miércoles, 1 de junio de 2022

Tiempo de lucha: La reconquista de la Democracia en España

 



Durante la Guerra Civil española (1936-1939) en la zona nacional y, tras ella, en toda España el Régimen franquista impuso su modelo por la fuerza a través de la brutal represión que ya vimos en el artículo “Tiempo de silencio”[1], y después se fue estructurando y desarrollando tal y como analizamos en “La institucionalización del franquismo”[2] y “El Régimen franquista”[3].

Las fuerzas antifranquistas resistieron con las armas en la mano, como vimos en “La resistencia armada antifranquista”[4] pero, finalmente, abandonaron esta estrategia cuando vieron que no era posible derrotar al Régimen por esta vía:

“A finales de los años 40, el PCE comenzó su replanteamiento de la lucha guerrillera y se sugirieron políticas de penetración en el sindicato vertical con el objetivo de desarrollar en su interior, actividades reivindicativas. Finalmente, se decidió que la guerrilla se reconvirtiera a la vida civil y política.[5][6]

La gran mayoría de los antifranquistas que aún seguían activos en el interior de España a principios de los años cincuenta se habían integrado en organizaciones clandestinas que intentaban relanzar la lucha obrera a través de la acción sindical. En esta tarea, al principio, los militantes del Partido Comunista de España (PCE) estuvieron relativamente solos. Más adelante irían apareciendo nuevas fuerzas, tanto políticas como sindicales, que fueron dinamizando y diversificando esa lucha.

El PCE había asumido que ésta sería larga, dura y peligrosa. Pero no veía otro camino. El objetivo era infiltrarse en el Sindicato Vertical franquista como una organización sindical ultra clandestina, a la que llamaron Oposición Sindical Obrera (OSO).

 

Las primeras luchas obreras

“La derrota republicana en la guerra civil supuso la destrucción de las organizaciones obreras, la muerte, exilio o encarcelamiento de sus dirigentes y de la mayoría de los militantes más activos, la prohibición del derecho de huelga y el encuadramiento de los trabajadores en el sindicalismo vertical. Eran éstas piezas fundamentales en el orden nuevo que el régimen franquista aspiraba a construir, el orden antiliberal y antimarxista de los fascismos europeos.

Para la oposición obrera, como para el resto del antifranquismo, el camino para la restauración de la democracia en España pasaba necesariamente por la victoria aliada en la guerra mundial, por lo que tanto las organizaciones en el exilio como los militantes clandestinos en el interior aportaron sus esfuerzos a la derrota de las potencias del Eje[7]. Consumada ésta se abrió para el antifranquismo una etapa de esperanza que acabó finalmente en frustración. […] Pero en el período 1945-47 apareció, al margen de las consignas de las organizaciones antifranquistas, un brote de conflictividad obrera en Cataluña y en el País Vasco. En Barcelona se produjeron paros en mayo y en agosto de 1945, coincidiendo con las capitulaciones alemana y japonesa; pero fue a lo largo de 1946 y de 1947 cuando estallaron conflictos en importantes industrias textiles, metalúrgicas y químicas de las comarcas barcelonesas, e incluso una huelga general a escala local, la de Manresa en el mes de enero de 1946. En el País Vasco -fundamentalmente en la gran industria vizcaína- desde el verano de 1946, y especialmente en los primeros meses de 1947, se manifestó una creciente conflictividad obrera que culminó con la huelga general del 1 de mayo de la ría bilbaína, con la participación de un mínimo de 20.000 trabajadores, y que aún se extendió en los días siguientes, afectando también a la zona occidental de Guipúzcoa. […] La huelga del 1 de mayo de 1947 tuvo unas características distintas a los demás conflictos: fue convocada por el Consejo de la Junta de la Resistencia, las organizaciones sindicales y los partidos –con un protagonismo claro del PNV- y con un objetivo nítidamente político, contra el régimen causante de que España perdiera su República y Euzkadi sus tradicionales libertades. Para los convocantes, y especialmente para el gobierno vasco, era necesaria una acción de masas que reforzara su posición ante las cancillerías aliadas en una coyuntura que consideraban decisiva para el futuro del País Vasco y de España. […] La huelga fue muy duramente reprimida, sin que los trabajadores obtuvieran nada positivo, y todo ello, precisamente, por su carácter político; más aún, para González Portilla y Garmendia, la variable política fue el factor fundamental del retroceso que (...) sufrió el movimiento obrero vasco tras la huelga de 1947. Tampoco sirvió para modificar las posiciones de las potencias democráticas, por otra parte ya claramente explicitadas en la Nota Tripartita de marzo de 1946.

A partir de 1948, al mismo tiempo que la mayoría de organizaciones antifranquistas entraban en crisis como consecuencia de la consolidación del régimen, el movimiento reivindicativo desapareció después de lograr, aunque sólo transitoriamente, una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.”[8]

 

Un punto de inflexión

Ya hablamos en el artículo anterior del boicot a los tranvías de Barcelona de 1951 y de cómo se extendió la lucha por otras zonas de España:

“El Gobierno de Franco había autorizado al odiado gobernador civil de la provincia, el falangista Eduardo Baeza Alegría, aumentar las tarifas de los tranvías decrépitos de la Ciudad Condal en un 40 por ciento, el doble que en Madrid. A finales de febrero [de 1951], se organizó un boicot al transporte público y los tranvías fueron apedreados.[9] El 12 de marzo, la ciudad estaba paralizada con más de trescientos mil trabajadores en huelga, entre los que había comunistas, algunos falangistas, activistas de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y gente de clase media. Cuando los huelguistas volcaron algunos coches y autobuses, Baeza Alegría pidió tropas y Franco reaccionó de forma exagerada enviando tres destructores y un dragaminas a Barcelona y haciendo que la infantería de marina patrullara por las calles. Por suerte, el capitán general de Cataluña, el general monárquico Juan Bautista Sánchez, se negó a utilizar al Ejército para reprimir los tumultos provocados por la irresponsabilidad de Baeza y evitó el derramamiento de sangre confinando tranquilamente a la guarnición en los cuarteles. De hecho, al cabo de dos o tres días, la mayoría de los trabajadores, que temían perder el empleo, ya habían vuelto a sus puestos, pese a lo cual hubo casi mil detenidos, Baeza fue destituido el 17 de marzo.”[10]

[…]

“El paro de los tranvías provocó huelgas de solidaridad de los estudiantes de Granada y Madrid. La industria textil de Manresa seguía cerrada cuando, el 23 de abril de 1951, 250.000 hombres iniciaron una huelga de 48 horas en los astilleros, acerías y minas del País Vasco. Una vez más, los falangistas y los miembros de la HOAC se unieron a los izquierdistas y nacionalistas vascos. El régimen denunció la huelga como obra de agitadores extranjeros. Los empresarios, que no estaban dispuestos a perder mano de obra calificada, hicieron caso omiso a las órdenes del régimen de despedir a los huelguistas. A pesar de la brutalidad policial y el encarcelamiento de los líderes obreros en un campo de concentración cerca de Vitoria, la huelga se prolongó varias semanas. A finales de mayo, hubo otro paro de transportes en Madrid.”[11]

A pesar de que los sectores obreros que se movilizaron en todas estas luchas eran muy minoritarios dentro del conjunto de la clase obrera española y de la dureza de la represión que sufrieron, el Régimen fue empezando a mover ficha para intentar frenar el proceso. Es en ese contexto en el que debemos interpretar la celebración (en 1944) de las primeras elecciones sindicales de la Dictadura y la constitución de los “jurados de empresa” en el Sindicato Vertical en 1953. Debemos subrayar también el hecho de que, aunque el boicot a los tranvías de Barcelona fue un movimiento “semiespontáneo”…

“En cambio, la convocatoria de huelga general partió […] de una asamblea de enlaces sindicales en la que los dirigentes verticalistas fueron desbordados, perdiendo el control de la reunión. Este hecho muestra, aparte de la magnitud del malestar existente, la presencia entre los cargos sindicales electos de activistas obreros -independientes, católicos de movimientos como la HOAC o la JOC, comunistas- que empezaban a provocar contradicciones en el seno del aparato sindical franquista.”[12]

Las luchas de 1951 marcaron un punto de inflexión en el proceso de movilización de la clase obrera española. A lo largo de la década de los cincuenta se irán produciendo otras que animan al Partido Comunista a crear su primer sindicato de la clandestinidad, Oposición Sindical Obrera (OSO), fundado en 1958, y a empezar a teorizar en torno al concepto de “Reconciliación Nacional”, para derribar la Dictadura y de la Huelga General como instrumento para lograrlo.

Si las luchas de 1945-47 fueron fruto de la esperanza de las fuerzas obreras y democráticas en que la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial se tradujera en España en un cambio de Régimen y fueron inducidas desde el exilio republicano (un poco antes, en octubre de 1944, se había producido el intento de conquista del Valle de Arán por parte de los maquis), las de 1951, sin embargo, son ya acciones endógenas, surgidas en el interior del país como respuesta a las carencias específicas que sufría la población y en la extensión de las mismas tuvieron ya mucho que ver los primeros militantes obreros que se habían infiltrado en el sindicato vertical, siguiendo la consigna que había lanzado el PCE tras el fracaso de las luchas guerrilleras, que se vio reforzada por la acción de los militantes católicos de la HOAC y de la JOC. Tras ellas vendrán otras en la que la nueva vanguardia obrera que está surgiendo aplicará las lecciones que había aprendido.

Entre las fuerzas del Régimen, además, se encendieron las alarmas, ya que eran conscientes de que lo que acababan de ver era un aviso de lo que venía. Tan en serio se lo tomaron que provocaron un cambio de gobierno en julio de 1951.

 

Los años cincuenta

“…en la primavera de 1956 se produjo una oleada de huelgas y protestas obreras, muestra inequívoca de que el malestar popular estaba alcanzando nuevamente un punto límite; pero en ese momento jugaron un importante papel otros factores, singularmente las actitudes de una nueva generación obrera, formada al margen de las tradiciones sindicales anteriores a la guerra civil, pero también sin los traumas de la guerra y la posguerra, dispuesta a romper el silencio y la pasividad. También es necesario considerar las propuestas del propio sindicalismo vertical, especialmente las del III Congreso Nacional de Trabajadores, celebrado en 1955, a favor del establecimiento de un salario mínimo con escala móvil, de la jornada efectiva de ocho horas, de la creación de un seguro de paro, etc., que proporcionaron a los trabajadores una plataforma reivindicativa legal.

Las grandes empresas del País Vasco y de Cataluña fueron el escenario principal del movimiento reivindicativo -150.000 huelguistas en toda España, según Tuñón de Lara; 30.000 en el País Vasco, según Ibarra- que consiguió un fuerte y general incremento de los salarios -casi del 50 por 100-, lo que supuso la recuperación de los salarios reales de 1936 ¡veinte años después! y la ruptura definitiva del mecanismo de determinación salarial vigente desde el final de la guerra civil. No obstante, la conflictividad no cesó, y a lo largo de 1957 se sucedieron conflictos obreros; mientras tanto, en Barcelona y Madrid se boicoteaban nuevamente los transportes y continuaba la agitación universitaria. Durante los primeros meses de 1958 tuvo lugar un nuevo movimiento huelguístico, iniciado esta vez en Asturias y continuado en el País Vasco y en Cataluña. La huelga de los mineros asturianos -20.000 trabajadores de las cuencas del Nalón, del Caudal y de Gijón- provocó una respuesta gubernamental de extrema dureza, que llegó a la suspensión de los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de los Españoles. En Cataluña el número de huelguistas alcanzó los 60.000 y desencadenó también una durísima represión que logró desarticular los núcleos de militantes obreros que se habían formado desde 1951.

Así pues, el ascenso de la lucha obrera fue combatido inicialmente por el régimen mediante concesiones económicas, intentando desactivar la protesta, y con una durísima represión después. La creciente tensión social condicionó también el cambio gubernamental de 1957, que sería el punto de inicio del gran viraje de la política económica franquista hacia la liberalización y la integración en la economía internacional.”[13]

 

La Huelga Nacional Pacífica (1959)

Todas estas luchas perseguían incrementos salariales, reducciones horarias o mejoras en las condiciones laborales. Pero el PCE decidió lanzar, en 1959, una huelga general política, en todo el país, para forzar un cambio de régimen, que formaba parte de la estrategia política que se dio en llamar “Reconciliación Nacional”:

“Las convocatorias -jornada de reconciliación nacional, huelga nacional pacífica- nos sitúan ante dos de las piezas fundamentales de la política comunista a partir de mediados de los años cincuenta. En 1956 fue anunciada por el PCE la política de reconciliación nacional, consistente en abogar por la superación de las divisiones de la guerra civil y buscar el acuerdo con todas las organizaciones políticas y fuerzas sociales contrarias a la continuidad del franquismo y partidarias de una democracia conquistada pacíficamente. En esta estrategia la huelga nacional pacífica, concebida como la huelga general de los trabajadores y de los demás grupos sociales, se configuraba como el instrumento decisivo en la lucha por la democracia”[14]

Una jornada de huelga general, en toda España, que debía derribar al Régimen franquista, fue convocada para el 18 de junio de 1959. Recibió el nombre de “Huelga Nacional Pacífica”, y terminó siendo un estrepitoso fracaso. Era una absoluta ingenuidad, por parte de los convocantes, esperar que un día de huelga (por muy amplia que ésta hubiera sido) podría derribar a un Régimen firmemente asentado, que tenía de su parte al ejército, a las fuerzas represivas y al aparato del estado. Por otro lado, las luchas de los años 40 y 50 habían demostrado de sobra (y seguirían demostrando después) que las grandes movilizaciones de los trabajadores perseguían siempre objetivos muy concretos e inmediatos, de tipo salarial o de mejora de las condiciones de vida o de trabajo. Las huelgas políticas siempre fracasaron. Para un trabajador corriente no había nada que ganar con ella y sí mucho que perder. Por eso la Huelga Nacional Pacífica sólo tuvo eco en los lugares donde había militantes de las fuerzas políticas convocantes (fundamentalmente del PCE pero, también, del recién fundado FLP) que, al hacerlo, pusieron al descubierto dicha militancia, lo que permitió al Régimen aplicar una represión muy dura y selectiva contra ellos.

La Huelga Nacional Pacífica de 1959 llenó las cárceles de comunistas y de otros militantes obreros y, en consecuencia, provocó un retroceso en el proceso de movilización de la clase obrera española. Conocí a varios militantes de base del PCE que participaron en ella y a los que se condenó a 20 años de cárcel… ¡20 años de cárcel por un solo día de huelga! (aunque se les indultó diez años después, cuando habían cumplido la mitad de su condena). El balance no podía ser más desalentador.

 

Comisiones Obreras

En 1958 el Régimen promulgó la Ley de Convenios Colectivos, que creaba un marco de negociación colectiva a través del cual empresarios y trabajadores podían negociar las condiciones laborales y, en consecuencia, creaba un cauce a través del cual podía desarrollarse la acción sindical.

Muy pronto se hizo evidente para miles de trabajadores de toda España que el fuertemente dirigido desde arriba Sindicato Vertical franquista no era el ámbito apropiado para llevar el peso de la negociación de los convenios. Los jurados de empresa no eran, obviamente, todo lo representativos que debían ser para defender los intereses de sus compañeros. La estructura sindical de la CNS (el Sindicato Vertical) fue desbordada y empezaron a surgir asambleas de trabajadores en las que se debatían las estrategias a seguir en las negociaciones de los nuevos convenios. De esas asambleas saldrían elegidas comisiones que irían asumiendo en muchas empresas el peso de la negociación y, en todos los lugares donde aparecieron, la dirección de las luchas. Serían conocidas como “Comisiones Obreras”.

Las primeras comisiones obreras no eran más que los trabajadores que sus compañeros habían elegido para llevar adelante la negociación y para dirigir la lucha, para sacar adelante el correspondiente convenio colectivo. Después se disolvía, y volvía a crearse en el siguiente ciclo. Era un movimiento espontáneo, orientado hacia objetivos muy concretos y puramente laborales, pero que alcanzaron una gran repercusión

“…hasta 1962 no apareció un nuevo movimiento huelguístico generalizado, expresión nuevamente del malestar acumulado durante los años anteriores -la etapa estabilizadora-, y coincidiendo con la negociación o con la renovación de los primeros convenios colectivos. Las huelgas se iniciaron en las minas asturianas a primeros de abril, y se extendieron a continuación a las zonas mineras de León, Teruel y Andalucía. En mayo el movimiento huelguístico apareció en Vizcaya, con la participación, en el momento álgido, de entre 40.000 y 160.000 trabajadores de la ría, reivindicando aumentos salariales, y en Cataluña, donde las huelgas se iniciaron en las grandes empresas metalúrgicas de Barcelona, extendiéndose a continuación a las grandes empresas de otras ciudades industriales y a las zonas mineras, con la participación de unos 50.000 trabajadores. El movimiento reivindicativo afectó también a Madrid, El Ferrol, Vigo, Cartagena y Jerez de la Frontera, entre otros lugares. El total de huelguistas se ha estimado en 200.000. Las autoridades franquistas, alarmadas por la extensión de los conflictos, declararon el estado de excepción en Asturias, en Vizcaya y Guipúzcoa, desencadenando a continuación una ola represiva que afectó con intensidad a los grupos antifranquistas más activos, especialmente al PCE y al FLP. Sin embargo, en otoño se reprodujo la conflictividad laboral que continuó a lo largo de 1963, destacando una nueva huelga de los mineros asturianos.

[…] A partir de 1962 las huelgas, a pesar de su carácter ilegal y de la represión -patronal y policial- que desencadenaban, dejaron de ser algo excepcional y se convirtieron en un elemento habitual en las relaciones laborales. Desaparecieron las explosiones cíclicas de malestar y, en cambio, las reivindicaciones obreras empezaron a plantearse en el marco de la negociación de los convenios colectivos, aunque también, dada la falta de representatividad de los "dirigentes obreros" de los sindicatos verticales, al margen de ella. La nueva conflictividad se desarrolló en un contexto caracterizado por un crecimiento económico que generaba una demanda continua de trabajo en la industria y en los servicios, con oportunidades para la emigración hacia los países europeos más desarrollados, y con la persistencia de unos salarios muy bajos y unos niveles de vida que, a principios de los años sesenta, apenas superaban los anteriores a la guerra civil. […] desde mitad de los años sesenta, y con algunas fluctuaciones importantes, se desarrolló una clara tendencia a la extensión de los movimientos reivindicativos, sobre todo en las concentraciones obreras tradicionales -Cataluña, País Vasco, Asturias-, pero también en las nuevas -Madrid, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, etc.-; en los sectores con tradición de lucha sindical -siderometalurgia, textil, minería-, pero también en servicios como la banca, la sanidad o la enseñanza.”[15]

Cuando en el PCE vieron la extraordinaria repercusión que llegaron a alcanzar las luchas impulsadas desde las nuevas comisiones obreras, decidieron integrar su estructura sindical clandestina (la OSO) en ellas. El siguiente objetivo que se propusieron fue crear estructuras permanentes, coordinadoras provinciales, sectoriales y, más adelante, estatales. En 1963 se crea la Comisión Obrera de Vizcaya, a la que seguirán las del metal e interramas de Madrid, la de Barcelona, la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, la del metal de Sevilla, la de la minería asturiana… En junio de 1967 se celebró la primera “Asamblea Nacional”, a la que asistieron más de 60 delegados de toda España. Ese mismo año una sentencia del “Tribunal Supremo las declaró ilegales, tipificándolas como instrumentos del Partido Comunista”[16]. La represión se multiplicará contra ellas, pero no detendrá su avance.

A partir de 1967 empiezan a aparecer multitud de nuevas fuerzas políticas clandestinas, que se incorporarán en su gran mayoría a la lucha sindical de comisiones obreras (CCOO), surgiendo estructuras sindicales paralelas que, sin embargo, usaban la misma denominación, lo que crearía cierta confusión pero, también, complicaría las cosas a las fuerzas represivas. CCOO no paraba de crecer y de diversificarse.

“Según los informes del Ministerio de Trabajo -cuyas cifras deben considerarse mínimas, ya que se han constatado sensibles diferencias con otras fuentes- en 1969 se alcanzó el número más elevado de conflictos desde 1963 -a pesar de un nuevo estado de excepción-, con más de 200.000 trabajadores participantes en ellos y casi cuatro millones y medio de horas de trabajo perdidas. El mayor número de conflictos se desarrolló en el País Vasco, Asturias y Cataluña, y en numerosas empresas se rompieron los topes salariales fijados por el gobierno. En 1970 la conflictividad se incrementó extraordinariamente, en buena parte por la respuesta obrera al proceso de Burgos contra militantes de ETA, especialmente en el País Vasco; alrededor de medio millón de trabajadores participaron en conflictos que comportaron una pérdida, como mínimo, de más de 8,7 millones de horas de trabajo. Tuvo una especial dureza en ese mismo año el conflicto de la construcción en la provincia de Granada, con tres trabajadores muertos como consecuencia de la actuación policial.

A partir de 1971 la conflictividad continuó incrementándose, las huelgas adquirieron mayor dureza y también la represión policial y patronal, y, como consecuencia, se incrementaron las movilizaciones de solidaridad y las reivindicaciones de carácter político. […] La política represiva gubernamental, ante la creciente dureza de las luchas obreras, originó episodios de violencia provocados por actuación policial, con muertes de trabajadores en la factoría SEAT de Barcelona en octubre de 1971; en una manifestación de trabajadores de la empresa Bazán en El Ferrol, en marzo de 1972; en la central térmica en construcción de Sant Adrià del Besós, en abril de 1973. La violencia represiva provocó amplios movimientos de protesta, como las huelgas generales de El Ferrol, Vigo, Cerdanyola y Ripollet.

En este contexto de creciente tensión social y política se repitieron algunas huelgas generales de carácter local, comarcal y provincial, al tiempo que crecían las organizaciones y la militancia antifranquista. Durante el primer trimestre de 1973 se desarrolló en Vizcaya una huelga generalizada, a partir de los conflictos de las grandes empresas, Y en junio la huelga general de Navarra, secundada por 40.000 trabajadores, en solidaridad con los trabajadores de la empresa Motor Ibérica. En el Baix Llobregat, en julio de 1974, se desarrolló la primera huelga general en solidaridad con los trabajadores de dos empresas -EIsa y Solvay- que arrastraban un largo conflicto, y, en diciembre, la segunda huelga general contra la política económica gubernamental y demandando la libertad de veinticuatro conocidos militantes obreros detenidos, precisamente, en un intento de evitar la huelga. En Vizcaya, después de una elevada conflictividad desde septiembre, se declaró una huelga general el 11 de diciembre, con la participación de 50.000 trabajadores, y con un carácter netamente político; pocos días antes, en Guipúzcoa, una convocatoria de huelga general exigiendo la libertad de los presos políticos había tenido también un amplio apoyo. Durante 1975 el Baix Llobregat vivió una elevada conflictividad que culminó con una tercera huelga general de solidaridad, ya en enero de 1976. Por su parte, los trabajadores vascos protagonizaron acciones de protesta en respuesta a la política y a la acción represiva gubernamental, las más importantes el 20 de febrero, el 11 de junio y a finales de agosto y septiembre. Estas huelgas fueron vistas por los grupos antifranquistas más activos como ensayos en pequeña escala de la huelga general, y como la confirmación práctica del acierto de sus estrategias y tácticas.”[17]

Para que nos podamos hacer una idea de la fuerza que había alcanzado el movimiento obrero en España durante el tardofranquismo mostraré la siguiente tabla, publicada en el libro de Sebastián Balfour La dictadura, los trabajadores y la ciudad (1994):

Huelgas en España (1968-1976)

Año 

Huelgas 

Trabajadores

 Horas de trabajo

involucrados

perdidas

1968

351

130.742

1.925.278

1969

491

205.325

4.476.727

1970

1.595

460.902

8.738.916

1971

616

222.846

6.877.543

1972

835

277.806

4.692.925

1973

931

357.523

8.649.265

1974

2.290

685.170

13.986.557

1975

3.156

647.100

14.521.000

1976

40.179

2.519.000

106.506.000

 

La extraordinaria conflictividad laboral en España durante el Tardofranquismo alcanzó niveles que algunos han calificado de pre-revolucionarios, dando lugar a una situación que tiene muy pocos precedentes históricos y que, los que pudieran comparársele, presentan unas características sociológicas muy diferentes. Volveremos sobre el asunto más adelante.

El poderoso avance del movimiento obrero en toda España a lo largo de los años sesenta y setenta creó el marco que posibilitó una fuerte expansión del Partido Comunista de España, la más potente organización antifranquista, que vertebró la resistencia contra la Dictadura, y dio lugar también a la eclosión de centenares de nuevos grupos, tanto sindicales como políticos, que protagonizaron un estallido organizativo que puso a la defensiva al Régimen, incapaz de frenar el avance desbocado de las fuerzas populares.

 

El Partido Comunista de España durante el franquismo

Tras la Guerra Civil, la mayor parte de la militancia comunista marchó al exilio (como el resto de los de las fuerzas republicanas) o se incorporó a las fuerzas guerrilleras que siguieron resistiendo en el interior de España durante los años 40. El grupo de exiliados más numeroso se refugió en Francia, y muchos de ellos se unieron allí a la Resistencia francesa. Un grupo de estos se incorporaron, tras la Segunda Guerra Mundial, a las guerrillas antifranquistas españolas (cuyos miembros pasaron a ser conocidos como “maquis” a partir de entonces, denominación que se dio en Francia a la guerrilla rural contra el nazismo y que los retornados introdujeron en España). En ese contexto es en el que se produce la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944, que fue un fracaso porque no pudieron cumplir ninguno de los objetivos que se habían trazado (partían de un enfoque poco realista) pero que, no obstante, gracias a la experiencia de los dirigentes guerrilleros que estaban sobre el terreno, pudieron eludir la trampa que el Régimen franquista les tendió en torno a la ciudad de Viella.

A finales de los 40 llegaron a la conclusión de que el cambio de régimen no vendría por la acción de las fuerzas guerrilleras, disolvieron los maquis, bajaron a las ciudades y se incorporaron a la lucha obrera, infiltrándose en el Sindicato Vertical como ya hemos visto, creando la organización sindical ultra clandestina OSO que, más adelante, disolvieron en el seno de Comisiones Obreras.

Durante los años cincuenta desarrollaron el marco teórico que dieron en llamar la “Política de Reconciliación Nacional”, a través de la cual pretendían crear un frente “nacional” con todas las fuerzas políticas antifranquistas, para acabar con la Dictadura. Esa estrategia es un elemento básico a través del cual podemos entender el comportamiento del PCE desde entonces hasta la actualidad y que, en realidad, no es más que el desarrollo de la política de los frentes populares que la Internacional Comunista estableció en los años 30 del siglo XX para hacer frente al fascismo en Europa, que en España se concretó en el gobierno del Frente Popular, que ganó las elecciones de febrero de 1936 y se mantuvo al frente de los destinos del país, en el bando republicano, durante la Guerra Civil.

Cualquier estereotipo que el lector tenga sobre los “comunistas”, en general, sirve poco para el caso español, que posee unas características muy concretas que sólo se explican históricamente. El Partido Comunista de España ha cumplido, desde 1936, el rol del auténtico Partido Socialdemócrata en nuestro país, y por eso precisamente vertebró políticamente al bando republicano durante la Guerra Civil, después volvió a vertebrar la resistencia contra el franquismo (primero desde las montañas y después desde las fábricas), desempeñó un extraordinario papel de movilización de las fuerzas obreras y populares durante la Dictadura, para convertirse finalmente en un actor imprescindible en la Transición política española hacia la Democracia, sin cuya participación ésta no hubiera sido posible.

Como hemos visto, el PCE intentó provocar el cambio de Régimen a través de la Huelga Nacional Pacífica. Aunque ésta fracasó, el “Partido” siguió intentándolo de diferentes maneras. Por el camino se quedarían multitud de militantes, como Julián Grimau, fusilado por el Régimen el 20 de abril de 1963.

A través de las luchas obreras de CCOO irán surgiendo nuevas generaciones de dirigentes obreros comunistas que desempeñaron un papel fundamental en la lucha por la democracia en nuestro país (Marcelino Camacho, Francisco García Salve, Eduardo Saborido, Fernando Soto…)

En 1960 Santiago Carrillo será elegido Secretario General. Será él el que, desde el exilio, controlará de manera férrea la estructura política del partido. En 1964 tendrá lugar una escisión dirigida por Fernando Claudín y Jorge Semprún, cuyas discrepancias políticas quedaron reflejadas en el libro Documentos de una divergencia comunista[18].

El Partido Comunista de España, a lo largo de los años 60 y 70 se irá alejando paulatinamente de la línea trazada por el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), junto con los comunistas italianos y franceses. La invasión de Checoslovaquia (1968), por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia, marcó un punto de no retorno en esa evolución. Los tres partidos condenaron dicha invasión. A partir de entonces serán conocidos como “eurocomunistas”, manteniendo una línea política claramente socialdemócrata, la que llevaría al Partido Comunista Italiano a enunciar su programa llamado “Compromiso Histórico”, en 1973, que se concretó en 1978 cuando el PCI de Enrico Berlinguer y la Democracia Cristiana de Aldo Moro acordaron formar un gobierno conjunto de “Solidaridad Nacional”. Aquél acuerdo se frustró como consecuencia del secuestro y asesinato de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas. Como consecuencia de esto la Democracia Cristiana dio un giro a la derecha, dirigida por Giulio Andreotti, que creó el bloque de partidos de centro-derecha conocido como Pentapartito, que gobernará Italia durante los años 80.

La Revolución de los Claveles en Portugal en abril de 1974 levantará grandes expectativas de cambio en nuestro país, y hará de nuevo al PCE mover ficha, siguiendo su ya tradicional política de Reconciliación Nacional, que se concretará en la creación de la Junta Democrática, que veremos con más detalle cuando hablemos de la Transición.

 

Los cristianos antifranquistas

Hemos citado varias veces a los militantes de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y de la JOC (Juventud Obrera Católica), que aparecen ya desde finales de los 40 en las luchas obreras en diversas zonas de nuestro país.

La HOAC fue un embrión de sindicato cristiano, fundado en 1946, que adoptó desde el principio una actitud independiente con respecto al Régimen. Pretendía así recuperar una influencia entre la clase obrera que la jerarquía eclesiástica estaba perdiendo de manera acelerada. Su carácter católico le dio un margen de maniobra de la que el resto de organizaciones antifranquistas carecían. Sus militantes desempeñaron un importante papel en el desarrollo del movimiento obrero español de los años 50 y 60.

La JOC era un movimiento juvenil, de carácter católico y obrero, que en el momento álgido de las luchas obreras en España, durante el franquismo, reforzó el trabajo que estaba haciendo la HOAC. Alrededor de ambos grupos se va desarrollando una acción sindical que se concreta en el trabajo que desplegarán en las asambleas obreras. Colaboraron con los comunistas en el proceso de infiltración del Sindicato Vertical, se incorporaron a Comisiones Obreras en los años sesenta y desarrollaron, igualmente, algunas experiencias sindicales propias como la fundación de la Unión Sindical Obrera (USO).

La USO nace a finales de la década de los 50, en la clandestinidad, aunque su carta fundacional es de 1961. Si bien la USO de la clandestinidad era considerada un sindicato cristiano, en la Transición se autodefinía ya como “socialista autogestionario”. En esa época llegó a ser la tercera fuerza sindical del país en número de afiliados.

 

El Frente de Liberación Popular (FLP)

Fue fundado en 1958 por Julio Cerón Ayuso, junto a algunos republicanos del exilio y militantes de la HOAC del interior del país. Pretendía llegar a un acercamiento entre marxistas y católicos. Se autodefinía como un partido socialista democrático y autogestionario. Estaba muy en contacto con otras formaciones de la izquierda francesa e italiana y se identificaba con los movimientos emancipadores del tercer mundo de la época. Apoyó a la Cuba castrista y al Movimiento de Liberación de Palestina. Se opuso a las invasiones soviéticas de Hungría y de Checoslovaquia. Participó activamente en la Huelga Nacional Pacífica de 1959, en la que su fundador fue detenido y condenado a 8 años de prisión.

Fueron activos propagandistas de las obras de los teóricos de la izquierda europea de la época, como Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre o André Gorz. La militancia de este grupo fue mayoritariamente universitaria. Pertenecieron a él personajes tan conocidos como Manuel Vázquez Montalbán, Miquel Roca i Junyent, José Pedro Pérez-Llorca, José María Maravall, Narcís Serra, Joaquín Leguina, Pasqual Maragall, Manuel Castells, Nicolás Sartorius, etc. Se disolvió en 1969. Una vez disuelto, sus militantes se repartieron entre la multitud de fuerzas políticas que eclosionaron durante el tardofranquismo, desde las cuales supieron transmitir sus posiciones políticas y su experiencia, influyendo de manera sustancial en la evolución ulterior de la mayoría de los grandes grupos de la izquierda española y de algunos nacionalistas.

 

Los católicos “conciliares”

En 1959 el papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, “que tenía por objeto principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno”[19], y que creó un fecundo marco de debate entre los católicos de todo el mundo, incorporando a los debates teológicos multitud de conceptos sociales. Las generaciones más jóvenes de católicos de aquella época, especialmente en Iberoamérica y en los países de la Europa mediterránea, participaron intensamente en lo que vieron como una oportunidad única de renovar la Iglesia desde dentro. El Concilio se clausuró en 1965, durante el papado de Pablo VI y, aunque después la jerarquía eclesiástica reconduciría el proceso hacia posiciones mucho más conservadoras (durante los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI), no podrá impedir la profunda renovación, tanto ideológica como social, que tuvo lugar como consecuencia de este debate.

En la España de Franco el Concilio Vaticano II tuvo el efecto de un torpedo que impactó bajo la línea de flotación del Régimen, dando lugar a una gran cantidad de fenómenos insólitos en una organización tan conservadora como era la Iglesia Católica.


Diamantino García, el cura jornalero. El joven que vemos a la derecha es Diego Cañamero.

Uno de los grandes efectos provocados por el Concilio fue el de la aparición de los “curas obreros”: centenares de sacerdotes que se ponen a trabajar en las fábricas o en el campo y, desde los tajos, se incorporan a la lucha sindical y política. La lista es interminable (el Padre Llanos, José María Díez-Alegría, Francisco García Salve, Diamantino García, José Antonio Casasola…) El impacto que estos curas tuvieron en el desarrollo de las luchas populares fue impresionante, convirtiéndose en símbolos vivientes de las profundas transformaciones sociales que se estaban dando en el país. A estos curas obreros, además, hay que sumar varios miles de sacerdotes más que, aunque siguieron desempeñando sus tareas habituales dentro del clero, tanto regular como secular, apostaron igualmente por apoyar las luchas obreras y populares contra el Régimen franquista, facilitando locales de reunión y poniendo los medios de que disponían al servicio de la causa. Muchos trabajadores, en toda España, se encerraron en iglesias como acto de protesta en sus luchas, y usaron los templos para llevar a cabo asambleas multitudinarias. Algo impensable en ningún otro momento histórico anterior.

Como consecuencia de esta toma de conciencia social de un sector significativo de la Iglesia Católica española aparecerá el movimiento de las comunidades de base, grupos de católicos que se incorporaron, apoyados por los sacerdotes, de multitud de formas, a la extraordinaria eclosión social que estaba teniendo lugar. Estos grupos desarrollaron sus propios ritos, hacían misas cantadas, en las que introducían algunos himnos surgidos en las luchas guerrilleras de Hispanoamérica, hacían la eucaristía con pan y vino, abrieron centros de acción social en multitud de barrios obreros, fundaron centros juveniles…


Alfonso Carlos Comín, fundador del movimiento “Cristianos por el Socialismo” y Jordi Solé Tura, uno de los “siete padres de la Constitución” de 1978. Ambos fueron pasando juntos, sucesivamente, por el Frente de Liberación Popular, La Organización Comunista de España (Bandera Roja) y el Partido Socialista Unificado de Cataluña.

Desde Iberoamérica llegó a España, a finales de los sesenta, la Teología de la Liberación, otro fenómeno “conciliar” que revolucionará el catolicismo español y del que surgirán nuevas experiencias y grupos que se extenderán por buena parte del país. Uno de ellos fue el movimiento autodenominado “Cristianos por el Socialismo” (CPS):

“En España, en 1.973 Alfonso Comín, Juan N. García-Nieto, José Mª Díez Alegría y otros convocaron con éxito un Encuentro Estatal que se celebró en Calafell, aunque por razones de clandestinidad se llamó Encuentro de Ávila. La intuición, la oportunidad política y eclesial y la credibilidad en la Fe y en la política de sus promotores hizo que el movimiento se extendiera rápidamente por toda la península estableciendo también rápidamente una sólida red de contactos con los otros Cristianos por el Socialismo de Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania, Italia, Francia, Grecia, Canadá, etc. así como entre los emigrantes españoles diseminados por Europa.”[20]

Los cristianos por el socialismo desempeñaron un importante papel en el seno de diversos grupos comunistas, en especial el PCE, la ORT y Bandera Roja.

 

Los maoístas

Antes hablamos de la extraordinaria eclosión de fuerzas políticas que tuvo lugar durante el tardofranquismo. Es evidente que el partido más poderoso, con diferencia, de la clandestinidad antifranquista fue el PCE, pero tras él estaban indudablemente, desde el punto de vista cuantitativo, los grupos maoístas, que desarrollaron un perfil propio muy característico y que dejaron una importante huella tras de sí (probablemente le sorprenda la lista de políticos, de todos los partidos –incluyendo los de derechas- que empezaron su andadura política en ellos). Tenían en común que seguían las doctrinas de Mao Tse Tung, autodenominándose todos ellos “marxistas-leninistas, pensamiento Mao Tse Tung”. Hubo muchos, pero los más importantes fueron cuatro:

·         Partido del Trabajo de España (PTE)

·         Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT)

·         Movimiento Comunista de España (MCE)

·         Organización Comunista de España (Bandera Roja)

El Partido del Trabajo de España era considerado en 1975 como el segundo partido de España en número de militantes (tras el PCE).

“El origen del PTE se encuentra en la escisión del grupo Unidad del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), partido federado con el Partido Comunista de España (PCE) en Cataluña, al que se unieron otros colectivos que igualmente se escindieron del PCE principalmente en Madrid, Zaragoza y Sevilla, adoptando el nombre de Partido Comunista de España (internacional) en 1967.

Cinco años después, en marzo de 1973, se celebró el Congreso de Constitución del PCE(i), en el que se sentaron las bases de la línea política del Partido de aquella época, posteriormente enriquecida por las resoluciones del III Pleno del Comité Central, en abril de 1974 y de la I Conferencia del PCE(i), en febrero de 1975. El PCE(i) inició a partir de aquel momento un camino ascendente ininterrumpido hasta 1980, logrando una gran implantación e influencia en las principales concentraciones industriales del país y en los campos de Andalucía. Se integró en la Assemblea de Catalunya y en otros organismos unitarios de la oposición antifranquista, convirtiéndose en la fuerza política más importante e influyente a la izquierda del PCE.

En febrero de 1975, en la I Conferencia del PCE(i), cambió su denominación por la de Partido del Trabajo de España (PTE) y adoptó una estructura federal, decisiones aprobadas por unanimidad de todos los asistentes a la conferencia. En marzo de ese mismo año, el PTE fue aceptado como miembro de pleno derecho en la Junta Democrática de España.”[21]

La Organización Revolucionaria de Trabajadores era la tercera fuerza política española en 1975 (casi igualaba los efectivos del PTE)

“La ORT se constituyó en 1969 en Alcalá de Henares (Madrid). Tenía su origen en medios católicos y buena parte de su militancia inicial procedía de la radicalización de la Acción Sindical de Trabajadores (AST), un movimiento sindical católico nacido en la HOAC y que tuvo cierta implantación en Madrid, Pamplona, Huelva y Torrelavega (Cantabria). Entre 1970 y 1971 la ORT sufrió graves escisiones de militantes que pasaron a otros grupos comunistas o que, sobre todo en Cataluña, se unieron a posiciones nacionalistas. Al final de este proceso contaba apenas con 150 militantes, con presencia en Navarra, Huelva, Madrid y Extremadura. En 1974 el Comité Central de la ORT se define como maoísta, lo que supuso la separación del Partido de la dirección inicial. Durante los últimos años del franquismo y durante la Transición, la ORT estaba dirigida por el camarada "Intxausti" (cuya verdadera personalidad no se conoció hasta tiempo después), Manuel Guedán, Francisca Sauquillo y el editor madrileño Emiliano Escolar, conocido como "Héctor Martín".”[22]

El Movimiento Comunista de España:

“…se formó a partir de la confluencia de diversas organizaciones comunistas españolas. El grupo mayoritario era el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK), que estuvo implantado en el País Vasco y Navarra. Tuvo su origen en una escisión de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) encabezada por los miembros de la Oficina Política Patxi Iturrioz y Eugenio del Río. ETA expulsó a este sector en la V Asamblea, celebrada en diciembre de 1966, acusado de «españolista» a causa de su actitud crítica hacia el nacionalismo vasco. De ahí surgió la organización ETA Berri (ETA Nueva) que en agosto de 1969 pasó a denominarse Komunistak (Comunistas) en euskera y Movimiento Comunista Vasco en castellano, y comenzó a entablar relaciones con grupos de ideas similares de otros lugares de España.

En octubre de 1971 EMK y la Organización Comunista de Zaragoza se unieron, fundándose el Movimiento Comunista de España (MCE). En enero de 1972 se editó el primer número de su publicación clandestina Servir al Pueblo, que años después pasaría a denominarse Hacer.

En agosto de ese mismo año se sumó al MCE un grupo de comunistas asturianos, algunos de los cuales habían pertenecido al Frente de Liberación Popular (FLP), y en septiembre se incorporó Unificació Comunista del País Valencià (anteriormente Tribuna Obrera). En mayo de 1973 lo hizo Federación de Comunistas, presente en Madrid y Galicia.”

Bandera Roja, por su parte:

“Los acontecimientos de Mayo del 68 en París supusieron un poderoso ejemplo para los estudiantes universitarios de toda Europa. Envalentonados por esta movilización, un grupo de universitarios catalanes que provienen mayoritariamente del PSUC (referente del PCE en Cataluña) fundaron la Organización Comunista - Bandera Roja, también muy influida por la visión distorsionada que se tenía entonces de la Revolución Cultural en China, que se encontraba en pleno apogeo.

En 1973 se refundó como OCE-BR, integrándose militantes del resto de España. En cambio, al año siguiente los más moderados abandonaron el Partido y se reincorporaron al PSUC. Después de esta escisión la organización se reafirma en el ideario maoísta y en la denuncia a la reforma post-franquista.”[23]

 

Los trotskistas

Aunque el partido histórico del trotskismo español durante la II República y la Guerra Civil fue el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), la gran mayoría de los militantes supervivientes del mismo marcharon al exilio, volviendo algunos a España tras la muerte de Franco en 1975. Durante el franquismo la gran fuerza política del trotskismo español fue, indudablemente, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR):

“La Liga Comunista Revolucionaria fue fundada en 1971 por miembros del grupo catalán Comunismo, procedente a su vez del Frente de Liberación Popular (FLP o Felipe). Era la sección española del Secretariado Unificado de la IV Internacional, una de las fracciones en que se divide la trotskista IV Internacional. Nació con el propósito de ser un partido revolucionario que rechazase la colaboración entre clases y propugnaba un modelo de organización territorial basado en la confederación de repúblicas, con reconocimiento del derecho de autodeterminación para cada una de ellas.

En 1972 surge de ella una escisión llamada Liga Comunista (LC), que se reintegrará en la LCR en 1978. En 1973 se fusiona con una escisión de ETA después de su VI Asamblea llamada por eso mismo ETA-VI: la parte mayoritaria de los integrantes de esa organización, comunistas revolucionarios, que decidieron abandonar el terrorismo como forma de luchar contra la dictadura y unirse a grupos políticamente afines del resto de España. Con esta unión la LCR se implanta en el País Vasco y Navarra, donde hasta ese momento no tenía apenas presencia, utilizando el nombre de LCR-ETA (VI). Muerto el general Franco, y en parte por la dificultad de explicar fuera del País Vasco esa referencia a ETA, la LCR suprimió el añadido en 1976 y se dividió, de manera que en el resto de España se denominó desde entonces LCR, y en el País Vasco se constituyó de forma autónoma con el nombre de Liga Komunista Iraultzailea (LKI).”[24]

 

Otros grupos comunistas

A lo largo de los años 60 y 70 el PCE sufrirá centenares de escisiones por toda España, que darán lugar a otros tantos grupos autodenominados “comunistas”, que corrieron suertes muy diversas. De los más importantes hemos hablado ya. No obstante hubo otros que, aunque mucho más minoritarios que éstos, alcanzaron cierta relevancia política por los respaldos internacionales con los que contaron. Citaremos a dos de ellos: El Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE-ML), que fue respaldado por el gobierno albanés, y el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), de carácter pro-soviético.

El PCE-ML se escindió del PCE en 1964 y recibió inicialmente el apoyo, tanto del gobierno chino, como del albanés. La mayor parte de sus militantes, entonces, eran exiliados, y su sede estaba en Ginebra (Suiza). Los chinos rompieron con ellos en 1970, aunque empezaron a recibir, poco después, también ayuda del gobierno argelino. Trasladaron su sede a Tirana (Albania), desde donde empezaron a emitir programas de radio en castellano. En 1973 dieron un salto cualitativo y decidieron crear su propio brazo armado, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que llevó a cabo diversos atentados, algunos de ellos mortales, entre 1973 y 1975, así como diversos atracos a oficinas bancarias para autofinanciarse. El 27 de septiembre de 1975 el Régimen fusiló a los militantes del FRAP Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y Humberto Baena, junto a dos más de ETA, lo que dará lugar a una oleada de protestas contra España en el mundo entero, dos meses antes de la muerte de Franco.

El PCOE fue una escisión del sector pro-soviético del PCE, en 1973, como consecuencia de la condena que este partido había hecho de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 y del distanciamiento ulterior con respecto al PCUS. Estaba liderado por Enrique Líster, que combatió en el ejército republicano, durante la Guerra Civil en las batallas de Guadalajara, Brunete, Belchite y Teruel, entre otras y, en la Segunda Guerra Mundial en el ejército soviético. Fue “El único hombre del siglo XX que fue general de tres ejércitos […] de la URSS, de Polonia y de Yugoslavia”[25].

 

Los socialistas

Aunque al lector actual le pueda sorprender, la participación de los socialistas en las luchas obreras a lo largo de los años cincuenta y sesenta fue bastante escasa. Las actividades del PSOE, al sur de los Pirineos, durante la Dictadura fueron apenas perceptibles, en medio de la ofensiva general de las fuerzas populares.

El Partido Socialista era, básicamente, una organización del exilio, agrupada desde mediados de los 40, en torno a su secretario general Rodolfo Llopis, cuyo cuartel General estaba en Toulouse (Francia). Ésta era la situación hasta finales de los años 60, cuando se incorporaron algunos jóvenes en Asturias, País Vasco y Sevilla. Cuenta Antonio Val del Olmo, que entonces era miembro de la UGT de Álava y de las Juventudes Socialistas:

“El PSOE tenía una dirección en el extranjero, y en España había una capa más joven que se enfrentaba a aquella desde la izquierda. Por un lado estaban los profesionales de Sevilla -Felipe González y Alfonso Guerra-, pero además había un sector joven que estaba entrando en acción en Asturias, Vizcaya y también en Álava. Y aunque éramos pocos en número, los socialistas de Álava en ese momento tuvimos una influencia en el congreso de Toulouse y en otros. A pesar de nuestras escasas fuerzas, éramos un sector joven más luchador, más combativo, y creíamos en la necesidad de una ruptura radical con el orden social existente. Eso era una cosa, pero otra muy diferente fueron los cambalaches que se dieron por arriba, que creo que se concretaron en los años 1975 y 1976. Quizás en ese momento nadie sabía por dónde iban a salir los tiros.”[26]

En agosto de 1972, el PSOE celebró su XXV congreso en Toulouse, en el que se enfrentaron los grupos del interior, dirigidos por Felipe González, con la dirección del exilio. La mayoría de los delegados apoyaron al grupo de González, que desplazó al de Llopis y formó una dirección colegiada formada por Nicolás Redondo, Pablo Castellano y Felipe González. Los derrotados no aceptaron el resultado y a partir de entonces hubo dos grupos que se autodenominaban PSOE: el de Llopis, que pasó a ser conocido como PSOE Histórico, y el de González, conocido como PSOE Renovado. El siguiente objetivo de ambos fue conseguir que la Internacional Socialista los reconociera como el auténtico PSOE:

“La Internacional finalmente decidió a favor del PSOE Renovado el 6 de enero de 1974”[27]

Entre los días 11 y 13 de octubre de 1974 tuvo lugar en Suresnes (Francia) el XXVI Congreso, en el que salió elegido Felipe González como Secretario General:

“Esta reunión, la decimotercera que tenía lugar en el exilio, es reconocida por ser la que cambió la orientación política e ideológica del partido poco antes de la transición democrática en España. […] Para respaldar el cónclave estuvieron presentes François Mitterrand, líder socialista francés y Bruno Pittermann, presidente en ese momento de la Internacional Socialista.”[28]

En 1968 Enrique Tierno Galván fundó en Madrid el Partido Socialista del Interior, que en 1974 pasó a llamarse Partido Socialista Popular, y se integró en la Junta Democrática, una coalición de fuerzas –liderada por el PCE- que estaba preparando el proceso de transición política a la democracia en España.

 

Cataluña

En 1936 Cataluña y el País Vasco eran los únicos territorios del Estado español que contaban con instituciones de ámbito autonómico. Este hecho establecía una diferencia cualitativa entre ellos y el resto del país. A la lucha mantenida por las fuerzas antifranquistas en toda España por la libertad y la democracia, en Cataluña y el País Vasco se añadía la de recuperar sus instituciones específicas, que la Dictadura había suprimido, el reconocimiento de sus lenguas propias (catalán y vasco), así como de sus especificidades culturales.

Ya vimos como en ambos lugares el movimiento obrero y ciudadano fue muy potente desde el principio. Y pronto pasarán al primer plano de la lucha política una serie de elementos específicos que hacen de ambos territorios sendos espacios singulares.

El uso de la lengua catalana y de algunos de los símbolos del catalanismo histórico tuvo que ser reconquistado paso a paso. Y dentro de ese proceso se consiguió organizar, el 19 de mayo de 1960, un acto homenaje por el centenario del nacimiento del poeta catalán Joan Maragall, organizado por el Orfeón Catalán en el Palau de la Música Catalana, con presencia de varios ministros de Franco. Los organizadores habían programado, dentro del mismo, el Cant de la Senyera. Pero tres días antes del acto el gobernador civil lo prohibió.

“Esto desató la indignación de los asistentes y Josep Espar Ticó la empezó a entonar. A continuación la policía empezó a golpear a los activistas cantores. Las detenciones no se hicieron esperar como por ejemplo la de Jaume Casajoana. Jordi Pujol, que no estaba en el Palacio pero sí que había sido uno de los organizadores del acto, fue detenido el 22 de mayo. El que sería presidente de la Generalidad se enfrentó a un consejo de guerra que tuvo lugar el 13 de junio. El desenlace, tras un juicio sin garantías, fue una condena de siete años para Pujol.”[29]

El 14 de noviembre de 1963, el diario francés Le Monde publicó una entrevista con el abad de Montserrat, Aureli María Escarré, en la que dijo lo siguiente:

“«Allí donde no hay libertad auténtica, no hay justicia, (...) el pueblo debe poder elegir su gobierno, (...) el régimen pone trabas al desarrollo de la cultura catalana, (...) la primera subversión que existe en España es la del gobierno», y la frase de la que se extrajo el titular: «No tenemos detrás veinticinco años de paz, sino veinticinco años de victoria. Los vencedores, incluyendo la Iglesia que se vio obligada a luchar al lado de estos últimos, no han hecho nada para acabar esta división entre vencedores y vencidos, esto representa uno de los fracasos más lamentables de un régimen que se llama cristiano, el Estado del cual, sin embargo, no obedece los principios básicos del cristianismo».”[30]

Como consecuencia directa de esta entrevista Escarré tuvo que exiliarse. La carga simbólica para el pueblo catalán que tenía el hecho de que el mismísimo abad de Montserrat tuviera que abandonar el país era tremenda.

El 9 de marzo de 1966 los estudiantes de Universidad de Barcelona celebraron una asamblea a la que asistieron unas 500 personas en el convento de los capuchinos de Sarriá en la que constituyeron el Sindicato Democrático de la Universidad de Barcelona (SDEUB).

“A las seis de la tarde, las fuerzas de seguridad mandadas por el comisario Juan Creix penetraron en el lugar ordenando la salida de los presentes, y al mismo tiempo la Policía Armada rodeaba el edificio con unas medidas de seguridad en las que no faltaban vehículos y caballos. Mientras duró el encierro, la policía cortó las líneas telefónicas e impidió el acceso al recinto a todo el mundo, salvo a los religiosos de la orden, a los que dejaba entrar tras un minucioso registro. Ninguno de los reunidos obedeció la orden de salida. La decisión contó con el apoyo del provincial de los capuchinos y de sus frailes, que empezaron a distribuir mantas y bocadillos. El 11 de marzo la policía, después de forzar la puerta, penetró en el recinto. Se requisaron los carnets de los asistentes, los detenidos fueron llevados a la comisaría de policía y fueron puestos en libertad después de pagar multas comprendidas entre 25.000 y 200.000 pesetas, cantidades bastantes cuantiosas para el momento.

Los sucesos tuvieron una enorme repercusión mediática, ya que por primera vez desde los inicios del franquismo, un grupo de sacerdotes desobedecía públicamente y se enfrentaba a las fuerzas de orden público de la dictadura. El escándalo motivó que el diario falangista Arriba publicase un editorial condenando la reunión, editorial que fue reproducido en otros diarios del Movimiento, así como por Televisión Española y Radio Nacional.”[31]

“Como consecuencia de las acciones emprendidas para conseguir la libertad de los detenidos en la Capuchinada, se fundó la Taula Rodona, un organismo que agrupaba a toda la oposición antifranquista y del que también formó parte el PSUC, por primera vez desde el final de la Guerra Civil, precedente de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, fundada en 1969 e integrada por el Front Nacional de Catalunya, el Moviment Socialista de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya y el PSUC. En su manifiesto fundacional la Coordinadora reclamó la amnistía y las libertades políticas y sindicales, así como el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 1932 y la convocatoria de Cortes constituyentes, como paso previo al reconocimiento del derecho de autodeterminación que se extendía a todos los pueblos del Estado español. Con la fundación de este organismo unitario de toda la oposición y la presentación de un programa conjunto «el antifranquismo catalán [se situó] a la cabeza de la oposición española».

Como medio de protesta por el proceso de Burgos la Coordinadora organizó en diciembre de 1970 una Assemblea d'Intel•lectuals celebrada en el Monasterio de Montserrat, cuyo éxito condujo a la formación en noviembre del año siguiente de la Asamblea de Cataluña, «la creación más original y culminante del antifranquismo catalán». Además de los partidos de la Coordinadora se integraron en ella el PSAN —una escisión del Front Nacional de Catalunya—, el PSOE, los sindicatos CC OO y UGT, así como diversos colectivos profesionales y sociales, además de entidades legales y personas independientes.”[32]

 “La Asamblea de Cataluña fue constituida el 7 de noviembre de 1971, en la iglesia barcelonesa de San Agustín, como plataforma unitaria del antifranquismo catalán bajo la iniciativa de la Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña. Rápidamente agrupó a la gran mayoría de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. De ella salió el famoso lema: "Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía". Sus puntos programáticos fueron, de manera resumida, los siguientes:

·         Por los derechos y libertades democráticas.

·         Acceso del pueblo al poder económico.

·         Acceso del pueblo al poder político.

·         Por el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación.

Durante la década de los setenta la Asamblea de Cataluña fue el principal marco de coordinación de la resistencia contra la dictadura y lideró y organizó las principales movilizaciones populares de la época. Entre ellas la Marcha de la Libertad, el verano de 1976, bajo el lema de "Pueblo catalán, ponte a caminar".”[33]

“Un momento crítico en la historia de la Asamblea fue la ‘Caiguda dels 113’ ('Caída de los 113'). El 28 de octubre de 1973 la policía franquista detuvo en la Parroquia de Santa María Mitjancera de la ciudad de Barcelona a 113 personas, representantes de partidos políticos y sindicatos clandestinos pero también de colegios profesionales y asociaciones de vecinos. Inmediatamente se inició en Cataluña una gran movilización ciudadana de apoyo a los detenidos y se inició una campaña de solidaridad que tuvo resonancia internacional.”[34]

 

País Vasco

“Una parte muy importante de la oposición antifranquista que tuvo lugar en el País Vasco fue protagonizada por la izquierda no nacionalista. Sin embargo, la memoria de esa lucha ha quedado diluida en el relato histórico elaborado por el nacionalismo vasco.”

José Antonio Pérez Pérez[35]

Más arriba ya hemos citado la importante participación de los trabajadores vascos en las luchas obreras de los años 40, 50 y 60. En el País Vasco tuvieron lugar algunas de las más potentes luchas de Comisiones Obreras y el papel desempeñado en ellas por los militantes del PCE fue tan importante como en las del resto de España, y lo mismo podemos decir con respecto a los católicos de la HOAC y de la JOC, así como del Frente de Liberación Popular (que allí usaba nombre de Euskadiko Socialisten Batasuna –ESBA-, una de cuyas figuras más destacadas, José Ramón Recalde, sufriría en el año 2000 un atentado de ETA que estuvo a punto de costarle la vida). Será el vasco Gabriel Celaya el que escriba el poema España en marcha, en 1954, que Paco Ibáñez convertiría en un himno de lucha para la generación que vivió el Tardofranquismo y la Transición, y que circularía clandestinamente por toda España en aquel mítico disco, publicado en Francia, que se grabó en el teatro Olimpia de París en su recital de 1969.

“El estallido de los conflictos de 1962 hizo que la dirección de los comunistas enviase al interior al máximo dirigente del PC de Euskadi, Ramón Ormazabal. Su presencia fue detectada por la Brigada Política y Social y desencadenó en junio de aquel año una de las caídas más importantes de la época. El Consejo de Guerra que juzgó a este grupo en 1963 tuvo un eco muy importante y fue utilizado por Ormazabal para difundir la nueva línea política favorable a la Política de Reconciliación Nacional adoptada por el PCE unos años antes[36]. […] Tras la huelga de la primavera de 1962, que siguió la estela de las huelgas asturianas, se produjo en el País Vasco una dura represión, pero también fue el origen de la reorganización del movimiento obrero. La constitución de la primera Comisión Obrera Provincial de Vizcaya en la primavera de 1963, con la participación de militantes católicos de la HOAC y la JOC junto a destacados militantes comunistas, marcó un punto de inflexión en este proceso que culminaría en la consolidación de las CCOO de Euskadi, protagonista fundamental para comprender la importancia del antifranquismo en el País Vasco[37].”[38]

Cuando hablamos del PSOE también vimos como uno de los más importantes focos del PSOE Renovado estuvo en el País Vasco y tuvo a Nicolás Redondo y a Enrique Múgica como sus principales dirigentes.

“Desde 1953 los Comités Centrales del PSOE y la UGT en el País Vasco constituían una especie de dirección clandestina de los socialistas. Sin embargo, las tentativas del vitoriano Antonio Amat y del vizcaíno Ramón Rubial por consolidar una dirección central a partir de las estructuras del Norte no terminaron por cuajar durante el periodo de 1953 a 1967. A partir de esta fecha Rubial se vio respaldado por la incorporación de una nueva generación de militantes que no estaban marcados directamente por la experiencia de la República y la Guerra Civil, como los ya citados Nicolás Redondo, Eduardo López Albizu o del abogado donostiarra Enrique Múgica. Los primeros, trabajadores de la Naval en la Margen Izquierda del Nervión, representaban la tradición obrerista, mientras que Enrique Múgica, que anteriormente había sido miembro del PCE, y otros de su generación, procedían de otra cultura política no directamente vinculada al mundo obrero[39].”[40]

Ya vimos también la importancia que tuvieron los vascos en el desarrollo de otras organizaciones antifranquistas españolas como el MCE, la LCR y la ORT.

El partido que había liderado históricamente el nacionalismo vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tuvo una importante influencia en las luchas obreras de 1945-47, pero en los años 50 irían tomando el relevo los comunistas, católicos y el FLP, como hemos visto.

“En julio de 1959, una formación surgida a partir de un grupo de jóvenes denominado EKIN, que había mantenido algunos contactos con el PNV a mediados de los años cincuenta, hizo público un manifiesto político donde abogaba por la defensa de las señas de identidad y los derechos del País Vasco[41]. Se trataba de Euskadi Ta Askatasuna, ETA. Su irrupción en el panorama político puso de manifiesto la existencia de un relevo generacional en el seno del nacionalismo vasco que respondía con su organización a lo que ellos consideraban, según sus propias palabras, como pasividad e ineficacia del PNV y del Gobierno Vasco [en el exilio] contra el régimen franquista[42].

A mediados de los años sesenta ETA se definió como “Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional”, asumió las tesis tercermundistas de los modelos de Argelia, Cuba o Vietnam y la utilización de la lucha armada. […] a partir de la V Asamblea, en 1966, la organización acentuó sus acciones violentas. Fue precisamente durante los años siguientes cuando comenzó a manifestarse de forma más clara su activismo a través de la puesta en práctica del llamado principio de la espiral acción-reacción.”[43]

Esta forma de actuar resultó determinante en el desarrollo de la “lucha armada” en el País Vasco, que produciría idéntico efecto en el Ulster con el IRA norirlandés. La lucha terrorista se realimenta gracias a la represión indiscriminada de la policía. Si, tras un atentado selectivo contra alguien, la policía hace redadas masivas, termina consiguiendo que los verdaderos culpables escapen, mientras que un sector de los detenidos o de su círculo íntimo, que no tenía ninguna implicación real con los hechos al principio, acaben en la organización terrorista como respuesta a la represión. De esta manera el endurecimiento de la represión realimenta el conflicto. Es a esto a lo que ETA llamaba “espiral acción-reacción”, y obedecía a una estrategia que, como vemos, fue diseñada en una fecha tan temprana como 1966, dos años antes del primer atentado mortal de la banda.

“El primer atentado mortal de ETA, cometido el siete de junio de 1968, ha dado lugar a una verdadera leyenda en torno a las circunstancias que rodearon aquel acto y a quienes fueron sus protagonistas; el cabo de la Guardia Civil, José Pardines y el joven dirigente de ETA, Txabi Etxebarrieta. La muerte del primero abriría una larga lista de víctimas de una organización que marcaría la historia del País Vasco durante cuatro décadas. Pero la muerte de Xabi fue mucho más. Provocó una enorme conmoción en el ámbito nacionalista y, en general, en todo aquel heterogéneo mundo que se movía dentro del antifranquismo en el País Vasco y proporcionó a ETA su primer mártir[44].

Apenas dos meses más tarde, el 2 de agosto, ETA llevó a cabo su primer asesinato planificado, el del comisario Melitón Manzanas, antiguo colaborador de la Gestapo y cabeza visible de la represión franquista en Guipúzcoa, por cuyas manos habían pasado un largo número de dirigentes y militantes de la oposición antifranquista desde la posguerra. Se trató de un objetivo cuidadosamente elegido. El miembro de la temida Brigada Político Social encarnaba en sí mismo la representación más cruel de la represión franquista en Guipúzcoa y su asesinato fue recibido con satisfacción entre amplios sectores de la sociedad vasca.

La respuesta del régimen fue tan contundente como indiscriminada, dando lugar a una larga serie de detenciones donde los malos tratos y las torturas se practicaron de forma generalizada[45]. Todo ello provocó una oleada de solidaridad con los afectados y atrajo hacia las filas de la nueva organización a un gran número de jóvenes. El estado de excepción decretado tras aquel atentado abrió un ciclo de conflictos, detenciones y exilios que contribuyó aún más a generalizar el clima de rechazo contra las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este incremento de la tensión política y social culminó en diciembre de 1970 con la celebración del Juicio de Burgos contra 16 miembros de ETA. Sobre ellos pesaba la acusación de pertenecer a la organización armada y ser responsables de los asesinatos cometidos hasta ese momento por ella y de otros delitos, como atentados y diversos robos. La movilización de protesta contra este juicio no solo afectó al País Vasco. Se extendió por el resto de España, sobre todo entre los círculos políticos, intelectuales y obreros de la oposición antifranquista. El proceso tuvo un importante eco internacional, especialmente tras el secuestro y posterior liberación del cónsul honorario alemán Eugen Beihl Shaeffer. La represión contra las movilizaciones de protesta contribuyó aún más a extender entre amplias capas sociales la solidaridad hacia los condenados, y por extensión, hacia la causa defendida por la organización ETA.

Tras un periodo de reflujo de la actividad armada ETA incrementó y diversificó sus acciones a lo largo de 1972, mediante secuestros de empresarios, atracos y voladuras de edificios y monumentos con un gran contenido simbólico. Sus acciones fueron duramente respondidas por la policía y dejaron un reguero de muertes de militantes de esta organización tras varios enfrentamientos y persecuciones. […] El estado de excepción de abril de 1975 y la ley antiterrorista del 26 de agosto de ese año, tan sólo sirvieron para elevar aún más la tensión que se desbordó con los procesos de ese verano y la ejecución de los militantes de ETA Juan Paredes “Txiki” y Ángel Otaegui y los del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). El fusilamiento tras un juicio sumarísimo plagado de irregularidades procesales elevó la categoría de los ajusticiados, dotándoles del rango militar que la propia ETA reclamaba para sus miembros. El 27 de octubre se convirtió desde entonces en el Gudari Eguna, todo un regalo para aquellos que se presentaban como sucesores de los soldados que formaban parte del ejército vasco durante la guerra civil.”[46]

 

La ofensiva final

Ya hablamos en su día del rápido proceso de descomposición política del franquismo que se produjo a partir de 1969 y que diversos autores han denominado Tardofranquismo[47]. Mientras los signos de debilidad del Régimen cada día era más visibles, las fuerzas antifranquistas lanzaron una ofensiva política larga, sostenida en el tiempo, que sólo los Pactos de la Moncloa de 1977 y la Constitución de 1978 pudieron frenar. Es imposible enumerar la densidad de hechos que tuvieron lugar durante ese tiempo, aunque nos podemos hacer una idea del proceso mirando la tabla de huelgas que hubo en España en ese período y que pusimos al principio. Está claro que los agentes liquidadores más potentes que tuvo el Régimen fueron las facciones que se dieron en llamar genéricamente “el búnker” que, con su fanatismo represivo realimentaron la espiral acción-reacción de la que hemos hablado, y no sólo en el caso de ETA. En aquellos tiempos, ser detenido por la policía por ser un militante antifranquista no suponía ningún estigma social, sino todo lo contrario, era un motivo de orgullo para el que lo sufría y le terminaba abriendo puertas a su alrededor. El franquismo estaba herido de muerte. En ese proceso final hay una serie de hitos que nos pueden servir como referentes:

Ya hablamos de la “capuchinada” (1966), la Asamblea de Intelectuales (1970) y la “Caída de los 113” (1973) en Cataluña. Todas estas detenciones masivas hundieron la autoridad del Régimen en esta comunidad de manera definitiva. Los “grises”, la guardia civil y la brigada político-social no sólo eran vistos como unas fuerzas represivas contra la democracia, sino también contra Cataluña.

El proceso vasco también lo hemos visto. Toda la espiral violenta de ETA se puede asociar históricamente con el Tardofranquismo porque, aunque esta organización ya existía antes de los atentados de 1968, aún no había cometido delitos de sangre. ETA vinculará, con bastante éxito, ese periodo con la lucha por la identidad del pueblo vasco, a pesar de la extraordinaria potencia de las luchas obreras, por objetivos puramente laborales, dirigidas en su mayor parte por Comisiones Obreras, a las que UGT, ELA-STV y LAB se van incorporando paulatinamente. Esas luchas obreras seguirán hasta bien entrados los años 80, con sus traumáticas reconversiones industriales (siderurgia, sector naval…), pasando por los trágicos sucesos de Vitoria de 1976.

ETA puso la cuestión nacional en primer plano en el País Vasco a base de muertos y contó como colaboradores necesarios con los sectores más fanáticos del régimen franquista siguiendo el principio de acción-reacción y, al hacerlo, resucitó a un PNV que dormía desde hacía tiempo, viviendo de las rentas del pasado, que pudo presentarse como el rostro moderado del nacionalismo vasco.

El juicio de Burgos (1970), con sus 9 condenas a muerte (repartidas entre 6 personas), finalmente conmutadas por cadenas perpetuas, convirtió de nuevo a un franquismo que llevaba dos décadas blanqueando y europeizando su imagen, en un residuo fósil del fascismo europeo.


Cartel belga en solidaridad con los acusados del Proceso 1001

El 24 de junio de 1972 la policía detuvo a la dirección de Comisiones Obreras, mientras se encontraba reunida en el Convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Otra detención masiva que, como las demás, se terminó volviendo contra el Régimen. El juicio contra ellos, conocido como el Proceso 1001, fue fijado finalmente para el 20 de diciembre de 1973. Y éste sería, precisamente, el día elegido por ETA para asesinar al presidente de gobierno, Luis Carrero Blanco.

El atentado mortal contra Carrero Blanco aceleró aún más el proceso de descomposición política del franquismo y, para colmo, el 25 de abril de 1974 se produce en Portugal la Revolución de los claveles. El tiempo se acababa para el Régimen.

El Partido Comunista de España consideró entonces que había llegado el momento de tomar la iniciativa política, diseñando una salida “a la portuguesa”. El 30 de julio de 1974 se presenta a la prensa simultáneamente, en París y en Madrid, la Junta Democrática, fundada por el Partido Comunista de España, Partido Socialista Popular, Partido Carlista y Alianza Socialista de Andalucía, así como diversas personalidades públicas (Rafael Calvo Serer, José Vidal Beneyto y Antonio García-Trevijano). Después se adhirieron a la misma el Partido del Trabajo de España, Comisiones Obreras, la asociación de juristas Justicia Democrática y una serie de figuras independientes, como el aristócrata José Luis de Vilallonga.

Sin embargo el PSOE no estaba dispuesto a permitir que el PCE liderara el proceso de transición a la democracia en España y el 11 de junio de 1975 presentó su propia alternativa: La Plataforma de Convergencia Democrática, compuesta por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Democrática, Unión Socialdemócrata Española, Movimiento Comunista, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Partido Carlista y el Consejo Consultivo del Gobierno vasco en el exilio. Los contactos políticos se multiplican en todas las direcciones, y diversos gobiernos europeos se encargan de mediar entre el gobierno y las fuerzas de la oposición discretamente.

El 26 de marzo de 1976 se alcanza un acuerdo entre la Junta y la Plataforma, fusionándose ambas en un espacio llamado Coordinación Democrática, popularmente conocido como la Platajunta.

El 26 de septiembre de 1975 el Régimen volverá a ejecutar a cinco personas (3 del FRAP y 2 de ETA), desencadenándose una campaña mundial contra él, y el 20 de noviembre murió Franco, cerrando así un capítulo de la Historia de España.

 



[5] Fernández Pancorbo, P.: El maquis al norte del Ebro, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988.

[6] García Ramírez, Isaac Francisco: “El maquis. Guerrilla Antifranquista”, en Publicaciones Didácticas, nº 90. p. 459. www.publicacionesdidacticas.com

[7] Para la oposición durante la década de los cuarenta ver, especialmente, HEINE.: La oposición política al franquismo. Barcelona, 1983. También, FERNÁNDEZ VARGAS, V.: La resistencia interior en la España de Franco, Madrid, 1981.

[8] Pere Ysás: “Huelga laboral y huelga política. España, 1939-75”. Revista Ayer, nº 4. 1991. pp. 193-196.

[9] La Vanguardia Española, 3 de marzo de 1951. Félix Fanés: La vaga de tramvies del 1951. Barcelona., Laia, 1977, pp. 28-33, 48-51.

[10] Paul Preston: Ibíd. p. 429-430.

[11] Ibíd. p. 430.

[12] Pere Ysás: Ibíd. p. 197.

[13] Ibíd., pp. 198-199.

[14] Ibíd., p. 200.

[15] Ibíd., pp. 202-204.

[16] Francisco Erice: “La política sindical del PCE bajo el franquismo: la experiencia de las comisiones obreras”. Nuestra Bandera, nº 246, p. 158.

[17] Pere Ysás: Ibíd, pp. 204-206.

[18] Fernando Claudín: Documentos de una divergencia comunista. El Viejo Topo. Barcelona. 1978.

[26] Alan Woods: La gran traición. Asociación Lucha de clases. Barcelona. 2021. p. 318.

[27] Ibíd, p. 320.

[30] Ibíd.

[35] José Antonio Pérez Pérez: “Historia (y memoria) del antifranquismo en el País Vasco”, en Cuadernos de Historia Contemporánea. 2013. Vol. 35.

[36] Junto con Ramón Ormazabal fueron detenidos, entre otros, los hermanos Ibarrola, Enrique Múgica, Antonio Jiménez Pericas, Vidal de Nicolás o Maria Dapena. Véase a este respecto IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto y PÉREZ PÉREZ, José Antonio: Ramón Ormazabal: Biografía de un comunista vasco (1910-1982), Madrid, Latorre Literaria, 2005.

[37] Hay que destacar en este caso la importante participación de católicos en las primeras Comisiones Obreras de Euskadi. En la COPV cuatro de los cinco representantes pertenecían a los grupos católicos.

[38] José Antonio Pérez Pérez. Íbid.

[39] LÓPEZ, Raúl; LOSADA, María y CARNICERO, Carlos: Rojo esperanza. Los socialistas vascos contra el franquismo. Vitoria, Ikusaguer, 2013.

[40] José Antonio Pérez Pérez. Íbid.

[41] GARMENDIA, José María, en ELORZA, Antonio: La Historia de ETA (coord.): Madrid, Temas de hoy, 2000, pp. 92-102. PABLO, Santiago de; MEES, Ludger; y RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio: El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco II. Madrid, Crítica, 2000. p. 231.

[42] GURRUCHAGA, Ander: La refundación del nacionalismo vasco. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1989. GURRUCHAGA y Ander: El código nacionalista durante el franquismo. Antrhopos, Barcelona, 1985, y FERNÁNDEZ Gaizka: Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra, 1974-1994, Madrid, Tecnos, 2013. p. 70 y ss.

[43] José Antonio Pérez Pérez. Íbid. Las negrillas son mías.

[44] Sobre el tema de la creación del mito de Txabi Etxebarrieta y la peculiar martiriología del abertzalismo radical véase JUARISTI LINACERO, Jon: Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos. Madrid, Espasa, 1999, pp. 105-139 y sobre Argala, CASQUETE, Jesús: “La apoteosis del héroe-mártir en el nacionalismo vasco radical” en Cuadrenos Bakeaz nº 81, 2007.

[45] A lo largo de 1968 se practicaron 434 detenciones con un resultado de 189 encarcelados, 75 deportados y 38 exiliados. En 1969 la cifra de detenidos sin juicio llegaría a los 1953, Véase GARMENDIA; José María: Historia de ETA, Donostia, Haranburu Editor, 1995.

[46] José Antonio Pérez Pérez. Íbid.

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