“España
es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y de Justicia.”
Artículo 1,
primer párrafo, de la Constitución de la II República Española (1931).
La Alianza Republicano-Socialista
La
Alianza Republicano-Socialista había
sido capaz de liderar, a lo largo de 1930 y los primeros meses de 1931, la
rebelión ciudadana contra la Dictadura de
Primo de Rivera. El modelo que tenían en la cabeza la mayor parte de los
que se reunieron en San Sebastián era el de la III República Francesa. Ese
modelo había sido verbalizado en sus mítines o en sus escritos por buena parte
de ellos. Recordemos que Manuel Azaña era el mayor experto que había en España
sobre “la política militar de la República
Francesa”, país que había visitado varias veces y que había estudiado a
fondo. Y Alcalá-Zamora había dejado meridianamente claro cuál era su proyecto
de república en el mitin que dio en el teatro Apolo de Valencia el día 13 de
abril de 1930. En él habló de manera explícita del modelo de la III República
Francesa: “esto es, apoyado en las clases
medias y en los intelectuales”[1].
Una república de
clases medias…
En eso estaban pensando Alcalá-Zamora, Maura, Azaña, Lerroux…
Pero
las clases medias, en la España de 1930, eran muy débiles en comparación con las
de los grandes países de la Europa Occidental de ese momento histórico. Y las
oligarquías muy fuertes y retrógradas. El ejército, que era el que tenía las
armas, muy conservador y muy intervencionista. De hecho, quien mató a la
monarquía, de facto, fue un dictador militar, cuyo proyecto había sido alentado
tanto por el monarca como por los sectores más reaccionarios y poderosos de la
oligarquía catalana, tan sólo ocho años antes de la proclamación de la República.
La Dictadura, que usurpó el poder en medio de una guerra colonial y al final de
una generación de militares intervencionistas que habían protagonizado hechos como los sucesos del ¡Cu-Cut! y
que habían creado instituciones corporativas como las juntas de defensa, era el último recurso que les quedaba ya a los
nostálgicos del absolutismo para parar el avance inexorable de la historia.
Y
lo que consiguieron fue acelerar el desarrollo de los acontecimientos, imprimir
una velocidad de vértigo a la centrifugadora que había puesto en marcha Alfonso
XIII a principios del siglo XX y que buscaba polarizar el país, acabar con la
democracia.
La
debilidad de las fuerzas republicanas de centro los empujó a establecer una
alianza con el Partido Socialista para formar un frente anti-oligárquico. No
había otra forma de poder romper la hegemonía de las fuerzas sociales y
políticas que estaban luchando para volver al pasado. Recordemos que casi todos
los ponentes que estaban elaborando la futura constitución que Primo de Rivera
había propuesto hablaban, sin el más mínimo pudor, de una carta otorgada. Ese era el proyecto político que tenían en mente. José María Pemán defendía públicamente en
los medios del Régimen que había que acabar con el sufragio universal. Se estaba refiriendo, obviamente, al sufragio
universal masculino, vigente en España desde 1890, que fue implantado por los
liberales de Sagasta.
Los
socialistas, que como ya vimos tenían dos alas, la minoritaria, liderada por Indalecio Prieto, que compartía lo
esencial del proyecto de los republicanos y que había trabajado con ellos desde
el principio para hacer la República posible, y la mayoritaria, liderada por Largo Caballero, que durante los años 20
se había fortalecido desde el punto de vista organizativo gracias a su
estrategia de infiltración en las instituciones que la Dictadura había creado y
que llegó a 1930 perfectamente organizada e implantada por toda España, tenían
la fuerza política mejor estructurada y extendida que había en el país.
Dualidad sindical
Pero
en el plano sindical los socialistas no estaban solos. Había un sindicato más
numeroso que el suyo, aunque peor organizado, y que carecía de vertebración
política: la CNT. La CNT fue una
organización clandestina durante los ocho años que pasaron entre 1923 y 1931,
pero tenía en su haber un largo historial de luchas y de conquistas sociales.
Recordemos que la mítica huelga de La
Canadiense tuvo, como consecuencia inmediata, la conquista de la jornada de
trabajo de ocho horas en toda España, por ley, en 1919, y que ese fue el
elemento fundamental que empujó a la patronal a respaldar el golpe de estado de
1923. El halo de prestigio que la rodeaba en la década de los 30 era
importante.
Así
pues había en España dos grandes sindicatos en 1931: Un sindicato reformista, la UGT,
vinculado al PSOE, y un sindicato
revolucionario, la CNT, que no
dejó de romper todos los moldes y de desbordar todas las estrategias de las
fuerzas reformistas entre 1910 y 1939. La competencia entre ambos modelos de
sindicalismo obligaba a los hombres de Largo Caballero a usar una terminología
seudo-revolucionaria para defender su propio terreno, tanto sindical como
político. La poderosa implantación de la CNT a nivel estatal creó un espacio
sindical en el que pudieron crecer organizaciones políticas situadas claramente
a la izquierda del PSOE como el PCE, el POUM, el Partido Sindicalista o la FAI
(Federación Anarquista Ibérica). Por todo esto podemos imaginar las formidables
tensiones internas que se daban en el seno del Partido Socialista y de la UGT,
que tenían compromisos de gobierno contraídos con los republicanos y estaban
obligados por eso a defender un gobierno del que formaban parte, pero que
difícilmente podía llegar a satisfacer las expectativas que había creado entre
la población y, por otro lado, tenían que mantener la tensión reivindicativa
por todo el país para satisfacer mínimamente las enormes demandas sociales que
se venían acumulando en España desde hacía mucho tiempo.
Esa
tensión entre izquierda reformista e izquierda revolucionaria complicaba
bastante las tareas de un gobierno que tenía enfrente a la gran burguesía, a la
Iglesia y a buena parte del ejército, y que había heredado un déficit público
muy elevado de la Dictadura de Primo de Rivera. Recordemos la política
económica de ésta: desarrollo masivo de
obras públicas financiadas a base de deuda.
Lo dicho: la centrifugadora que puso en marcha Alfonso XIII no dejó de acelerarse a lo largo de la década de los años 30, en medio de una Europa que se dirigía a toda velocidad hacia el fascismo.
Azaña
con varios miembros de su gobierno
La etapa constituyente
Desde
el primer momento se hizo evidente la titánica labor que tenía por delante el
flamante y heterogéneo equipo de gobierno provisional que tomó posesión el 14
de Abril de 1931. La primera e ineludible tarea del mismo consistió,
lógicamente, en convocar elecciones generales constituyentes, que tuvieron
lugar el 28 de junio. Este nuevo parlamento recién elegido no tendría nada que
ver con ningún otro que le hubiera precedido. Se abría un nuevo escenario
político en España absolutamente inédito que convertía al Partido Socialista en la primera
fuerza política del país y al Partido
Republicano Radical (el partido de Lerroux) en la segunda. Los hombres de Azaña
(Acción Republicana) y los de Alcalá-Zamora
(Derecha Liberal Republicana) quedaron como fuerzas bisagra entre dos visiones
de lo que debía ser la República radicalmente diferentes. Recordemos que Lerroux llevaba ya más de treinta años
liderando a las corrientes más jacobinas y centralistas de los republicanos[2].
La fragmentación política era muy acusada y la hegemonía de la coalición
republicano-socialista abrumadora, lo que generaba una inercia muy poderosa,
difícil de modular.
La
siguiente etapa consistió en elaborar la Constitución de la República, que se
votó en referéndum el 9 de diciembre. Por el camino habían sucedido muchas
cosas. La vieja tensión que arrastraba España desde los tiempos de Mendizábal,
en la década de los 30 del siglo XIX, entre clericales y anticlericales pasó a
primer plano durante el periodo constituyente. Era un tema central. El laicismo
del modelo que de manera explícita defendían la inmensa mayoría de los miembros
del bloque republicano-socialista chocaba, obviamente, con el poderoso arraigo
de la Iglesia tanto en las áreas rurales como entre los sectores más
conservadores del espectro ideológico. Eso no era nuevo en España. Venía de los
tiempos de la Ilustración, se agudizó durante el proceso de las
desamortizaciones, a mediados del siglo XIX, y volvió a estallar de nuevo en la
Semana Trágica de Barcelona (1909),
en la que se produjeron ataques a las propiedades de la Iglesia y, después, la prohibición de las escuelas laicas en
el área de Barcelona. De hecho el chivo expiatorio al que se acusó de organizar
el levantamiento ciudadano fue un pedagogo, que había dirigido una escuela
laica precisamente, Francisco Ferrer Guardia.
La polarización ideológica era la consecuencia de la voladura de los puentes de
comunicación entre lo que Machado llamó “las
dos Españas”, consecuencia de 30 años de intervencionismo monárquico y
militar.
Los primeros decretos
El
gobierno provisional que se formó el 14 de Abril estaba presidido por Niceto Alcalá-Zamora, y se mantuvo
después de las elecciones de junio. El 14 de octubre éste presentó su dimisión
por estar en desacuerdo con el artículo 26 de la futura constitución republicana
que acababa de ser aprobado por las Cortes y en el que se prohibía a las
órdenes religiosas ejercer la enseñanza y se disolvía las que, además de los
votos de pobreza, castidad y obediencia,
tenían un cuarto de “especial obediencia
a autoridad distinta a la legítima del estado”. Obviamente era un apartado
pensado específicamente para los jesuitas, que hacen un voto de especial obediencia al Papa. Alcalá-Zamora fue reemplazado,
inmediatamente, por Manuel Azaña.
Estas controversias situaron la cuestión religiosa en el
primer plano del debate y, dada la extraordinaria trascendencia de estos
asuntos en un país en el que buena parte de los centros educativos eran
religiosos, lo llevaron a la calle, provocando enfrentamientos violentos entre
defensores y antagonistas de la enseñanza religiosa que dejaría muertos y
edificios religiosos destruidos, lo que polarizó aún más el país y brindó a los
sectores nacional-católicos un argumentario político para reorganizarse que
está en la base de la aparición de la que sería la gran fuerza política de la
derecha española durante el periodo 1933-1936, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles.
El
gobierno provisional que se constituyó el 14 de abril gobernaría a golpe de
decreto entre esa fecha y el 28 de junio. Durante ese tiempo se promulgaron los
decretos agrarios, impulsados por los ministros socialistas Largo Caballero y Fernando de los Ríos, que prohibían desahuciar a los arrendatarios
de fincas; fijaba la jornada laboral del campo en 8 horas, equiparándola a la de
la industria y los servicios; obligaban a los propietarios agrícolas a
contratar trabajadores de la comarca y a mantener sus tierras en producción y
extendían también al campo el sistema de arbitraje de los jurados mixtos en
asuntos laborales[3].
Marcelino
Domingo
(Instrucción Pública, Partido Republicano Radical Socialista) “adoptó medidas para reforzar la presencia y
el control del estado en el sector educativo, dominado hasta entonces por la Iglesia
católica. Sus decretos establecían un plan quinquenal para crear miles de
plazas escolares y que, en su primer año, ampliaba en siete mil la plantilla de
maestros estatales; aumentaban el sueldo a los maestros; disponían la
coeducación en la enseñanza secundaria; suprimían la obligatoriedad de la
enseñanza religiosa en las escuelas, y creaban las misiones pedagógicas para extender
el ámbito educativo a sectores de la población hasta entonces marginados.”[4]
Manuel Azaña (Guerra, Acción
Republicana) “inició en este periodo su
plan de modernización de las fuerzas armadas con una serie de decretos: pase a
la reserva con sueldo íntegro de los militares profesionales que lo solicitaran,
para aliviar las plantillas sobrecargadas; supresión de regimientos y
transformación de las Capitanías en Divisiones Orgánicas; revisión de los
ascensos por elección o méritos de guerra; cierre de la Academia General Militar,
etc.”[5]
Todos
estos decretos se convertirán en leyes a partir del 28 de junio, cuando el
parlamento recién elegido los fue ratificando.
La Cuestión Catalana
Cuando
vimos la Dictadura de Primo de Rivera dijimos que los desencadenantes del golpe
de estado de 1923 fueron tres: la Guerra
del Rif, la contención del
emergente movimiento obrero que había
alcanzado una formidable potencia durante el reinado de Alfonso XIII y la “lucha contra el separatismo”, un
eufemismo que lo que en realidad pretendía era acabar con la Mancomunidad de Cataluña (1914-1925). Pero
la represión, a largo plazo, no soluciona
nada, sólo consigue ocultar los problemas debajo de la alfombra, así como retrasar
y agudizar los procesos históricos.
El
formidable crecimiento del Ejército de África sólo logró aplazar la pérdida del
Rif una generación, a cambio de crear un monstruo que se terminaría volviendo
contra la población española en 1936.
En
cuanto al movimiento obrero, durante los años veinte siguió creciendo en la
sombra, reorganizándose y radicalizándose más.
Y
lo mismo podemos decir de la “Cuestión Catalana”.
Los catalanistas -en 1931- ya no se
conformaban con la Mancomunidad de 1914, pedían
la autodeterminación. Los regionalistas de la Lliga habían sido reemplazados por los independentistas de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Eso es lo que pasa cuando se vuelan los puentes de comunicación entre dos
partes enfrentadas.
El
14 de abril, Francesc Maciá, dirigente
de ERC proclamó, en Barcelona, la República
Catalana como estado integrante de la Federación
Ibérica, asumiendo provisionalmente las funciones de “Presidente del Gobierno de Cataluña”. Y el día 16 formó un
gobierno de coalición y procedió a nombrar autoridades gubernativas. Eso,
obviamente, no era lo que se había acordado en San Sebastián en agosto, pero
los catalanistas habían decidido poner a sus socios del resto del estado ante hechos consumados.
El
17 de abril llegaron a Barcelona varios ministros del Gobierno de la República,
recién nombrados, para intentar canalizar el proceso catalán de forma ordenada.
Y se llegó a una solución de compromiso, según la cual:
“Los
nacionalistas desistieron de sacar adelante una República y un gobierno catalanes
a cambio de la reaparición de una vieja institución de gobierno, la Generalidad,
a la que se traspasaban provisionalmente las competencias de las diputaciones
provinciales, y de la ratificación por las cortes constituyentes de un estatuto
que sería elaborado por las fuerzas políticas regionales y aprobado en
referéndum por los ciudadanos españoles censados en las cuatro provincias
catalanas. El 21 de abril, un Decreto del Gobierno republicano daba existencia
legal al equipo de Maciá como Consejo provisional de la Generalidad, integrado
en el marco de las instituciones del Estado. Se iniciaba con ello un proceso
que debería concluir con la aprobación del Estatuto de autonomía regional por
las Cortes españolas y el paulatino traspaso de competencias estatales a la Administración
autonómica”[6].
Es
decir, la Mancomunidad Catalana pasaba a
llamarse ahora “Generalidad de Cataluña”, y recuperaba algunos significados
simbólicos venidos directamente de la Edad Media.
La Constitución republicana
La
Constitución de la Segunda República española era la más democrática de las que
habían estado vigentes en España hasta ese momento. Otorgaba el derecho a voto
a todos los españoles mayores de 23 años, sin distinción de sexo. Haciendo extensivo
por tanto el mismo a las mujeres, que habían quedado excluidas en la Ley del sufragio de 1890, vigente hasta
ese momento.
Define
a España como una “República democrática
de trabajadores de toda clase”, como dejamos reflejado al principio del
artículo y como un
“Estado
integral, constituido por municipios mancomunados en provincias y por las
regiones que se constituyan en régimen de autonomía. La Constitución establecía el carácter irreductible del territorio
nacional, lo que cerraba el paso a cualquier cesión territorial o proceso de
autodeterminación. Las provincias eran, a la vez, unidades administrativas
gestionadas por la Administración central y entidades de representación de los
municipios mancomunados que las constituían. La base de la organización territorial
era, pues, unitaria, aunque la autonomía municipal y la existencia de las Diputaciones
provinciales marcaban ciertas limitaciones a la centralización. La novedad se
contenía en los artículos 11 a 22 de la Constitución, que introducían el modelo
autonómico. La región autónoma adquiría existencia cuando una o varias
provincias limítrofes acordaran formar un núcleo político administrativo, que
se regiría por un estatuto particular y poseería Gobierno y Parlamento propio.
El Estatuto debía ser propuesto por una mayoría de los ayuntamientos de la
futura autonomía y aprobado en referéndum por los ciudadanos afectados por el
proceso. Tras ello, su texto sería discutido y validado por el Congreso de los Diputados,
que podría enmendar o eliminar aquellos artículos que atentasen contra la Constitución
o las Leyes Orgánicas que la desarrollaban y que, por tanto, poseían un rango
superior al de los estatutos de autonomía.”[7]
Las Cortes
republicanas eran unicamerales. Estaban constituidas exclusivamente
por el Congreso de los Diputados, que
acaparaba así todas las competencias legislativas de ámbito estatal.
Cataluña quedaba como “región autónoma dentro del Estado español”,
asumiendo algunas competencias transferidas por el Estado y gestionando otras
en su nombre, bajo la autoridad del mismo. Este era el verdadero significado de
la expresión “Estado Integral”, que
todos los órganos administrativos eran considerados “Estado”.
A
partir de la entrada en vigor de la Constitución republicana empezó a
prepararse un anteproyecto de estatuto para las vascongadas, y poco después
apareció en Galicia un movimiento municipalista que comenzó a trabajar
igualmente en el anteproyecto para una futura autonomía gallega.
El primer gobierno constitucional
Al
día siguiente del referéndum constitucional, las Cortes harán una nueva
votación para elegir al Presidente de la
República, cargo de nueva creación que equivale a Jefe de Estado, eligiendo a Niceto
Alcalá-Zamora por 362 votos a favor (entre los 410 diputados presentes).
Azaña presidía el nuevo gobierno que se formó. El segundo de la República; el
primer gobierno constitucional, que siguió profundizando las reformas
emprendidas durante el periodo constituyente:
“Bajo
la coalición de partidos que presidía Manuel Azaña, la República conoció su
etapa más dinámica y fructífera. La amplia mayoría parlamentaria que disfrutaba
la izquierda gobernante permitió la puesta en marcha de un ambicioso programa
de reformas sociales y administrativas. Buena parte de estas medidas figuraban
desde hacía tiempo en los programas de la izquierda burguesa y de la social-democracia
y habían comenzado a ser aplicadas por el gobierno provisional. Pero era ahora,
una vez aprobada la Constitución, y fuera del gabinete los sectores más
conservadores de la conjunción republicano-socialista, cuando sería posible
acometer la reforma agraria, la modernización de las Fuerzas Armadas, la
universalización de la enseñanza, la transformación de las relaciones socio-laborales
o la consolidación del sistema territorial de autonomías.”[8]
La
batería de leyes que se aprobaron durante su mandato fue impresionante: Ley del Divorcio, Ley de confesiones y
congregaciones religiosas, disolución de la Compañía de Jesús, Decreto de
secularización de cementerios, reducción del presupuesto militar, creación del
consorcio de industrias militares (para reducir la dependencia de los
suministros extranjeros), Ley de
contratos de trabajo, Ley de jurados mixtos, ampliación del Retiro Obrero, establecimiento del Seguro de accidentes de trabajo y de Maternidad para trabajadoras
asalariadas, Ley de Bases de la Reforma Agraria,
creación del Instituto de Reforma Agraria
(IRA), del Banco Nacional de Crédito Agrícola,
Ley de Obras de Puesta en Riego, Decreto de intensificación de cultivos,
etc.
La reorganización de las derechas
La
gran cantidad de cambios legislativos llevados a cabo por el gobierno
republicano durante este periodo, muchos de ellos con una dotación
presupuestaria insuficiente para que pudieran llegar a buen puerto, encendieron
todas las alarmas entre los sectores más conservadores de la población
española, en la Iglesia, la patronal (especialmente la agraria), los
monárquicos alfonsinos, carlistas… obligándolos a reagruparse.
El
10 de agosto de 1932 un sector del ejército liderado por el general José Sanjurjo, que en ese momento
mandaba el cuerpo de carabineros, intentó dar un golpe de estado que resultó un
fracaso y sus líderes fueron detenidos y juzgados. Dicha intentona,
paradójicamente, aceleró los trámites de varias de las leyes citadas más
arriba, como la Ley de Bases de la
Reforma Agraria, que estaba atascada en las Cortes, cuando se comprobó que
varios “grandes de España”, los
mayores terratenientes del país, estaban detrás de la trama golpista y que, de
hecho, la habían financiado.
Tras
el fracaso de los militares empieza a producirse una intensa reorganización de
las fuerzas de la derecha no republicana, que se une al proceso de
distanciamiento del Partido Republicano Radical (el segundo del país en número
de diputados), liderado por Alejandro Lerroux, del resto de la coalición
republicano-socialista que se venía produciendo ya desde antes.
José María
Gil-Robles
era un diputado de las Cortes Constituyentes que lideraba el partido Acción Nacional, un grupo de carácter
católico, vinculado a Ángel Herrera Oria,
fundador del mismo, de la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas, de la Editorial Católica y director del diario El Debate. Gil-Robles poco a poco se fue convirtiendo en el líder
parlamentario con más influencia entre la derecha no republicana. Se
autodefinia como “accidentalista” (es decir, que le resultaba indiferente la
forma de estado) y asumió públicamente la defensa de los valores tradicionales
y católicos dentro del marco institucional de la República, pues pensaba que
era posible cambiarla desde el interior, con una estrategia gradualista.
A
principios de 1933 promueve la creación de una gran alianza de fuerzas de la
derecha, la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA), y procede a diseñar las diferentes fases de la estrategia
gradualista citada más arriba:
1)
Acercarse a los grupos más afines de la
coalición republicana (como el de Lerroux) para reforzar su peso dentro de
ella y forzar una ruptura de la misma.
2)
Sostener desde fuera un gobierno en
minoría de los radicales, a los que se les pediría a cambio que frenaran
varias de las reformas más emblemáticas de la coalición de Manuel Azaña, como
las referidas a la Reforma Agraria o las de la enseñanza por parte de las
órdenes religiosas.
3)
Formar una coalición de gobierno con los
radicales, en la que estos mantendrían la presidencia y los ministerios más
importantes, para ganar la suficiente respetabilidad que les permitiera, más
adelante, dar el siguiente paso.
4)
Coalición con la derecha republicana
superviviente, bajo presidencia de la
CEDA.
5)
Gobierno monocolor de la CEDA, cuando
la aritmética parlamentaria lo permitiera. Sólo en ese momento podría
plantearse, abiertamente, la posibilidad de un cambio en el modelo de estado.
Con
estos planteamientos pudo atraer hacia la coalición a un amplio espectro de las
fuerzas más conservadoras, desde los republicanos de derechas hasta los
monárquicos posibilistas. A su derecha quedaban Renovación Española (monárquicos alfonsinos), la Comunión Tradicionalista (los carlistas)
y diversos grupos fascistas que se encontraban en su fase formativa.
Renovación
Española
se definía como un partido monárquico, defensor del legado de Alfonso XIII.
Tuvo dos alas, lideradas respectivamente por Antonio Goicoechea (conservadores autoritarios) y por José Calvo Sotelo (en la onda de las
derechas totalitarias europeas de su época, al estilo de Acción Francesa). La relación de este grupo con la Falange de Primo
de Rivera fue bastante estrecha a la que, de hecho, financió y usó como fuerza
de choque. Dio cobertura parlamentaria a todas las tramas golpistas que se
sucedieron entre 1933 y 1936 y en las elecciones de febrero de 1936 lideró la
coalición Bloque Nacional.
La
Comunión Tradicionalista, son los
viejos carlistas, también llamados requetés, que en las elecciones de 1933
obtuvieron 21 diputados en el Congreso y en 1936 sacaron 9. Durante la II
República se radicalizaron bastante, estableciendo una unidad de acción con la
Falange y con Renovación Española.
“En
marzo de 1934 Antonio Lizarza, en representación de la Comunión
Tradicionalista, el teniente general Barrera, por la Unión Militar Española, y
Antonio Goicoechea, por Renovación Española, viajaron a Roma. Tras reunirse con
Benito Mussolini y explicarle su plan de derrocar a la República, el gobierno
fascista les proporcionó dinero y armamento, acordando además el envío de
jóvenes requetés a Italia para su adiestramiento militar”.[9]
…
“El
envío de jóvenes se intensificaría desde el momento en que empezó a dirigir la
Comunión Manuel Fal Conde, quien dispuso la preparación militar de los
requetés. En grupos de 30, requetés de toda España, y especialmente de Navarra,
viajaron secretamente a Italia, donde permanecerían alrededor de un mes. Unos
500 de ellos serían instruidos en el manejo de las más avanzadas armas
modernas”[10].
Los
requetés formaron un poderoso cuerpo paramilitar, bajo la dirección de Manuel Fal Conde, que en los primeros
momentos de la Guerra Civil llegó a reclutar 60.000 combatientes voluntarios[11]
repartidos en 67 tercios[12].
La Falange
En
1931 Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo fundaron las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista
(JONS), primer grupo propiamente fascista español, al que la policía mantuvo
bastante controlado desde el principio.
José Antonio
Primo de Rivera,
abogado e hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, más conservador que los
de las JONS, junto con el periodista Rafael
Sánchez Mazas y el aviador Julio Ruiz
de Alda, fundó el Movimiento Español
Sindicalista. En agosto de 1933 este grupo llegó a un acuerdo con los
monárquicos alfonsinos, en el llamado Pacto
de El Escorial, por el que obtuvieron financiación y cobertura mediática,
lo que les hizo presentarse a las elecciones de finales de 1933 en las listas
de la coalición monárquica. Eso permitió a Primo de Rivera obtener escaño en
las Cortes por la circunscripción de Cádiz.
En
febrero de 1933 fundó el diario “El
Fascio”, del que “sólo llegará a
imprimirse un número y buena parte de sus ejemplares fueron retirados por la
policía. En ese número colaboran con sus artículos el propio Primo de Rivera
(que firma el artículo «Orientaciones para un nuevo Estado» bajo la inicial
"E" de Marqués de Estella) y Ramiro Ledesma. Completan el periódico
extensos artículos sobre Mussolini y Hitler”[13].
En octubre viajó a Italia, donde habló con Mussolini; y el 29 de ese mes
fundó, formalmente, el partido Falange Española,
en un acto público que tuvo lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid, donde
dijo:
“Si
nuestros objetivos han de lograrse en algún caso por la violencia, no nos
detengamos ante la violencia. [...] Bien está la dialéctica como primer
instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la
dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la
Patria”[14].
El
15 de febrero de 1934 la Falange Española
de Primo de Rivera y la JONS de Ramiro Ledesma llegaron a un acuerdo de fusión.
El grupo fusionado se llamó Falange Española
de las JONS, y se convirtió a
todos los efectos en el partido fascista de España:
“La
ideología de Falange es el nacionalsindicalismo. Se trataba de un fascismo a la
italiana con componentes tomados del catolicismo. José Antonio Primo de Rivera,
su fundador, se interesó por un fascismo de cuño italiano y en los primeros
tiempos no se opuso al empleo de la etiqueta de "fascista"[15]. […] A diferencia de otros fascismos y a pesar
de su retórica, la Falange no pretendía un "Estado Nuevo" y un
"hombre nuevo", sino que estos serían consecuencia del
tradicionalismo católico”[16].
El anarco-sindicalismo
“La
oposición de los cenetistas a la República burguesa quedó patente desde el primer momento, y se manifestó a través de
formas muy variadas, algunas claramente insurreccionales”[17].
No
obstante, dentro de la CNT se van decantando dos alas, cada vez más
enfrentadas: los sindicalistas
liderados por Ángel Pestaña, fundador
del Partido Sindicalista y los
anarquistas revolucionarios que crearon la Federación
Anarquista Ibérica (FAI). Los partidarios del choque frontal con la
República se opusieron al establecimiento de los jurados mixtos en las empresas y entraron en la dinámica de lo que
llamaban la “acción directa”. Eso les
llevó a un enfrentamiento cada vez más abierto con los sindicalistas de la UGT,
a los que acusaban de “traidores a la
clase obrera”.
Los
sindicalistas, mayoritarios en la CNT
antes de 1931, fueron desbordados por los anarquistas
de la FAI.
“Tras
las breves huelgas generales convocadas en varias ciudades durante el otoño de
1931, a finales de año concluye lo que A. Bar denomina política de
tanteo frente al fenómeno republicano y
se inicia una etapa plenamente ofensiva,
un periodo insurreccional cuya primera acción es el levantamiento armado de la
Cuenca del Alto Llobregat, en Cataluña. Acuciados por sus penosas condiciones
laborales, el 18 de enero de 1932, mineros y obreros textiles se hicieron con
el control de sus centros de trabajo y se adueñaron de Figols, Berga, Cardona y
otras poblaciones, donde proclamaron el comunismo libertario. El Gobierno
reaccionó con extraordinaria energía y envió unidades del ejército al mando del
General Batet, que restablecieron el orden”[18].
En
la segunda mitad de 1932 comienza la expulsión de la CNT de militantes y de
sindicatos enteros, sobre todo en Cataluña, Levante y Asturias.
“El
8 de enero de 1933, la FAI hizo un llamamiento a la insurrección General, que
provocó graves incidentes en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, expeditivamente
reprimidos por las fuerzas gubernativas, que causaron numerosos muertos. Los
sucesos más graves ocurrieron en la aldea gaditana de Casas Viejas, donde los
guardias de Asalto provocaron una matanza entre los peones agrícolas que, tras
proclamar el comunismo libertario, les habían hecho frente”[19].
Las elecciones de 1933
Todos
estos acontecimientos hicieron una mella importante en el seno de la coalición
republicano-socialista, que fue viendo cómo se debilitaban los apoyos con los
que contaba. Manuel Azaña se convirtió en el blanco de todas las iras, tanto
de la derecha como de buena parte de las fuerzas obreras.
El
7 de septiembre Alcalá-Zamora, el Jefe del Estado, le retiró su confianza,
forzando así un cambio de gobierno. El día 12 Lerroux formó un gobierno que
sólo duró 26 días, ya que contaba con menos apoyos aún que el presidente
cesado. El siguiente gobierno, presidido por Diego Martínez Barrio, también radical, disolvió las Cortes y
convocó nuevas elecciones a doble vuelta. La primera tuvo lugar el 19 de
noviembre y la segunda el 3 de diciembre. La
primera fase de la estrategia gradualista de la CEDA se acababa de consumar
(ruptura de la coalición republicano-socialista); tras las elecciones de
diciembre se entraba en la segunda (gobierno en minoría de los radicales con
apoyo externo de la CEDA).
Las
elecciones de finales de 1933 dieron un vuelco a la aritmética parlamentaria de
la Segunda República. Si en 1931 hubo una coalición de centro-izquierda
(republicano-socialista) y la derecha no republicana se presentó dividida y
confusa, en 1933 ocurrió justo lo contrario. Las derechas “accidentalistas” iban
unidas tras las siglas de la CEDA y el centro-izquierda dividido en múltiples
candidaturas.
“La
derecha se atribuyó la victoria al obtener 204 diputados, pero sólo
representaban un 43 por ciento de la Cámara, porcentaje que disminuye a sólo el
40 si consideramos únicamente los 188 escaños obtenidos por la coalición Unión
de Derechas y Agrarios. El centro, mucho más disperso, reunía unos 170 diputados,
que suponían el 36 por ciento del total. Y la izquierda, la gran derrotada, no
llegaba al 20 por ciento con sus 93 parlamentarios. […] De cualquier forma, la composición del
parlamento no admitía una mayoría ideológica, sino que obligaría a pactos muy
amplios para asegurar la gobernabilidad.”[20]
El
16 de diciembre de 1933 Alejandro Lerroux
formó nuevo gobierno, en minoría pero con apoyo parlamentario externo de la CEDA.
Estaba, por tanto, a merced de la derecha no republicana, que no dejaría de
hacer valer la relación de dependencia política derivada de la nueva
correlación de fuerzas parlamentarias. El Jefe del Estado, Alcalá-Zamora, que
estaba obligado a firmar todas las leyes y los decretos del gobierno aunque no
los compartiera, comenzó a practicar tácticas obstruccionistas en los procesos
de validación de algunas de ellas, como “la
Ley de Amnistía impuesta a los radicales por la CEDA y aprobada por las Cortes
el 20 de abril”[21].
Este pulso entre instituciones provocó un nuevo cambio de gobierno a finales
de abril, que pasó a presidir Ricardo
Samper, con un perfil más técnico que el anterior, como solución de
compromiso temporal, hasta que se hizo evidente para todos la inevitabilidad de
la entrada de la CEDA en la coalición de gobierno, que tuvo lugar el 4 de octubre
de 1934, de nuevo bajo la presidencia de Lerroux. Se pasaba así a la siguiente
etapa de la estrategia diseñada por Gil-Robles para llegar al poder.
La Revolución de Octubre
Las
organizaciones obreras reaccionaron de inmediato, así como la Generalidad de
Cataluña:
“Las
primeras desencadenaron a las pocas horas de la formación del gabinete el
movimiento revolucionario que llevaban meses preparando, y la segunda encabezó
una maniobra secesionista para constituir un estado catalán.
…
El
movimiento insurreccional se inició el 5 de octubre, a las pocas horas de la
entrada de la CEDA en el Gobierno. Sus primeras manifestaciones tuvieron lugar
en algunos puntos como las cuencas mineras asturianas o en determinados centros
industriales de la provincia de Barcelona, donde se decretó la huelga general,
pero rápidamente la consigna de poner en marcha la revolución se extendió por
todo el país. Pese a ello, la insurrección careció de una auténtica
planificación, política y militar.
…
El
único movimiento armado de gran entidad lo protagonizaron los mineros de las cuencas
de Asturias y del norte de León, donde la grave crisis laboral de la minería
hullera había facilitado la entrada de los anarcosindicalistas en la Alianza Revolucionaria.
En la madrugada del día 6, los mineros ocupan los puestos de la Guardia Civil
en las cuencas. Unos ocho mil insurrectos de la zona de Mieres se dirigieron
ese mismo día hacia Oviedo, a la que sometieron a un sitio en toda regla,
mientras caían en su poder Avilés y Gijón. El comité regional de la alianza que
dirigía el socialista González Peña, asumió el control de la situación,
imponiendo su autoridad a los aproximadamente 20.000 trabajadores en armas y a
los numerosos comités locales surgidos en los primeros momentos y estableciendo
un eficaz orden
revolucionario. […] El día 10, un contingente de tropas
coloniales, integrado por dos banderas de la legión y dos tabores de regulares (nativos
marroquíes), desembarcó en Gijón. Al día siguiente una columna militar
procedente del sur, al mando del General López Ochoa, estableció contactos con
los defensores de Oviedo, reducidos ya a escasos reductos. González Peña ordenó
la retirada hacia las zonas montañosas, pero muchos mineros se negaron a
obedecer y hasta el día 14, tras durísimos combates callejeros, no pudieron las
tropas africanas del coronel Yagüe completar la limpieza de la capital. El 17,
los militares recuperaban la fábrica de armas de Trubia, de la que se
abastecían las fuerzas rebeldes.
…
La
entrada de tres ministros cedistas en el gobierno formado el 4 de octubre, cayó
como una bomba en la Generalidad. […]
El día 6, Companys dio el paso decisivo y tras denunciar el secuestro de la República
por las fuerzas monarquizantes y fascistas, proclamó el Estado Catalán, en la República Federal Española, lo que,
aunque no era una declaración de independencia total suponía colocar a una
institución estatal, como era la Generalidad, al margen de la legalidad
constitucional.”[22]
El
día 7 el general Domingo Batet declaró el Estado de Guerra. El ejército desarmó
a los mozos de escuadra y Companys y sus consejeros se rindieron.
“El
castigo no se hizo esperar. Todos los órganos de la Administración autonómica
fueron suspendidos, y sustituidos temporalmente por un control militar. En las Cortes
se abrió un debate sobre el futuro del Estatuto. Los monárquicos presentaron a
finales de noviembre un voto particular pidiendo su derogación definitiva,
mientras que la Lliga presentó otro solicitando su inmediata puesta en vigor.
Ambos fueron rechazados por los grupos gubernamentales que, por ley de 2 de
enero de 1935, acordaron la suspensión del Estatuto de forma indefinida y la
recuperación por la Administración central de las competencias transferidas en
los dos años anteriores a la Generalidad.”[23]
La
represión contra las fuerzas obreras fue durísima. Se calcula que “Sólo en Asturias, las víctimas se acercaban
a las cuatro mil -casi un millar de ellas eran muertos- y las destrucciones
fueron enormes”[24].
Muchos dirigentes políticos de la izquierda fueron detenidos, entre ellos Largo
Caballero y Azaña. Se dictaron 20 penas de muerte, aunque sólo se ejecutó a dos
personas.
Las derechas en el poder
“Se
ha dicho que octubre de 1934 acabó con las esperanzas de Gil Robles de acceder
al poder por medios legales, [aunque] él no era indudablemente consciente de este hecho.”[25]
La
política de la coalición radical-cedista se endureció durante el año y medio
que siguió a los acontecimientos de octubre de 1934, pero las disensiones
internas entre los socios del gobierno aumentaron. Gil-Robles no dejará de
presionar a Lerroux para aumentar la cuota de ministros cedistas dentro del
gobierno, que llegarán a cinco en la remodelación que hizo éste el 6 de mayo de
1935, dando entrada en el mismo al propio Gil-Robles, como Ministro de la Guerra.
Desde el poder la CEDA dio marcha atrás a la Reforma Agraria y comenzó a
transformar el ejército. Nombró a Francisco
Franco Jefe de Estado Mayor, y apartó de los puestos de responsabilidad a
los generales que no estaban en la onda de los nuevos tiempos que corrían. Reforzó
las fuerzas de artillería, dotándolas de nuevo armamento pesado mucho más
mortífero, renovó el armamento e incrementó las reservas de munición. Intentó
que Lerroux transfiriera el mando de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto
desde el Ministerio de Gobernación (dirigido por el independiente Portela Valladares)
hacia el de la Guerra, pero aquél se opuso.
La
relación entre radicales y cedistas se deterioró aún más durante los debates
presupuestarios del otoño de 1935. Los primeros intentaban sanear las cuentas
recortando gastos, aumentando los ingresos y luchando contra el fraude fiscal,
a lo que se opusieron los ministros cedistas, que querían incrementar las
partidas del ejército en detrimento de las sociales, educativas y culturales, y
oponiéndose también al incremento de la presión fiscal, así como a las medidas
adoptadas para combatir el fraude.
Mientras
tanto estallan en la prensa dos escándalos de corrupción en los que los
imputados eran altos cargos del Partido Radical de Lerroux: los casos Estraperlo y Nombela. Aunque el presidente del gobierno no estaba directamente
implicado en ellos el asunto le salpicó hasta el punto de tener que dimitir,
siendo reemplazado por el independiente Chapaprieta.
Las bases de apoyo de la coalición radical-cedista se debilitaban por momentos.
“El
autentico detonante de la crisis que estalló en invierno de 1935 fue el hecho
de que, empujado por sus bases, Gil Robles decidiera que había llegado el
momento de hacerse con el poder supremo, aprovechando para ello el pretexto que
le brindaba el nuevo presupuesto que iba a presentar Chapaprieta. Ante los
diferentes incrementos de la presión impositiva que contenía y a los que se
oponía radicalmente la derecha, la CEDA consiguió disuadir al gobierno de su
aprobación.
Como
había previsto Gil Robles, Chapaprieta dimitió disgustado, pero a partir de ese
momento las cosas comenzaron a torcerse. Convencido de que la República
proclamada en abril de 1931 se encontraba en verdadero peligro, Alcalá-Zamora
se negó a satisfacer las demandas de Gil Robles de que se le concediera el
poder para formar un gobierno íntegramente cedista que pudiera presidir unas
elecciones generales amañadas, optando en lugar de ello por la solución de
compromiso de un gabinete encabezado por Portela Valladares y compuesto en su
totalidad de republicanos conservadores. Este gobierno, que sólo pudo ejercer
sus funciones porque las Cortes estaban cerradas y los simpatizantes de la CEDA
en el generalato no se decidieron a intentar perpetrar un golpe de estado, cayó
en tres semanas, reconociendo que no podía gobernar sin Gil Robles. Portela no
tuvo más remedio que decretar la disolución de las Cortes, de modo que el 30 de
diciembre se convocaron finalmente las nuevas elecciones tan deseadas por el
centro y la izquierda.”[26]
La
jugada de Gil-Robles había fracasado, fundamentalmente por la acción de las
fuerzas del centro-derecha republicano (Alcalá-Zamora, Portela Valladares…),
que optaron por defender la República frente al chantaje de la CEDA, que
pretendía volver a los viejos métodos de las elecciones de la Restauración.
El Frente Popular
El
encarcelamiento de Azaña durante los sucesos de octubre, en los que no estuvo
implicado pero que le cogieron en Barcelona precisamente, adonde se había
desplazado para asistir a un entierro, tuvieron la virtualidad de convertirlo
en un mártir de la represión radical-cedista. Un activo que no
desaprovechará. A partir de enero de 1935 empieza a trabajar para recomponer la
coalición de centroizquierda de 1931. El 12 de abril se firma el pacto de Conjunción Republicana, por parte de Izquierda Republicana (el nuevo nombre
del partido de Azaña), Unión Republicana
(liderado por Diego Martínez Barrio, que se había escindido del partido de
Lerroux) y el Partido Nacional Republicano
(de Sánchez Román). A partir de ese momento comienzan a organizar una campaña
de mítines multitudinarios por toda España -Campo de Mestalla (Valencia), el 26
de mayo, Baracaldo (Vizcaya), el 14 de julio, Comillas (Madrid), el 20 de
octubre-. El 14 de noviembre propuso a los socialistas formar una coalición
electoral.
Mientras
tanto, el avance de los fascismos por toda Europa llevó al Comitern, en su VII congreso celebrado en Moscú en el verano de
1935, a apoyar la formación de frentes populares con los partidos de centro y de
la derecha democrática para frenar el avance de las fuerzas totalitarias que
proliferaban por el continente. Y el 15 de enero de 1936 Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas,
Partido Comunista, Partido Sindicalista y el Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM) forman la coalición Frente Popular,
para presentarse juntos a las elecciones de Febrero.
“Su
programa incluía la amnistía para los delitos políticos y sociales, la reforma
del Tribunal de Garantías Constitucionales, la continuidad de la legislación
reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía
regional”[27].
Las elecciones de Febrero
Las
elecciones de 1936 fueron, igual que las de 1933, a doble vuelta. La primera se
celebró el 16 de febrero y la segunda el 1 de marzo. Pocas circunscripciones
tuvieron que hacer esta segunda vuelta. Los resultados ya estuvieron claros
desde el primer momento. La participación fue muy alta, entre otras razones
porque los anarquistas, esta vez, aconsejaron a los suyos votar, en vez de
abstenerse, como en 1933.
El
país estaba más polarizado que nunca. El voto de centro se había debilitado
notablemente en beneficio de las izquierdas y las derechas. Hay discrepancias
fundamentales en los análisis que hacen los diferentes autores del sentido real
del voto, dado que las listas más votadas eran amplias coaliciones, bastante
heterogéneas desde el punto de vista ideológico.
“Los
dirigentes derechistas, estupefactos aún por las dimensiones de la derrota,
intentaron frenar la entrega de poderes a los vencedores. Gil Robles, que ya en
diciembre había pulsado lo opinión de varios generales en torno un golpe de
fuerza, intentó sin éxito que Portela declarase el estado de guerra y anulara
los comicios, gestión a la que se sumaron Calvo Sotelo y el general Franco.
Este último, aún Jefe del Estado Mayor del Ejército, se adelantó a dar las
órdenes pertinentes a los mandos militares, pero fue desautorizado por el
todavía el jefe del Gobierno.
El
traspaso de poderes se hizo de forma irregular, temeroso Portela de que la
dilación del trámite impidiese a los nuevos ministros refrenar los entusiasmos
de sus votantes. Azaña aceptó el día 19 formar un gobierno en el que, conforme
a lo pactado con sus aliados antes de las elecciones, sólo entraron miembros de
los dos partidos republicanos incluidos en el Frente Popular. La situación del
nuevo Gobierno era bastante precaria. Los partidos representados en él no
controlaban ni la cuarta parte de los escaños del Congreso y pese al abierto
respaldo de socialistas y comunistas, su estabilidad no estaba totalmente
garantizada al no haberse comprometido la izquierda obrera en la gestión del Ejecutivo
y ser el del Frente Popular un programa mínimo, que no entraba en aspectos
fundamentales de la obra de gobierno.”[28]
“Tras
celebrarse el 16 de febrero de 1936 las elecciones, Portela reconoció la
victoria del Frente Popular (se refirió a ella como "triunfo
inobjetable") a pesar de las presiones golpistas de grupos derechistas
que, encabezados por Gil-Robles y Franco, pretendían la declaración del estado
de guerra para evitar así el traspaso de poderes[29], y
finalmente presentó la dimisión del Gobierno el 19 de febrero[30].
Días antes de dejar su cargo advirtió al vicesecretario de la Comisión
Ejecutiva del PSOE: "Tomen ustedes toda clase de precauciones. Estamos
amenazados por un golpe de Estado"[31].[32]
El
nuevo gobierno, lo primero que hizo fue decretar la amnistía, el 21 de febrero,
antes incluso de que se celebrara la segunda vuelta y se constituyeran las
nuevas Cortes, ya que las multitudes habían abierto, de hecho, varias cárceles,
para evitar disturbios. ¡Esta medida
afectó a 30.000 personas!
Los
ayuntamientos vascos que fueron suspendidos en sus funciones a raíz de los acontecimientos
de octubre de 1934 fueron repuestos en sus funciones. Y se puso en pleno vigor el Estatuto de Cataluña, devolviéndole sus
competencias a la Generalidad.
“Tras
la puesta en libertad de Companys y de sus consejeros, beneficiados por la
amnistía, un decreto del 1 de marzo autorizó al parlamento autonómico a
reanudar sus funciones y a reponer en sus cargos a los miembros del Consejo Ejecutivo
de la Generalidad. Esta recuperó enseguida sus competencias anteriores al 6 de
octubre de 1934 e incluso, en armonía con la nueva línea del gobierno central,
empezó a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. El ejecutivo regional
negoció además la readmisión de miles de trabajadores despedidos a raíz de la Revolución
de Octubre, lo que evitó una escalada de huelga similar a la que se producía en
otras zonas de la nación.”[33]
“A
los pocos días de las elecciones, unos 80.000 campesinos andaluces, manchegos y
extremeños, convocados por la FNTT, se lanzaron a ocupar las fincas de los que
habían sido desalojados en el invierno de 1934-35. Se producía así un hecho
consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar las medidas
oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio. Por Decreto
de 28 de febrero, el gobierno anuló los procesos de desahucio de colonos y aparceros,
salvo cuando hubiera falta de pago, y el 3 de marzo, otro decreto devolvió a los
yunteros extremeños el arrendamiento de las tierras que habían ocupado durante
el primer bienio en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932,
que el Ministerio de Agricultura restableció en su plenitud el día 14.”[34]
El
15 de marzo se constituyó el nuevo parlamento. Inmediatamente se pusieron a
legislar en temas agrarios, empujados por la extraordinaria presión social y el
gobierno convirtió en prioridad política alejar de los centros de poder a los
generales más proclives al golpismo, mandando a Goded a las Baleares, a Franco
a las Canarias y a Mola a Pamplona. Orgaz, Villegas y Fanjul quedaron en
situación de “disponibles”, pero sin mando efectivo.
A
nivel educativo se restableció inmediatamente la coeducación en las aulas, se
habilitaron dotaciones presupuestarias para cubrir 5.300 nuevas plazas de maestros
estatales y se completó la transferencia de las competencias estatutarias sobre
Educación a la Generalidad de Cataluña.
Una
de las primeras medidas que tomaron las nuevas Cortes fue la destitución inmediata, como Presidente
de la República, de Niceto Alcalá-Zamora,
acogiéndose al artículo 81 de la Constitución, que permitía cesarlo si éste
había disuelto las Cortes dos veces. El 26 de abril se organizaron unas elecciones
de compromisarios (el sistema de elección indirecta del Presidente de la República
que establecía la Constitución). El 10 de mayo, parlamentarios y compromisarios
eligieron a Manuel Azaña por 754 votos, con 88 en blanco (los de la CEDA) y 32
votos para otros políticos. Al día siguiente Azaña tomó posesión del cargo y
poco después encargó formar gobierno a Santiago
Casares Quiroga.
La conspiración militar contra la República
El
estrepitoso fracaso de la estrategia política gradualista de la CEDA en las
elecciones de febrero de 1936 dejó meridianamente claro para los enemigos de la
República que la única manera viable de acabar con ella era a través de la
insurrección armada. Todas las fuerzas conservadoras miraron entonces hacia el
ejército.
“No
cabía duda de que se cernía la sombra de un golpe sobre el nuevo gobierno: la
derecha no sólo se negaba a aceptar la legitimidad de su derrota, sino que era
presa del pánico colectivo. Muchos ricos huían del país, al tiempo que los
partidarios de la CEDA comenzaban a formar sus propias milicias o a prestar su
apoyo a una Falange beligerante y exultante (el cambio podría haberse decantado
hacia los carlistas, pero el fascismo estaba muy de moda). Renovación Española
también le prestó considerable respaldo, hasta el punto de que la pequeña
fuerza que había sido la Falange en febrero de 1936 atravesó un periodo de
rápido crecimiento. También se producía un incremento en el apoyo financiero
que hasta el momento la habían dado los miembros acaudalados de la oligarquía.
Renovación Española se vio tan afectada por la crisis electoral que se vio
obligada a disolverse, al tiempo que parecía claro que la CEDA no esperaba sino
el estallido de un golpe para hacer lo propio.
El
que la Falange y los carlistas pasaran a primer plano se debe a que defendían
abiertamente la necesidad de derrocar al régimen. Sin embargo, dado que
ninguno de ambos movimientos tenía probabilidades por sí solo de lograr sus
objetivos, la cuestión clave era la actitud del ejército. En esta institución
ya habían comenzado los preparativos de un golpe de estado. Así, en una reunión
que tuvo lugar en Madrid el 8 de marzo y a la que asistieron generales como Franco,
Fanjul y Mola, se acordó la organización de una insurrección bajo el mando
nominal del General Sanjurjo, que vivía exiliado en Lisboa. Sin embargo, no se
entró en más detalles, por lo que los presentes comenzaron a preparar dos
estrategias muy distintas. Mientras Fanjul comenzó a urdir un pronunciamiento a
la vieja usanza en Madrid, el mucho más reflexivo general Mola se dispuso a
formar un movimiento de mayor calado en el que se implicaran todas las
guarniciones de la península, el ejército de África, la Falange y los
carlistas.”
…
“Avisado
de que se preparaban disturbios en particular en Marruecos, el 17 de julio
Casares Quiroga ordenó a varios de los destructores amarrados en Cartagena que
se apostaran en el Estrecho de Gibraltar y mandó al comandante de las fuerzas
españolas en Melilla que arrestara a varios de sus subordinados. Éstos, sin
embargo, se le adelantaron: movilizando a varias tropas, secuestraron al general
al mando -Manuel Romerales Quinto-, nombraron comandante del ejército de África
a Franco, decretaron la ley marcial, ordenaron una batida general contra todos
los liberales e izquierdistas conocidos y ocuparon los edificios públicos y
locales militares clave. En el espacio de pocas horas, su ejemplo fue seguido
por el resto de guarniciones del Protectorado.”[35]
La
rebelión fracasó en la mayoría de las grandes ciudades del país, a excepción de
Sevilla (que resultó decisiva), pero triunfó en la Meseta Norte, Navarra,
Aragón, Galicia, Baleares, Andalucía Occidental, Canarias y Marruecos. El golpe
de estado había fracasado, pero el decidido apoyo a los rebeldes de la Alemania
de Hitler y la Italia de Mussolini creó una situación de empate técnico que
condujo a una larga Guerra Civil.
[2] Era, como
dijimos en otro capítulo anterior, el heredero político de Ruíz Zorrilla, que
rompió con los liberales constitucionalistas de Sagasta en los tiempos de “La
Gloriosa”, tras el asesinato de Prim (1870).
[3] GIL
PECHARROMÁN, JULIO: La Segunda República.
Esperanzas y frustraciones. Historia 16. Temas de hoy. Madrid.1996.
[4] Ibíd.
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
[8] Ibíd.
[9] Fernández Barbadillo, Pedro (31 de mayo
de 2013). «Los monárquicos que fueron a ver a Mussolini». Libertad Digital.
[10] «Datos para la historia». El
Requeté: 3. 1 de febrero de 1939.
[11] Canal i Morell, Jordi (2006). Banderas blancas, boinas rojas: una historia
política del carlismo, 1876-1939. Marcial Pons Historia.
[12] Rodríguez Jiménez, José Luis (1994). Reaccionarios y golpistas: la extrema
derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia,
1967-1982. CSIC. p. 112.
[13] Ferran Gallego, Ramiro Ledesma Ramos y el fascismo español. Editorial Síntesis.
Madrid 2005. Citado en https://es.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola (8/11/2020)
[14] Preston, Paul. Las tres Españas del 36. Plaza & Janes Editores. Barcelona
1998. Payne, Stanley G. (1997). Franco y José Antonio. El extraño caso del
fascismo español. Planeta. Y https://es.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola (8/11/2020)
[15] Payne, Stanley G. La primera democracia española. La Segunda República. 1931-1936,
Ediciones Paidós, Barcelona 1995.
[17] GIL PECHARROMÁN, JULIO: La Segunda República. Esperanzas y frustraciones. Historia 16. Temas de hoy. Madrid.1996.
[18] Ibíd.
[19] Ibíd.
[20] Ibíd.
[21] Ibíd.
[22] Ibíd.
[23] Ibíd.
[24] Ibíd.
[25] CHARLES S. ESDAILE
y ANTONY BEEVOR: El fin de la monarquía.
República y Guerra Civil. Historia de España. Tomo 18. El País. Madrid.
2007.
[26] CHARLES S.
ESDAILE y ANTONY BEEVOR: Ibíd.
[27] GIL
PECHARROMÁN, JULIO. Ibíd.
[28] GIL
PECHARROMÁN, JULIO. Ibíd.
[29] González Calleja, Eduardo (2011). Contrarrevolucionarios: Radicalización
violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936. Alianza Editorial
[30] Vidarte, Juan-Simeón (1973). Todos fuimos culpables. Fondo de Cultura
Económica.
[31] Vidarte,
Juan-Simeón. Ibíd.
[32] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Portela. 20/11/2020.
[33] GIL
PECHARROMÁN, JULIO. Ibíd.
[34] Ibíd.
[35] CHARLES S.
ESDAILE y ANTONY BEEVOR: Ibíd.
