Manolo Monereo,
hace algún tiempo, dijo:
“El
PSOE ha sido el partido del régimen del 78 y su futuro está unido a él. […] los fundamentos y los consensos básicos del
actual régimen los ha marcado el Partido Socialista. Esa es su grandeza y su
debilidad.”[1]
No
resulta fácil explicar cómo fue posible que, tras 40 años de dictadura, con un
ejército, un poder judicial y unos cuerpos de seguridad del Estado que eran
hijos de la misma y su principal sostén, con una clase empresarial que había
prosperado bajo las reglas de juego que ésta había establecido, bastaran 7
años, a contar desde la muerte del dictador, para que un partido que había
formado parte de los gobiernos del Frente
Popular durante la Guerra Civil -el
bando que había sido derrotado en el campo de batalla- y prohibido desde
entonces, ganara limpiamente unas elecciones y consiguiera el 57 % de los
escaños del Congreso de los Diputados,
la mayor victoria electoral que hemos conocido en España desde 1977. Y tampoco
que fuera capaz de seguir ganando elecciones de manera consecutiva hasta 1993,
sin encontrar demasiada resistencia por parte de un aparato del Estado que
había heredado directamente del franquismo.
Para
intentar volver comprensible la naturaleza del proceso histórico que hizo
posible esta realidad publicamos hace unos meses el artículo “El contexto internacional de la Transición
española”[2] en el
que básicamente presentamos ésta como un proceso tutelado desde el exterior. Si
no hubiera sido así estoy convencido de que el desarrollo de los
acontecimientos hubiera seguido unos derroteros muy diferentes. España, pese a
sus peculiaridades históricas, en la etapa de la Guerra Fría, era un país más del Occidente europeo, y estaba siendo
sometido a una estrecha vigilancia desde los grandes centros de decisión
occidentales.
En
el anterior artículo ya vimos los resultados electorales que arrojaron las
elecciones generales celebradas en España el 28 de octubre de 1982:
Poco
después, el 1 de diciembre, Felipe
González tomaba posesión como Presidente de Gobierno y cerraba un círculo
que se abrió en 1939. La esperanza que millones de españoles depositaron en ese
gobierno hizo posible algo que muy pocos esperaban, que un gobierno socialista no sólo ganara unas
elecciones por mayoría absoluta (algo que volvió a repetir en 1986 y 1989) sino
que, además, se asentara en el poder político y permaneciera en él durante los
siguientes 14 años (hasta 1996) y que se convirtiera en la fuerza política
vertebradora del Régimen del 78.
Escribo estas líneas en 2023, 46 años después de las primeras elecciones del
post franquismo (15 de junio de 1977) y durante ese tiempo los partidos que han
gobernado España han sido el PSOE (26 años, 4 de ellos en coalición con Unidas Podemos), PP (15 años) y UCD (5 años).
El PSOE ha estado gobernando en España el 56 % de todo ese periodo, a pesar de
haber heredado un aparato del Estado venido directamente del franquismo.
Es
obvio que, pese a la hueca retórica electoral, las clases dominantes españolas
no han tratado al PSOE de Felipe González y de sus sucesores como lo hubieran
hecho con la fuerza política heredera del de la Segunda República. El PSOE “Renovado” contó desde el principio con
el aval de la Internacional Socialista,
pero también fue tutelado por ella y así fue percibido desde el primer momento
por todos los actores políticos presentes en nuestro país:
“El
apoyo de los europeos a los demócratas españoles les robó a los enemigos de la
derecha de la democratización, que todavía tenían el poder político de facto,
su argumento más importante, a saber, que España estaría en el camino correcto
hacia el caos y el comunismo”
Walter
Haubrich [3].
La
Internacional Socialista es, con
diferencia, la más poderosa formación política supranacional europea y la que
más ha influido históricamente en el diseño del orden político actual. Si ignoramos
ese dato nos será imposible calibrar adecuadamente el desarrollo histórico que
ha tenido lugar en nuestro continente desde 1945.
El primer gobierno socialista
“Felipe
es un hombre pragmático y tiene dos horizontes en mente cuando llega a la
Moncloa: España y Europa. Sabe que el país ha de modernizarse si quiere
ingresar en las Comunidades Europeas. Su referente no es Mitterrand […] sino Olof Palme, Willy Brandt, Bruno Kreisky…,
La socialdemocracia del centro y del norte de Europa.”[4]
“La
nueva crisis del petróleo desencadenada en 1979 y la difícil situación política
que arrastra el país desde 1980 dibujan un preocupante panorama en 1982: inflación
que no desciende del 14 % anual, 16,5 % de la población activa en paro, gasto
público creciente para sufragar subsidios de desempleo y pensiones. Y todo
ello, combinado, arroja un déficit público que alcanza el 5,6% del PIB, en
medio de una economía que solo crece al 0,5 % entre 1979 y 1982, con una
balanza de pagos deficitaria (2 % del PIB) y una inversión extranjera en franca
retirada.”[5]
Desde
el primer momento el nuevo gobierno socialista se dedicó, con la inestimable
ayuda de sus patrocinadores europeos, a hacer las reformas estructurales que
los gobiernos de la derecha no habían sido capaces de llevar a cabo: reconversión
industrial, liberalización del sistema financiero, saneamiento de la banca
privada, reforma del mercado laboral, control de la inflación y del déficit
público…
“[Felipe
González] apostó por una línea liberal en
lo económico que se complementó con la puesta en marcha de un Estado del Bienestar
potente. He aquí el rastro «socialdemócrata», no menor, de las políticas
llevadas a cabo por González y su gobierno.”[6]
Inmediatamente
pusieron en marcha un Plan de Choque
cuyo elemento más visible y traumático fue la reconversión industrial:
“En
noviembre de 1983, se aprobaba un decreto-ley que afectaría a un tercio de la
actividad industrial española, principalmente a la siderometalurgia, la
construcción naval y el sector textil. El coste de la operación rondó el billón
y medio de pesetas, y unos ochenta mil trabajadores se verían afectados entre
1983 y 1987, quedando en la calle porque numerosas empresas cerraron. Cádiz,
Bilbao, Vigo, Gijón, El Ferrol y Sagunto registraron intensas protestas y
serios enfrentamientos con la policía, desbordada a veces ante la desesperación
de unos trabajadores que perdían masivamente su empleo”.[7]
El
gobierno socialista en su primera legislatura no sólo cerró multitud de
empresas, en su mayor parte pertenecientes al Instituto Nacional de Industria (INI), también privatizó las “joyas de la corona”, la más importante
de las cuales fue, indudablemente, la mayor fábrica de automóviles que había en
el país, SEAT, con 23.000
trabajadores, que fue vendida al grupo
Volkswagen en 1986.
Hubo,
igualmente, expropiaciones de grupos privados en quiebra técnica, como fue el
caso de RUMASA, en 1983, uno de los
holdings industriales más importantes que había en el país, con 400 empresas (entre
ellas 20 bancos) y 45.000 empleados, propiedad del empresario José María Ruiz Mateos:
“Aquella
nacionalización no fue definitiva, sino solo temporal, pues los bancos y
empresas expropiadas pronto serían reprivatizadas en un proceso polémico,
cargado de irregularidades y en el que los grandes beneficiarios fueron
aquellos particulares con suficiente capital como para hacerse con los restos
del naufragio del gigante empresarial. La expropiación de Rumasa fue, en el
fondo, una nacionalización de pérdidas, pues el gobierno constataría, al
hacerse con la sala de máquinas del grupo a finales de 1983, que la compañía
había perdido hasta aquel momento 350.000 millones de pesetas. Se calcula que
el coste de aquella expropiación podría haber rondado los 800.000 millones de
pesetas, y aunque algunos liberales recalcitrantes llegaron a escribir que la
lógica del mercado hubiera solucionado, por sí misma, la trayectoria errática
de Rumasa, lo cierto es que su naufragio habría supuesto un auténtico terremoto
en una economía como la española, aún muy poco dinámica, muy estatalizada y
alejada de los parámetros de crecimiento y modernidad europeos.”[8]
Todas
estas decisiones tomadas por el flamante gobierno socialista, el primer
gobierno de izquierdas en 40 años, terminará llevándolo a un enfrentamiento
abierto con los sindicatos. Las poderosas CCOO y UGT, obviamente, pese a las
vinculaciones ideológicas y orgánicas que tenían con el PSOE, especialmente en
el caso de UGT, el sindicato socialista:
“La
escenificación de la ruptura entre UGT y el gobierno socialista se produciría
en mayo de 1985, cuando hubo de votarse en el Congreso de los Diputados la
reforma del sistema de pensiones. Esta reforma definía unas vías de acceso a las
pensiones contributivas más estrictas, exigiendo un mayor periodo de cotización
y aplicando de manera más rigurosa la proporcionalidad entre lo cotizado y lo
recibido. Pese a que esta reforma permitió el acceso de más personas al sistema
de pensiones, el plan disgustó a Nicolás Redondo, líder de UGT y diputado por
el PSOE en el Congreso, quien rompió la disciplina de voto del partido y votó
contra la reforma. Comenzaba un cisma en el propio sindicato y un alejamiento
progresivo de éste con respecto al gobierno. El 20 de julio de 1985 se
convocaba una huelga general en España que contaría con gran seguimiento en el País
Vasco. UGT no se sumaría a la huelga, si bien convocó el 4 de junio una gran
manifestación en Madrid contra el ejecutivo.”[9]
Conforme
avanzan los años 80, el pulso entre gobierno y sindicatos se va endureciendo,
culminando en la Huelga General del 14 de
diciembre de 1988:
“Los
sindicatos […]
convocaron el 14 de diciembre de 1988 una huelga general que exigía, entre
otras cuestiones: el aumento de la cobertura por desempleo al 48 % de los
parados, la recuperación del poder adquisitivo de salarios y pensiones
debilitadas por la inflación, la equiparación de las pensiones mínimas con el
salario mínimo interprofesional, el reconocimiento del derecho a la negociación
colectiva por parte de los funcionarios y la derogación del Plan de Empleo Juvenil.
[…] la huelga de diciembre de 1988
supuso un éxito para los sindicatos y un serio varapalo para el gobierno
socialista. En torno a nueve millones de españoles se movilizaron, paralizando el
país sin serios incidentes, aunque con gran tensión en las calles. El gobierno
acusó el golpe, pues la huelga le restaba apoyo social y ponía en peligro las
reformas estructurales aplicadas sobre una economía en proceso de saneamiento.
También tuvo la huelga una importante consecuencia en el mundo sindical, pues
provocó el acercamiento entre UGT y CCOO. Así, puede concluirse que, a finales
de los ochenta, la oposición cierta al PSOE venía de los sindicatos y de
algunos medios de comunicación, pues la vida parlamentaria era dominada por una
mayoría absoluta socialista que, como un rodillo, se imponía contra la débil y
descoordinada oposición parlamentaria.”[10]
La
Huelga General de 1988 ha sido la más
amplia de todas las que han tenido nunca lugar en España. Ese día se paralizó,
literalmente, todo el país. Hasta desapareció el tráfico de las grandes
ciudades. Hay imágenes de ese día del Paseo de la Castellana, en Madrid, a
media mañana, absolutamente vacía (¡en un
día laborable del mes de diciembre!). La jornada fue, no obstante,
totalmente pacífica. Hay que tener en cuenta que los dirigentes, tanto del
partido del gobierno como de los dos grandes sindicatos, eran muy afines desde
el punto de vista ideológico. La huelga fue concebida como un poderoso pulso
previo a una negociación que sería dura. Esa “rebelión” de la sociedad en las
calles contra el gobierno socialista no le impidió a éste volver a revalidar su
mayoría absoluta en las elecciones de 1989 y volver a ganar otra vez (esta vez
con mayoría relativa) en 1993.
Es
precisamente el gran ascendiente con el que contaron los gobiernos del Partido Socialista entre las clases
trabajadoras y su disciplina a la hora de acatar las directrices trazadas desde
la Internacional Socialista lo que
les permitió ganarse también el respecto, desde primer momento, tanto de las
clases empresariales como de la mayoría de las personas que habían formado
parte del aparato del Estado durante el franquismo. Todos ellos fueron
plenamente conscientes de que la dura reconversión industrial y el saneamiento
de la economía española siguiendo parámetros que conducían a una confluencia con
el resto de países de la Comunidad
Económica Europea hubiera sido casi imposible de culminar por gobiernos de
los partidos de la derecha. La extraordinaria potencia alcanzada por el movimiento obrero en la España de los
años setenta no era posible revertirla siguiendo sólo una estrategia de
confrontación para poder llevar a cabo tales políticas. Este hecho básico es el
que da sentido al párrafo de Manolo
Monereo con el que abrimos este artículo.
La
permanencia en la OTAN
España
entró en la OTAN durante el gobierno de Calvo Sotelo. El PSOE votó en contra
del ingreso en el debate que al respecto tuvo lugar en el Congreso de los Diputados,
e hizo campaña en esa línea con el ambiguo lema: “OTAN, de entrada no”, que todo el mundo interpretó como un rechazo
explícito pero que, en realidad, dejaba la puerta abierta para un posterior
cambio de postura, que fue lo que finalmente terminó sucediendo.
Nuestro
país llevaba negociando el ingreso en la Comunidad
Económica Europea desde 1977, con muy pocos avances hasta 1982. Los
socialistas sabían que salir de la OTAN y entrar en la CEE simultáneamente eran
dos movimientos totalmente contradictorios entre sí, que no serían entendidos
por sus socios europeos y que el primero tendría un importante coste tanto
político como económico. Sin embargo siguieron jugando con la ambigüedad que ya
demostraron en la campaña contra el ingreso, utilizando nuestro posible
abandono como una forma de presionar a sus socios europeos en la negociación
para el ingreso en la Comunidad Europea. La estrategia tuvo éxito. El 1 de
enero de 1986 nos incorporábamos al Mercado
Común. Inmediatamente después se abordó el prometido referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN que el PSOE llevaba
en su programa electoral de 1982, pero por el camino había cambiado de postura:
“El
Congreso de los Diputados autorizaría la celebración del referéndum en febrero
de 1986, con 207 votos a favor, 103 en contra y 20 abstenciones. En desacuerdo
con la decisión de González, Fernando Morán dimitió como ministro de Asuntos Exteriores
y fue sustituido por Fernández Ordóñez.
El
nuevo ministro puso la proa hacia la celebración del referéndum, defendiendo la
consabida postura del PSOE: sí a la permanencia, por responsabilidad. La fecha
fijada para la consulta era el 12 de marzo de 1986 […] El 40% de los españoles convocados al
referéndum se abstuvieron, y de aquellos que votaron, el 52% lo hizo a favor de
que España siguiera en la OTAN, mientras que el 39% lo hizo en contra. «En
interés de España», fue el eslogan del PSOE, que consiguió en las Comunidades
bajo su dominio el suficiente apoyo como para conseguir ese 52% de votos
positivos que aseguraban la permanencia de España en la OTAN, reforzaban la autoridad
del presidente González y rebajaban la tensión política tanto dentro como fuera
del gobierno.
[…]
A
partir de ese momento, las relaciones de España con Estados Unidos
experimentaron un interesante cambio, iniciado con la negociación del convenio
defensivo entre ambos países. En esa negociación, el gobierno socialista exigió
a los Estados Unidos la reducción sustancial de sus tropas en suelo español,
tal y como se reflejaba en la propuesta que González había hecho en el Congreso
de los Diputados en octubre de 1984, cuando expuso su opinión con respecto a la
permanencia de España en la OTAN. Los estadounidenses protestaron ante tal
decisión, pero la resuelta actitud de González al anunciar que, de no llegar a
un acuerdo, no estaba dispuesto a prorrogar el convenio firmado con Estados Unidos
en 1982 -acuerdo que expiraba en mayo de 1988- hizo cambiar a Washington de
actitud. La negociación del nuevo convenio bilateral se desbloquearía y, en
enero de 1988, ya se firmaba un nuevo acuerdo entre España y Estados Unidos mediante
el cual éstos reducían su presencia militar a las bases de Morón y Rota.
Siguiendo la política estadounidense de aquellos años, aplicada con sus socios
europeos en pleno epílogo de la Guerra Fría, Washington retiraba efectivos
militares de puntos antaño conflictivos y se limitaba a una presencia menos
evidente, aunque existente e inspirada, sobre todo, en intereses relacionados
con el control geoestratégico y el apoyo logístico.[11]
En
cuanto a los compromisos que la OTAN adquiría con España, la organización
atlántica aseguraba la defensa del territorio, el espacio aéreo y marítimo
nacional. A cambio, el gobierno español se comprometía a facilitar que la OTAN desarrollara
operaciones aéreas y navales tanto en el Atlántico oriental como en el Mediterráneo.
Asimismo, permitiría el control del estrecho de Gibraltar y la utilización del
territorio español como zona de tránsito y soporte logístico. Esta
participación de España en la OTAN daría lugar al ingreso de nuestro país en la
Unión Europea Occidental (UEO) -otra de las condiciones fijadas por la
organización atlántica- en el año 1990.”[12]
El
proceso se llevó a cabo de tal manera que la imagen que se trasladó hacia el
exterior era que la población de nuestro país era anti-OTAN y que sólo la
permanencia de los socialistas en el gobierno podía garantizar, a largo plazo,
el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Esa imagen daría
fuerza negociadora a nuestros representantes políticos en los diversos foros
internacionales, que aplicaron así la vieja estrategia sindical conocida como “presión-negociación”. Pero, por el camino,
el gran ascendiente con el que contó el PSOE entre las clases trabajadoras
desde 1982 no paró de erosionarse.
El ingreso de España en las Comunidades
Europeas
“Desde
1977 hasta 1982, cuando los socialistas llegaron al gobierno, solo se habían cerrado
seis de los dieciséis capítulos que articulaban la negociación. Los referidos a
la agricultura y la pesca resultaban los más peliagudos al encontrarse con los
continuos obstáculos puestos por Francia, temerosa siempre de que la entrada de
España en la comunidad repercutiera negativamente en la situación de sus
agricultores y ganaderos, habida cuenta de las buenas condiciones competitivas
que presentaban estos sectores en España. […] con la apuesta por la integración de España
y Portugal, Alemania conseguía diluir el peso de Francia, pues los nuevos
países -y principalmente España- suponían una verdadera competencia frente a
los galos.”[13]
La
alianza germano-española debilitaba la posición estructural de Francia en la Comunidad Económica Europea y reforzaba
la hegemonía alemana en ella. Esto explica las importantes reticencias
francesas a nuestra entrada en la misma. España, como hemos visto, era una
formidable competidora de Francia en temas agrícolas. En las relaciones franco-españolas
había, además, otro punto conflictivo que era ETA. La organización terrorista
venía utilizando desde los años 60 el territorio francés como santuario, donde
sus comandos se replegaban después de cada atentado, esto representaba un
importante problema de orden público para las autoridades españolas, tuvieran
el color político que tuvieran. Todos estos elementos estaban presentes en la
negociación de manera explícita o implícita, contaminándose entre sí. En
política nada es blanco o negro, sino que todo se mezcla, influyéndose
mutuamente los factores más insospechados que podamos imaginar. La debilidad
estructural de nuestro país en la arena internacional nos obligaba a aceptar
algunas condiciones que importantes sectores de la población rechazaban pero,
paradójicamente, ese rechazo nos daba fuerza negociadora.
El Estado del Bienestar
En
los años ochenta tuvo lugar un importante desarrollo económico, pero a costa de
una significativa pérdida de soberanía. Obviamente nuestro ingreso en las Comunidades Europeas y en la OTAN tuvo como consecuencia un
importante trasvase de poder político hacia esos dos espacios supranacionales.
También tuvo lugar un importante desarme arancelario que continuaría durante
los años noventa y la llegada de grandes capitales extranjeros que se adueñarían
de buena parte de los sectores productivos más rentables del país y la
profundización en el modelo de desarrollo del turismo de sol y playas que ya el
franquismo inició, lo que nos volvía muy dependientes de la entrada masiva
estacional de visitantes extranjeros y de los flujos organizados por las
grandes turoperadores internacionales.
El
paro siguió aumentando hasta mediados de la década y después comenzó a remitir
muy despacio, tanto que se convirtió en un fenómeno estructural en la economía
española que la ha caracterizado desde entonces. También se iría controlando la
inflación de manera paulatina, así como la deuda. En paralelo irían mejorando
los indicadores sociales globales. Los trabajadores conseguirían por fin las 40
horas de trabajo semanales por ley y el mes de vacaciones:
“Al
iniciarse los años noventa ya se alcanzaba en España la universalización de las
pensiones, la educación y la sanidad.
Las
pensiones fueron mejorando al elevar la retribuciones ya existentes –contributivas-
e incorporar al modelo las «pensiones asistenciales», mediante las cuales
nuevos sectores de la población que hasta entonces nada percibían del sistema
ahora empezaban a beneficiarse de él. Esta política generó un gasto de 1,3
billones de pesetas en 1982, que llegaría a ser de 6,5 billones en 1995,
montante que ascendía a una cuarta parte del gasto público total. En torno a 7
millones y medio de pensionistas se beneficiaban del modelo.
La
educación también consumió grandes esfuerzos y, por supuesto, un importante
gasto público. Se calcula que ese gasto creció un 120% entre 1982 y 1995. El
4,2 del PIB se invertía en educación, un dato que nos acercaba a la media
europea que se situaba en el 5,2%. La aprobación de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) en el año 1990 permitió que la enseñanza
obligatoria se extendiera hasta los 16 años, amplió la formación profesional y
reorganizó los niveles educativos no universitarios según las pautas
predominantes en los países de la OCDE. Las becas ofrecidas experimentaron un
alza considerable -de 160.000 en 1982 a 750.000 en 1992- y se multiplicaron por
seis los recursos destinados a tal fin. El porcentaje de la población
escolarizada entre los 4 y los 23 años situaba a España en el décimo lugar del
mundo en 1980, situación que sería superada ampliamente en el ranking de 1988, cuando España se situó en el
cuarto puesto, solo superada por Canadá, Estados Unidos y Francia. Por otra
parte, la ratio profesores / alumnos evolucionó favorablemente en los niveles
educativos obligatorios, aunque no en la universidad, donde el número de
alumnos se multiplicaba exponencialmente: de 700.000 en 1982 a 1,2 millones en
1992. Con todo, la educación pública mejoraba, de lo cual daba buena cuenta el
hecho de que la demanda educativa fuera desplazándose de la enseñanza privada a
la pública a lo largo de los años ochenta.”
[…]
En
cuanto a la sanidad, la Ley General de Sanidad que fue aprobada en 1986 puso en
práctica un sistema de salud nacional que proporcionaba una cobertura universal
financiada, fundamentalmente, por el presupuesto público, y no mediante las
cotizaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, que era el
modelo utilizado hasta ese momento. Así, en 1992, el 70% del sistema sanitario
español era financiado por el estado. Ello produjo un aumento progresivo del
gasto público dedicado a la sanidad. Ese gasto venía creciendo desde 1982 y
aumentaría, considerablemente, a partir de 1988, cuando se generalizó el derecho
a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Así, en el año 1992, la
financiación del sistema de salud suponía el 5,4% del PIB, y daba cobertura a casi
toda la población española.[14]”[15]
Tras
el ingreso de España en las Comunidades Europeas (enero de 1986) y el
referéndum sobre la OTAN (marzo) la presencia de España, ya claramente alineada
en el Bloque Occidental, en los foros internacionales dio un salto formidable:
“Fue
en Latinoamérica donde el rol protagónico de España resultó evidente, sobre
todo en la mediación entre este espacio y la Unión Europea. Además de servir
como puente entre Latinoamérica y Europa, España impulsó proyectos propios en
el centro y sur del continente, como la Comunidad Iberoamericana de Naciones,
nacida en julio de 1991. La celebración, en 1992, del V Centenario del Descubrimiento
de América intensificó la relación de España con sus países hermanos,
proyectando al otro lado del Atlántico una imagen de país moderno y próspero.”[16]
Los
grandes cambios políticos que tuvieron lugar en todo el mundo a partir de la
caída del Muro de Berlín (9 de
noviembre de 1989) tuvo como consecuencia a medio plazo la implicación de
España en diversos conflictos armados internacionales.
“El
2 de agosto de 1990 Irak invadió Kuwait por sorpresa, lo cual provocó una
respuesta de Estados Unidos y sus aliados que no tardó en involucrar a España.
El despliegue militar de la comunidad internacional sobre las inmediaciones del
Golfo Pérsico conllevó que España, siguiendo sus compromisos con la ONU y la UEO,
aportara una fragata y dos corbetas en funciones de apoyo logístico y nunca de
combate, pues España había logrado de sus aliados el compromiso de que su
intervención en la Guerra del Golfo no implicaría involucrarse en operaciones
bélicas. Aun así, el firme apoyo de González al Presidente Bush y la
participación de naves españolas en aquel episodio -siquiera en misiones
logísticas- convirtieron a España en un aliado bien valorado en Washington. El
papel de España en aquella «primera guerra del Golfo» evidenció que nuestro
país estaba plenamente integrado en el bloque occidental.”[17]
A
lo largo de los años noventa tuvieron lugar las diversas guerras yugoslavas,
varias de las cuales terminaron con la presencia de cascos azules de la ONU separando a las fuerzas de los bandos
enfrentados, en las que los españoles tuvieron una presencia significativa. Los
cascos azules españoles presentes en
la ciudad bosnia de Mostar llegaron a
desempeñar un importante papel en la pacificación de la zona que fue reconocido
por ambas partes.
España,
en esa época, actuó de país mediador en multitud de conflictos internacionales
(El Salvador, Nicaragua, Honduras, Namibia, Angola…). Como un reconocimiento
implícito a esa tarea realizada se convirtió en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 1993,
con un mandato de dos años.
El
5 de diciembre de 1995 el hasta entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, fue elegido Secretario General de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), permaneciendo en el cargo hasta octubre
de 1999.
Los problemas internos
El
indudable desarrollo económico de los años 80 alimentó lo que dio en llamarse
entonces “la cultura del pelotazo”,
que se tradujo en un crecimiento de la corrupción y la especulación económica
que terminó saltando a las primeras planas de los periódicos como una
característica típica de aquella época.
A
principios de los años 90 estallan varias burbujas especulativas que llevaban
años incubándose. Los casos más conocidos fueron los de KIO y del Grupo Torras,
que se descubrieron a partir de la dimisión del vicepresidente de Torras, Javier de la Rosa, y el caso BANESTO:
“El
caso Banesto fue una trama de corrupción empresarial en el Banco Español de
Crédito que estalló a finales de 1993, en España, y terminó con la condena
judicial de los entonces responsables del banco, con su presidente Mario Conde
a la cabeza por delitos de estafa y apropiación indebida.”[18]
El
Banco Español de Crédito (BANESTO)
había sido hasta entonces el mayor banco de España, dueño de la empresa Petróleos del Mediterráneo, e importante
accionista en Unión Explosivos Río Tinto
(ERT), Acerinox (sector siderúrgico),
Agromán (construcción), Asturiana de Zinc (minería), Carburos Metálicos (química), Petromed (petroquímica) o La Unión y El Fénix Español (seguros),
tenía siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000
trabajadores y 50 empresas participadas.
“La
existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000
millones de pesetas) llevó el 28 de diciembre de 1993 al Banco de España a
intervenir Banesto y a destituir a todo el consejo de administración, incluido
su presidente, Mario Conde.”[19]
La
intervención del estado en el Banco Español de Crédito fue la segunda en
volumen de las que los gobiernos de Felipe González (1982-1996) llevaron a cabo
pero, en este caso el coste económico del agujero patrimonial lo asumieron el
medio millón de accionistas que la entidad tenía, en vez del estado como
ocurrió en el caso RUMASA.
Los
escándalos políticos también proliferaron en los años 90. Quizá el más
destacado de todos fue el caso Juan
Guerra:
“El
llamado caso Guerra fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra,
hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra.
A
finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un
despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de
asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes. El
despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, según
algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los
delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación,
malversación de fondos y usurpación de funciones.
[…]
Alfonso Guerra se vio forzado a dimitir como vicepresidente del Gobierno en
enero de 1991[20].
Como
explicaron Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga:
En
1991, el vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra presentó su dimisión,
salpicado por el escándalo familiar de acusación de tráfico de influencias.
Este olor a podrido y a dinero sucio (...) tizna al Partido Socialista, que
denunciado por corrupción toca fondo en su desprestigio electoral cuando en la
primavera de 1993 decide adelantar los comicios.[21]
Finalmente,
en 1995, Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan
José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron
de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de
42.103.742 pesetas cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral
de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 24.933.200 y 34.860.000
pesetas respectivamente.”[22]
…
“Tras
el caso de Juan Guerra, las revelaciones entre abril y mayo de 1994 debilitaron
al gobierno con una serie de escándalos que provocaron la dimisión de varios
ministros en funciones o ya retirados. En los más graves estuvieron implicados
los máximos responsables de instituciones nacionales hasta entonces muy
respetadas: Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y Luis Roldán, el
primer director general de la Guardia Civil ajeno al mundo militar. […] Rubio cumplió una breve condena de prisión
por fraude fiscal y por proporcionar información privilegiada al «chiringuito
financiero» Ibercorp. También fue encarcelado el presidente de Ibercorp, Manuel
de la Concha, expresidente de la Bolsa de Madrid. Entre los beneficiarios de la
estafa se encontraban Miguel Boyer, Isabel Preysler y varias personalidades del
mundo de las finanzas. Esto llevó a la dimisión de Carlos Solchaga, portavoz
parlamentario del Gobierno que, como ministro de Hacienda, había nombrado a Rubio.
También provocó la dimisión de Vicente Albero, ministro de Agricultura, quien
reconoció haber cometido fraude fiscal con su participación en la estructura
defraudadora creada por De la Concha.”[23]
Otro
caso que dejará bastante tocado al gobierno socialista fue el de Luis Roldán, el primer Director General de la Guardia Civil no
militar de la historia, que fue detenido por haber amasado una fortuna gracias
al cobro de comisiones ilegales y de la apropiación de fondos reservados del Ministerio del Interior. En abril de
1994, cuatro meses después de su detención, se dio a la fuga.
Los sumarios del GAL
Pero
lo que más daño terminó haciendo a los gobiernos de Felipe González fueron los sumarios
del GAL:
“Los
Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales
que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización
terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno entre 1983 y 1987. Durante
el proceso judicial contra esta organización fue probado que estaba financiada
por altos funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno socialista de
Felipe González.
Aunque
combatían a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por
responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su
territorio impunemente»[24],
también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron
ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.[25]”[26]
Una
serie de periodistas del diario vasco Deia
iniciaron la investigación y difusión de dichas acciones terroristas a la que
se unió después Diario 16 y más
adelante El Mundo. Estas
investigaciones terminaron dando como resultado “50 sumarios instruidos por jueces de España, Francia, Portugal, Italia
y otros países de Europa, 100.000 páginas estudiadas y 7.000 fichas
elaboradas.”[27]
Los
procedimientos llevados a cabo en España tuvieron como consecuencia la condena (sólo
en el Caso Marey, uno el de los cincuenta
sumarios citados[28]), por parte
del Tribunal Supremo de las siguientes
personas:
·
José Barrionuevo, ministro de
Interior,
por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de
inhabilitación absoluta.
·
Rafael Vera, secretario de Estado
para la Seguridad,
por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de
inhabilitación absoluta.
·
Ricardo García Damborenea,
secretario general del PSOE en Vizcaya,
por secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación.
·
Francisco Álvarez, jefe de la Lucha
Antiterrorista,
por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de
prisión y 11 de inhabilitación.
·
Miguel Planchuelo, jefe de la
Brigada de Información de Bilbao,
por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de
prisión.
·
José Amedo, subcomisario de la
policía,
por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de
prisión.
·
Julián Sancristóbal, Gobernador
civil de Vizcaya,
por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de
inhabilitación absoluta.
·
Michel Domínguez, policía, por cómplice del delito de
secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de prisión, y a inhabilitación por
el mismo tiempo.
·
Enrique Rodríguez Galindo, general
de la Guardia Civil,
por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a
inhabilitación.[29]
·
Ángel Vaquero, ex teniente coronel
de la Guardia civil,
por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a
inhabilitación.[30]
·
Julen Elgorriaga, exgobernador
civil de Guipúzcoa,
por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a
inhabilitación.[31]
Con
este cuadro de condenados es fácil inferir la implicación del Presidente del Gobierno
-Felipe González- en la trama, aunque
no hubiera ninguna prueba incriminatoria directa contra él. Todo apunta a que
él era el misterioso “Sr. X” con el
que los medios de comunicación bautizaron al jefe supremo de los GAL.
El
desgaste político que González y su último gobierno sufrieron durante la
legislatura 1993-1996, debido a las continuas referencias en la prensa tanto de
los sumarios abiertos en las investigaciones y los juicios relacionados con los
GAL como con los casos de corrupción citados antes, así como los relacionados
con la llamada “cultura del pelotazo”
(casos BANESTO, KIO, Torras…) Fueron erosionando de forma cada vez más
acelerada el formidable capital político con el que el PSOE partió en 1982.
Las elecciones de 1996
La
de 1993-1996 fue como conocida como la “Legislatura
de la crispación”. Todos los casos que hemos citado alimentaron unos
debates parlamentarios cada vez más broncos. A lo largo de la misma se fueron
sucediendo las dimisiones de ministros del gobierno (Carlos Solchaga, José Luis Corcuera, Antoni Asunción, Vicente Albero…)
que el líder de la oposición y presidente del PP, José María Aznar, aprovechó a fondo para exigir elecciones
anticipadas. Su frase más característica en esa época era “Váyase, señor González”.
“Sus
constantes ataques dieron fruto en las elecciones europeas de junio de 1994, en
las que el voto al PSOE cayó del 39,6 por ciento, de 1989, al 30,7 por ciento,
mientras que el voto al PP aumentó del 21,4 por ciento, en 1989, al 40,2 por ciento.
La inercia pasó a favorecer claramente al PP y comenzó a parecer probable que
Aznar presidiera el próximo Ejecutivo”[32]
Mientras
tanto, España había entrado en recesión:
“La
peseta se había devaluado tres veces desde junio de 1992 y el paro se había
disparado al 23 por ciento. Gracias a la llegada de fondos de la Unión Europea
y varias reformas estructurales llevadas a cabo por Pedro Solbes, lo peor de la
recesión había pasado a finales de 1994. Sin embargo, las derrotas en las
elecciones autonómicas de Galicia y en las europeas y el aumento masivo de los
votos del PP en muchos municipios indicaban que la hegemonía socialista tocaba
a su fin. A principios de 1996, Felipe González se vio obligado a convocar
elecciones para el 3 de marzo, aunque no debían celebrarse hasta julio de 1997.
El detonante fue, en otoño de 1995, la retirada del apoyo al proyecto de
presupuestos generales del Estado del Gobierno socialista para el año siguiente
por parte de su aliado parlamentario, la coalición catalana Convergència i Unió
(CiU) de Jordi Pujol.”[33]
Los
resultados de las elecciones generales de 1996 fueron los siguientes:
En
el Pleno de Investidura José María Aznar
contó con el respaldo de su partido (PP), así como de Convergència i Unió (CiU), Partido
Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición
Canaria (CC). El Partido Socialista
dejaba el gobierno en el que había permanecido cuatro legislaturas (14 años) y Felipe González pasaba a la historia.
[3] Walter Haubrich: Spaniens
schwieriger Weg in die Freiheit: Von der Diktatur zur Demokratie (El
difícil camino de España hacia la libertad: de la dictadura a la democracia),
(vol.2, 1975-1977), p. 10.
[4] Alfonso Pinilla García: La Transición en España. España en
Transición. Alianza Editorial. Madrid. 2021. p. 205.
[5] Charles Powell: España en democracia. 1975-2000. Barcelona. Plaza y Janés. 2002. p.
341. Citado en Ibíd. p. 206.
[6] Alfonso Pinilla García: Ibíd. p. 208.
[7] Ibíd. p. 209.
[8] Charles Powell: España en democracia. 1975-2000. Barcelona. Plaza y Janés. 2002. p. 351. Citado en Ibíd. p. 206. Alfonso Pinilla García: Ibíd. pp. 211-212.
[9] Alfonso Pinilla García: Ibíd. pp. 213-214.
[10] Ibíd. pp. 216-217.
[11] Charles Powell: Ibíd pp. 464-475.
[12] Alfonso Pinilla García: Ibíd. pp. 242-244.
[13] Ibíd. pp. 237-238.
[14] Vicente Navarro y Javier Elola:
“Análisis de las políticas sanitarias españolas, 1975-1992”. Sistema, 12 de mayo de 1995, p. 38.
[15] Alfonso Pinilla García: Ibíd. pp. 223-225.
[16] Ibíd. pp. 246-247.
[17] Ibíd. pp. 244-245.
[18] https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto (19/6/2023)
[19] https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Banesto (19/6/2023)
[20] Heywood, Paul M. (2005). «Corruption,
democracy and governance in contemporary Spain». En: Sebastian Balfour (Ed.). The Politics of Contemporary Spain
(Londres y Nueva York: Routledge): 39-60. ISBN 0-415-35677-6.
[21] Fernando García de Cortázar y José Manuel
González Vesga, Breve historia de
España, pg. 639.
[22] https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Guerra (19/6/2023)
[23] Paul Preston: Un pueblo traicionado. Penguin Random House Grupo Editorial, SAU.
Barcelona. 2019. pp. 561-562.
[24] Barbería, José Luis (15 de diciembre de
1983). «Un grupo terrorista autodenominado GAL se atribuye el secuestro de
Segundo Marey, liberado ayer en Francia». El
País. Consultado el 2 de diciembre de 2018.
[25] Unzueta, Patxo (16 de junio de 1985).
«Los GAL asumen la responsabilidad del asesinato de dos ciudadanos franceses
cerca de Bayona». El País. Consultado
el 2 de diciembre de 2018.
[27] Ibíd.
[28] Sentencia
íntegra del "Caso Marey" ( https://www.elmundo.es/nacional/gal/marey/sentencia/sentencia.html )
[29] YANEL, Agustín: «Galindo y Elgorriaga
ingresan en la cárcel por una condena de 71 años», en El Mundo: 10 de mayo de 2000. Más tarde, el Tribunal Supremo elevó
hasta 75 años la condena a Galindo al entender que el prevalimiento de su cargo
público en la comisión de los delitos era un agravante añadido. Ver en:
«Galindo cumplió cinco de sus 75 años de condena», en Diario Ibérico: 3 de marzo de 2007.
[30] Ibíd.
[32] Paul Preston: Un pueblo traicionado. Penguin Random House Grupo Editorial, SAU.
Barcelona. 2019. p. 563.
[33] Ibíd. pp. 564-565.
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