trágicas consecuencias.
El
centralismo radial borbónico del siglo XVIII fue puesto a prueba durante el
período 1808-1837 y descubrió por el camino que sólo podía salvarse llegando a
algún tipo de compromiso con las fuerzas jacobinas. Ambas tradiciones, la del
Antiguo Régimen aristocrático, despótico e ilustrado y la derivada de la
Revolución de 1789, beben de fuentes francesas. Pertenecen a momentos diferentes
del mismo proceso histórico. Ambas tienen el mismo origen geográfico y
comparten buena parte de su sustrato cultural.
Pero
dijimos hace tiempo que España no es Francia. España es un país muy diverso
desde cualquier punto de vista que lo analicemos, empezando por la geología,
siguiendo con la orografía, la climatología, la geografía humana y todas las
consecuencias culturales e históricas que se derivan de estos factores.
El
refuerzo jacobino del centralismo borbónico no podía dejar de agudizar las
tensiones territoriales que el modelo francés provocaba en la realidad
española. Eso es lo que ocurre cuando se pretende trasladar de forma
mecanicista un modelo cultural sobre escenarios ajenos al de su lugar de
origen.
El
sistema radial genera unas tensiones
brutales entre centro y periferia. No es posible, a largo plazo, mantener la unidad
política de nuestro país conservándolo. Y esto es así por la sencilla razón de
que aísla a las distintas periferias entre sí y, por tanto, rompe las
solidaridades entre territorios que son vecinos, poniéndolos a competir entre
ellos.
Los
jacobinos pretendían romper las solidaridades de los viejos reinos de la época de los
Habsburgo a través de la creación y consolidación de las provincias. Pero al final desencadenaron la respuesta de los diversos territorios a través de las fuerzas políticas nacionalistas y regionalistas. El
sistema radial sigue aún vigente con bastante fuerza, a pesar de algunas
iniciativas que han ido teniendo lugar desde la reaparición de las comunidades
autónomas, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978 (Vía de la
Plata, Corredor Mediterráneo, A92 andaluza, Nacional 620 y su complemento, la Autovía
de Castilla, etc.).
Volviendo
al régimen canovista. Hemos visto como las nefastas interferencias de un rey
prepotente e inexperto creó una dinámica que conducía hacia la disolución del
sistema parlamentario y el enfrentamiento armado. Entre 1905 y 1923 se van
vaciando de contenido las instituciones representativas y se van legitimando de
manera paulatina las injerencias de los militares en las tareas de gobierno.
Se
cierra el ciclo
El crecimiento exponencial del movimiento obrero en
España a partir de 1910, La evolución de la Guerra
del Rif (1911-1927), la fundación por Abd
el-Krim de la República del Rif en
1921, el Desastre de Annual (1921),
con 11.500 muertos, el desarrollo de organizaciones militares de tipo
corporativo, como las juntas de defensa,
etc., van polarizando la sociedad española y tensionándola hasta un punto que
el sistema de la Restauración era ya incapaz de manejar. El golpe de estado de
los militares se presentía, y no tardará en llegar.
En 1922 Benito
Mussolini organizó la Marcha sobre
Roma y el rey de Italia, Víctor
Manuel III, lo nombró Primer Ministro. Fue un golpe de estado legal,
siguiendo mecanismos constitucionales, porque el rey podía llamar al gobierno a
quién le apeteciera, independientemente de si era o no parlamentario o del respaldo
que tuviera en la cámara. Este hecho marca el comienzo de una nueva época en
Europa, la época de los fascismos. El fascismo se “puso de moda” (el primer
fascismo, el de Mussolini) y, en España, las fuerzas más derechistas del arco
parlamentario rápidamente tomaron nota, estaban contra la espada y la pared y decididas a recurrir a las medidas
más extremas para intentar recuperar el control de una situación que se les iba
de las manos.
Así que, jugando con las prerrogativas que la Constitución
de 1876 daba al monarca, con los nuevos vientos que soplaban desde Italia y con
la voluntad de intervención en las instituciones que tanto el rey como los
militares venían mostrando desde 1902:
[En] “la medianoche del 12 al 13 de septiembre [de
1923] Miguel Primo de Rivera [Capitán
General de Cataluña] proclamó en
Barcelona el estado de guerra y sacó a los militares a la calle, que fueron
ocupando los edificios clave de la ciudad. Lo mismo sucedió en el resto de las
capitales catalanas. En la región catalana contó no solo con el apoyo de los
militares, sino también del somatén[26],[27] de
los industriales y de los sectores conservadores en general. Fuera de Cataluña
ocurrió lo mismo en Zaragoza y en Huesca, donde también fueron tomados por los
militares los lugares estratégicos gracias a que Sanjurjo había logrado
convencer al capitán general de Aragón, general Palanca, de que se «abstuviera»
de intervenir[28].
En las primeras horas el pronunciamiento no encontró ninguna oposición.
[…] El gobierno se mostró dividido. Solo dos
ministros manifestaron su oposición frontal al golpe —Portela Valladares y el
almirante Aznar— mientras que el resto mantuvo una actitud titubeante. El
almirante Aznar, de hecho, se negó a que la Armada bombardease Barcelona[29]. El
día 14 el rey regresó a Madrid desde San Sebastián y, en la reunión que mantuvo
con el jefe de gobierno, García Prieto, no respaldó a este cuando propuso
convocar a las Cortes y destituir a los mandos militares rebeldes[30].
Acto
seguido, García Prieto dimitió. Tras realizar diversas gestiones, Alfonso XIII
acabó llamando a Primo de Rivera a Madrid. A la una y cuarto de la tarde el rey
otorgó el poder a Primo de Rivera y, a continuación, el capitán general Muñoz
Cobos declaró el estado de guerra en Madrid[31]. De
acuerdo con Ucelay-Da Cal y Susanna Tavera, el golpe de Primo de Rivera habría
finiquitado uno de los logros del canovismo: la desacreditación del «recurso
interclasista a la insurrección» como herramienta política[32].”[33]
Esta fue la crónica de una muerte anunciada. Y un
salto cualitativo en el proceso de liquidación de la legalidad institucional.
Aunque era un típico golpe de estado militar respetó, sin embargo, la legalidad
vigente de la Constitución de 1876. El que nombró Presidente a Primo de Rivera
fue el rey, que validó de esta manera la acción unilateral de los militares. La
declaración del estado de guerra en Cataluña era una prerrogativa legal que
tenía el Capitán General en aquella constitución. Y en Cataluña se había usado
y abusado de ella, ya lo vimos en los sucesos del ¡Cu-Cut! y en la Semana Trágica. Por otro lado sigue
el proceso formal de los viejos pronunciamientos militares del siglo xix español, aunque el sentido político
de éste era completamente diferente. Los que se pronunciaban en el siglo xix intentaban forzar la llegada al
poder de su partido, pero no acabar con el sistema parlamentario, como Primo de
Rivera.
Igualmente, la peculiar manera de funcionar del
liberalismo decimonónico español puso en manos del monarca la iniciativa
política para forzar cambios de gobierno y llevar al ejecutivo a los líderes de
las fuerzas opositoras, aunque estuvieran en minoría en el parlamento. Las
posteriores convocatorias electorales ¡siempre!
validaron esta decisión, lo que hizo creer a Alfonso xiii que podía manipular la realidad social con la misma
facilidad con la que manipulaba la realidad política. Pero esta vez no puso al
frente del ejecutivo a ningún miembro de los partidos del encasillado de la
restauración, sino a alguien que venía a acabar con las instituciones
representativas desde una visión autoritaria de las relaciones sociales, en una
época en la que las fuerzas democráticas y el movimiento obrero se hallaban en
plena ofensiva. El desenlace final de este proceso no era muy difícil de
adivinar.
Y la evolución de los acontecimientos políticos en
la Italia fascista brindó a los golpistas, además, un modelo exterior al que
adherirse y presentar una acción claramente involutiva, de retorno al pasado,
como la “última moda” del momento político.
[1] Carta Otorgada: Documento
jurídico sujeto a la autoridad del monarca que regula el Estado y los derechos
de los ciudadanos. A diferencia de una Constitución, no emana de la soberanía
nacional, como ocurrió con el Estatuto de Bayona de 1808, promovido por
Napoleón. El Estatuto Real de 1834 está influido por la Carta Otorgada francesa
de 1814.
[5] MARTÍNEZ
CUADRADO, MIGUEL: La burguesía conservadora (1874-1931). Historia de España
Alfaguara. Tomo VI. Alianza Editorial Alfaguara. Madrid. 1974.
[9] De Madariaga, María Rosa (2011). «La
guerra de Melilla o del Barranco del Lobo, 1909». Eloy Martín Corrales, ed.
Semana Trágica. Entre las barricadas de
Barcelona y el Barranco del Lobo. Barcelona: Edicions Bellaterra. pp.
91-95.
[11] Moliner Prada, Antonio (2009). «A modo
de introducción». Antonio Moliner Prada, ed. La Semana Trágica de Cataluña. Alella (Barcelona): Nabla ediciones.
p. 11.
[12] Martín
Corrales, Eloy (2011).
«Movilizaciones en España contra la guerra de Marruecos (julio-agosto de
1909)». Eloy Martín Corrales, ed. Semana Trágica. Entre las barricadas de
Barcelona y el Barranco del Lobo. Barcelona: Edicions Bellaterra. pp. 134-135.
[13] Gabriel
Sirvent, Pere (2011).
«Anarquistas y sindicalistas ante la Semana Trágica: la constitución de la CNT,
1906-1911». Eloy Martín Corrales, ed. Semana
Trágica. Entre las barricadas de Barcelona y el Barranco del Lobo.
Barcelona: Edicions Bellaterra. p. 249.
[15] Tusell, Javier; García Queipo de Llano,
Genoveva (2002) [2001]. Alfonso XIII.
El rey polémico (2ª edición). Madrid: Taurus. pp. 185-186.
[16] Ibíd. p. 186.
[19] De la Granja,
José Luis; Beramendi, Justo; Anguera, Pere (2001). La
España de los nacionalismos y las autonomías. Madrid: Síntesis. ISBN
84-7738-918-7. p. 53.
[20] Puy, Josep
(1984). «Representants de la monarquía a Catalunya (1923-1925)». L'Avenç
(en catalán) p 48.
[22] Íbid.
[23] TUSSELL, JAVIER: “El reinado de
Alfonso XIII (1902-1931)”. En Historia de
España. Vol. IX. La Restauración. De la Regencia a Alfonso XIII. Madrid.
1997. Editorial Espasa Calpe. Pág. 280.
[24] Gifreu
i Font, Judith:
«Las mancomunidades provinciales en el marco de la reforma de la Administración
local de principios del siglo XX. El “eslabón perdido” en el proceso de
descentralización del Estado». Revista catalana de dret públic, núm. 51
(diciembre 2015)
[25] Suárez Cortina, Manuel (2006). La España Liberal (1868-1917). Política
y sociedad. Madrid: Síntesis.
[26] González Calleja, Eduardo; Rey Reguillo,
Fernando del (1995). La defensa
armada contra la revolución: una historia de las guardias cívicas en la España
del siglo XX. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. P.
160.
[27] Núñez Rivero, José María Cayetano; Martínez
Segarra, Rosa María (1982). «Participación de las "élites"
económicas en los primeros intentos de institucionalización del régimen de
Primo de Rivera: Somatén y Unión Patriótica». Revista de Derecho Político (Madrid: Universidad Nacional de
Educación a Distancia) (15): 151-166,
p. 155.
[28] Ben-Ami, Shlomo (2012) [1983]. El cirujano de hierro. La dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930) [Fascism from above: Dictathorship of Primo de Rivera
in Spain]. Barcelona: RBA107-132.
[29] Ben-Ami, 2012, p. 66.
[30] Ben-Ami, 2012, p. 69.
[31] González Calleja, 2005, La España de Primo de Rivera. La
modernización autoritaria 1923-1930. Madrid: Alianza Editorial. p. 46.
[32] Ucelay-Da Cal y Tavera García, 1994,
«Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política
española, 1924-1934». Ayer (13):
115-146. pp. 117-118.
