El blog de Rafael Polo: España “se acostó monárquica y se levantó republicana”

Proclamación de la Segunda República en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona. (Fotografía de Josep María Sagarra)

La derrota de los rifeños y el fin de la Guerra de África representa el principio del fin de la Dictadura de Primo de Rivera. Un importante sector de la población aceptó los argumentos que el Régimen dio porque entendía que la excepcional situación de guerra que se estaba viviendo justificaba la toma del poder por los militares, que eran los “profesionales del ramo”. Pero el fin del conflicto los dejaba sin argumentos para seguir ejerciendo el mando.

El régimen canovista había durado 48 años. Fueron años de normalidad institucional. Durante ese tiempo los españoles fueron interiorizando la manera de funcionar propias de un sistema parlamentario que actuó con bastante regularidad. Había gran cantidad de críticas de un sector importante de la población hacia el sistema político, pero lo que se rechazaba era la gran manipulación informativa y las corruptelas de la clase política. Sin embargo, el gran distanciamiento que el régimen canovista había mantenido con el poder militar durante el primer cuarto de siglo de su existencia era casi unánimemente considerado como uno de sus logros históricos.

La creciente militarización del régimen a partir de 1902, impulsada por Alfonso xiii, y el golpe de estado de 1923 eran percibidos por buena parte de los españoles, de todo el espectro político, como algo anómalo, como una irregularidad que no debía consolidarse. La concepción que el dictador tenía de gobierno “civil”, en el que los civiles sólo ocupaban el 50% de las carteras ministeriales, el sistema de partido único que pretendía implantar, así como el modelo de Estado Corporativo, importado directamente de la Italia fascista, provocaron un rechazo frontal de la inmensa mayoría de la población española, incluyendo en ella a algunos de los segmentos más derechistas del espectro político. Llama la atención el paso a las filas republicanas de individuos tan significados como Niceto Alcalá-Zamora o Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, el histórico dirigente del ala derecha del Partido Conservador.

El partido único

En abril de 1924 se fundó la Unión Patriótica, el partido único que estaba llamado a protagonizar la institucionalización del nuevo régimen totalitario que Primo de Rivera tenía en mente. Su lema era “Patria, Religión y Monarquía”, inspirado por el tradicional de los carlistas: “Dios, Patria, Fueros, Rey”. El ideólogo oficial del Régimen, José María Pemán, se encargó de marcar las “diferencias” que éste mantenía con el fascismo, definiéndolo como “tradicionalismo socialcristiano”. Afirmando que había que acabar con el sufragio universal, el “gran error” del liberalismo tardío.

José Calvo Sotelo, otro de sus prohombres, definió a la Unión Patriótica como un partido “organizado desde el poder y por el poder”[1]. Esta excesiva dependencia del poder le impidió desarrollarse de una manera orgánica como tal partido. La “Junta Directiva Nacional”, creada en una fecha tan tardía como 1926, nunca llegó a tener claramente definidas sus funciones. Este conglomerado político era un conjunto de estructuras locales, lideradas por auténticos caciques y vertebradas a través de los gobiernos civiles, que usaban a su órgano central de propaganda, el diario La Nación, como referente ideológico que transmitía las consignas que había que difundir.

El estado corporativo

Aunque algunos de sus teóricos se encargaron de marcar las diferencias que la Unión Patriótica tenía con el fascismo italiano, sin embargo, importaron de éste el modelo de estado corporativo, lo que se concretó en la creación, en noviembre de 1926, de la Organización Corporativa Nacional (OCN), antecedente directo del futuro Sindicato Vertical del franquismo:

“Una institución que regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la "supervisión" del Estado, y cuyo impulsor fue el ministro de Trabajo Eduardo Aunós, antiguo miembro de la Liga Regionalista y defensor del catolicismo social. La idea de la OCN estaba inspirada en la "doctrina social de la Iglesia", aunque también estaba influida por el modelo corporativo fascista, dado el papel "tutelar" que se concedía al Estado[2].[3] Según Ángeles Barrio, el objetivo último de la OCN era garantizar la paz social mediante una política de intervención en el mundo del trabajo (lo que denomina como "corporativismo social")[4].

La OCN constaba de un primer escalón formado por comités paritarios; un segundo escalón constituido por las comisiones mixtas provinciales y, finalmente, un tercero, formado por los consejos de la corporación de cada oficio, que constituían el órgano superior. La representación de patronos y obreros era igual en cada paso –cinco por cada lado- y la labor presidencial era ejercida por un representante del gobierno. Primo de Rivera ofreció la representación de la clase obrera en la OCN al sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores, lo que creó un importante elemento de división interna entre las socialistas, ya que la UGT aceptó el ofrecimiento. "El plan que Primo de Rivera proponía a la UGT era ventajoso para el desarrollo y ensanchamiento de sus bases sindicales y para su representatividad en el ámbito de las relaciones laborales, que venía disputándosela con la CNT desde los primeros años del siglo", afirma Ángeles Barrio, pero como alega esta misma historiadora la colaboración de la UGT con la Dictadura produjo una honda fractura en el socialismo español, ya que algunos líderes como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos se opusieron a ella por considerarla injustificada y oportunista.”[5]

Como iremos viendo, la particular interpretación del modelo fascista que hicieron los hombres de Primo de Rivera después será usada como modelo por el Régimen de Franco a partir de 1936, que mantendría sus líneas maestras hasta una fecha tan reciente como 1975.

Pero la colaboración del ala de la ugt y del socialismo que lideraba Largo Caballero también haría que ésta obtuviera un gran rédito político de su intervención en las instituciones del Sistema, creando una estructura que después veremos en acción durante la Segunda República y que, incluso, inspirará a algunas fuerzas clandestinas durante el franquismo.

La Asamblea Nacional Consultiva

El proyecto político comenzó a concretarse a partir de 1926. El 13 de septiembre de ese año tendrá lugar un plebiscito (referéndum) “informal”, es decir, algo así como una macro encuesta, cuyo objeto último era presionar al rey para que respaldara su propuesta de institucionalización de la dictadura. Este proyecto se plasmará en el Real Decreto-ley del 12 de septiembre de 1927:

“En el Real Decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 que la fundó, se decía que "no ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías", sino un "órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborará con el Gobierno"[6]. Era "una asamblea corporativa, dependiente por completo del poder ejecutivo"[7], "con miembros elegidos por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las uniones patrióticas, los órganos del Estado y representantes destacados de la Administración, el ejército, la justicia o la Iglesia junto a otros representantes del trabajo, el comercio, la cultura, las artes y demás actividades por el gobierno, y pretendía ser la expresión de un modelo tripartito de representación –Administración, Sociedad y Partido- que tenía sus raíces en el corporativismo clásico y en el corporativismo fascista italiano"[8].”

Esta asamblea, como vemos, se parece bastante a las cortes franquistas. Se constituyó en febrero de 1928 y su primera tarea consistió en intentar dotar al nuevo régimen de una “constitución” a la que varios de sus propios ponentes calificarían como “carta otorgada”.

Conforme avanzaba el proceso de institucionalización de la Dictadura, más rechazo provocaba en la sociedad española, y más se agudizaban los enfrentamientos en el seno del propio Régimen. El distanciamiento anímico entre el dictador y el monarca se fue acentuando e, incluso, entre el dictador e importantes sectores del ejército, que se suponían que eran su base de apoyo principal. En septiembre de 1926 se disolvió el cuerpo de artillería. "Desde entonces, un sector importante del ejército adoptó una postura republicana"[9].

Hubo dos intentos fracasados de golpe de estado para derribarlo. El primero de ellos fue la “Sanjuanada”, que debía tener lugar el 24 de junio de 1926 (es decir, el día de San Juan), y que estuvo liderado por los generales Weyler y Aguilera, y el segundo tuvo lugar en Valencia, en enero de 1929, y contó con el apoyo destacado de los artilleros.

También hubo un proyecto de invasión desde la Cataluña francesa, conocido como el “Complot de Prats de Molló”, organizado por el grupo catalanista Estat Catalá, en el que colaboraron también anarcosindicalistas de la CNT catalana.

La creación de la Asamblea Nacional Consultiva fue el principio del fin de la colaboración de los socialistas de Largo Caballero con el Régimen. Estos se negaron a participar en ella, lo que vino a significar la rehabilitación política de Indalecio Prieto y de Fernando de los Ríos, que empezarán a trabajar activamente para incorporar al psoe al bloque republicano.

La política económica

La política económica seguida por Primo de Rivera se caracterizó por un fuerte intervencionismo estatal, el proteccionismo de la “producción nacional”, la creación de monopolios oficiales (¡privados!) que controlaban sectores enteros de la economía y una fuerte inversión en obras públicas que no se apoyó en una reforma fiscal para financiarla, sino que lo hizo a base de deuda pública, un lastre económico que heredaría la Segunda República.

Es obvio que Primo de Rivera no dejó de improvisar, desde el principio hasta el final de su gobierno, lo que iría conduciendo paulatinamente a su régimen hacia un callejón sin salida. Tenía necesidad de presentar resultados económicos a muy corto plazo, para evitar deserciones, y de crear una red clientelar. El recurso a la obra pública era una forma fácil y rápida de generar empleo e impulsar el desarrollo económico, pero sin una reforma fiscal que pudiera mantener esa inversión en el tiempo era “pan para hoy y hambre para mañana”, era trasladar sus costes hacia el futuro.

Impulsó el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas a través de las confederaciones hidrográficas, se hicieron 7.000 kilómetros nuevos de carreteras, se llevó la electricidad al mundo rural, se construyeron también nuevas líneas férreas.

Su intervencionismo económico lo llevó a crear los monopolios del petróleo (campsa), y de teléfonos (Telefónica), Estos monopolios se pusieron a la venta, para poder obtener liquidez inmediata. Así pues CAMPSA fue adjudicada a un consorcio formado por el Banco de Vizcaya, Hispano Americano, Banesto y Urquijo; Telefónica tenía como accionista principal a la ITT norteamericana.

Este intervencionismo económico le llevó a crear el Consejo de Economía Nacional, en 1924, “sin cuyo permiso no podía, por ejemplo, instalarse ninguna industria nueva”[10]. En dicho organismo tenían mayoría en sus órganos de dirección los representantes de las organizaciones patronales.

Política exterior

Tras cosechar algunos fracasos diplomáticos en la Sociedad de Naciones, como su intento de incorporar la ciudad de Tánger (que tenía el estatuto internacional) al protectorado español de Marruecos, por la oposición de Francia y de gran Bretaña, enfocó su estrategia en reforzar la presencia española en Hispanoamérica. Dentro de ella hay que enmarcar la organización de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929, y el patrocinio del viaje del Plus Ultra, “un hidroavión pilotado por el comandante Ramón Franco que salió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y llegó a Buenos Aires dos días después, tras haber hecho escala en las islas Canarias y en las de Cabo Verde.”[11]

La marea republicana

El golpe de estado de 1923 fue el acta de defunción del régimen canovista. Con él se fueron los viejos partidos del encasillado: conservadores y liberales. Primo de Rivera fue el enterrador del liberalismo español.

Una vez desaparecidas las fuerzas políticas que habían estado gobernando, de una o de otra manera, en España desde el fin del absolutismo ¿Qué quedaba?

Pues, obviamente, las que venían combatiéndolas desde entonces: republicanos, socialistas, regionalistas, nacionalistas, anarquistas, carlistas… Este fue el gran logro político de los nostálgicos del absolutismo. Quien se enfrenta al avance inexorable de la historia, siempre pierde.

Los republicanos venían trabajando para desbordar los límites que al liberalismo decimonónico español le habían impuesto los sectores más oligárquicos del Sistema, con el apoyo entusiasta de los monarcas. Estos sectores llevaban ya dos generaciones intentando volver atrás. Eran incapaces de manejar las demandas de descentralización política y las reivindicaciones de la emergente clase obrera. El recurso al ejército para contenerlas era un reconocimiento implícito de que el sistema que la Restauración borbónica construyó había agotado su recorrido histórico. El dilema, tal y como se presentaba a la altura de 1930, era entre el fascismo y la democracia. Ya no valía el parlamentarismo de las élites, el del sufragio censitario. Había llegado la hora del sufragio universal integral y de los partidos de masas. La única salida sensata a aquel atolladero que se perfilaba en el horizonte era la República, como en la Francia de 1871. Los republicanos, en la España de los años 20, tenían ya más de un siglo de existencia y, aunque minoritarios y diversos, se habían ido curtiendo en mil batallas desde el Trienio Liberal, pasando por “La Gloriosa”. Habían estado junto al pueblo en la Semana Trágica, en las luchas que llevaron a la clase obrera a conquistar la jornada de ocho horas, en la oposición a las guerras coloniales…

Y la Dictadura de Primo de Rivera tuvo la virtualidad de catalizar la respuesta republicana. Durante los años veinte va apareciendo una derecha republicana que viene directamente de los partidos del encasillado canovista y que ha roto con ellos. Alcalá-Zamora y Miguel Maura fundarán el partido “Derecha Liberal Republicana”, que reivindica la República, sin complejos, desde posiciones conservadoras y católicas.

“El 13 de abril de 1930, cuando el general Primo de Rivera ya había dimitido de su cargo y había sido sustituido por el general Dámaso Berenguer, que tenía el encargo de Alfonso XIII de volver al régimen constitucional de 1876, Alcalá-Zamora pronunció un famoso discurso en el teatro Apolo de Valencia en el que retiró su apoyo y confianza a la monarquía, reivindicando una república basada en un modelo similar a la Tercera República Francesa, esto es, apoyada en las clases medias y en los intelectuales.”[12]

…

[Miguel Maura,] “en su obra Así cayó Alfonso XIII (1962) relata su cambio ideológico y su participación en el movimiento republicano, e incluso una conversación entre él y algunos de sus hermanos –que apoyaban la opción monárquica, e incluso alguno era amigo personal del monarca y otro, el duque de Maura, fue nombrado ministro de Trabajo en el último gobierno de la monarquía alfonsina– en la que, a pesar de sus diferencias políticas, afirmaban que, de seguir vivo su padre (que murió en 1925), hubiera apoyado y seguido la opción que defendía su hijo Miguel, pues también se sintió desengañado del monarca por su apoyo al dictador militar.”[13]

El republicanismo español de 1930 es un republicanismo burgués. La izquierda había mantenido las distancias con él. Ya vimos como los socialistas se volvieron republicanos en los últimos meses de la dictadura. El Partido Comunista de España, que seguía siendo una organización clandestina el 14 de abril de 1931, no participó en el proceso fundacional de la II República:

“El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II República, que el PCE consideraba un "engaño para la clase trabajadora". El PCE proclamó: "¡Abajo la república burguesa! ¡Vivan los soviets!"[14]

La República tampoco contó con el apoyo del primer sindicato del país, la CNT, también clandestino desde 1923.

Manuel Azaña

El gran vertebrador del movimiento republicano, desde mediados de los años veinte y hasta el fin de la Guerra Civil fue, indudablemente, Manuel Azaña. La Segunda República Española hubiera sido muy diferente de lo que fue sin su participación en ella.

Azaña era un funcionario de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que había militado en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez desde 1913 y que se autodefinía como “accidentalista”, es decir, le resultaba indiferente la forma de gobierno, siempre que éste llevara a cabo las reformas políticas que su formación consideraba imprescindibles (Democracia parlamentaria, Estado laico y soberano atento a la justicia social y a la cultura, y la imperiosa necesidad de acabar con el caciquismo).

“En septiembre de 1917, Azaña realizó un viaje a Italia junto a Unamuno, Américo Castro y Santiago Rusiñol para visitar los frentes de guerra; en noviembre de ese mismo año, viajó de nuevo a Francia con el mismo objetivo.

A su vuelta, y desde enero de 1918, inició un ciclo de conferencias en el Ateneo sobre "La política militar de la República francesa", tema que le venía ocupando desde hacía tiempo y que, finalmente, terminaría concretándose en un proyecto de obra en tres volúmenes sobre Francia del que solo llegaría a publicarse el primero, precisamente sobre esa cuestión militar.

[…]

Como consecuencia de esta dedicación al tema militar, fue el encargado en el Partido Reformista de desarrollar la parte ideológica del mismo sobre Guerra y Marina; básicamente, Azaña propuso alejar al ejército de la política, reducir el número de oficiales o, al menos, impedir su crecimiento y reducir el tiempo del servicio militar.”[15]

Era socio, desde 1900, del Ateneo de Madrid, institución en la que desempeñó diversas responsabilidades organizativas. Fue secretario del mismo entre 1913 y 1919 y presidente de 1930 a 1932.

Su labor en el Ateneo ayudó a convertir a éste en la tribuna más prestigiosa del país. Por el ateneo madrileño fue pasando, durante la Dictadura de Primo de Rivera, buena parte de la intelectualidad española. En él se debatieron multitud de temas de la actualidad política. Poco a poco Azaña se fue convirtiendo en una de las personas más influyentes del país.

“El golpe de estado de Miguel Primo de Rivera fue un momento crítico en su evolución política. En primer lugar, lo llevó a romper con el Partido Reformista porque entendió que su base doctrinal y moral era insuficiente para hacer frente a la situación política de España. Básicamente, Azaña entendió que el partido se había fundado para democratizar la monarquía, conservando su forma y su prestigio histórico, pero en modo alguno su arbitrariedad inherente, por lo que su aceptación del golpe podía considerarse una traición sencillamente imperdonable y un fracaso en la línea del partido que no supo ver la imposibilidad de confiar en la monarquía. Derivado de lo anterior, en segundo lugar, Azaña rompió también con la monarquía. Y en tercer lugar, se alejó definitivamente de muchas de las figuras del 98 y del regeneracionismo, que tomaron la Dictadura como una oportunidad para romper con el régimen anterior, algo que para Azaña era impensable.

Como consecuencia de todo ello, Azaña terminó por identificar la democracia con la república y postuló como base para intentar alcanzarla la unión de republicanos y socialistas. Así, emplazó a Julián Besteiro y a Fernando de los Ríos a simbolizar ese nuevo movimiento de acción política.”[16]

En 1925 Azaña fundó, en la clandestinidad, Acción Republicana, que promovió a su vez, en 1926, una plataforma unitaria llamada Alianza Republicana, en la que también se integrarán el Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, el Partit Republicà Català, de Marcelino Domingo y Lluís Companys y el Partido Republicano Federal.

“Según la historiadora Ángeles Barrio, "la importancia de la Alianza estribaba en que representaba una renovación del republicanismo capaz de lograr, como se demostró a raíz de la proclamación de la Segunda República Española, lo que hasta entonces no le había sido posible: atraer al proyecto político de la República a unas bases sociales principalmente urbanas, de clases medias y medias bajas, así como a amplios sectores de los trabajadores"[17].

El manifiesto que hizo público la Alianza Republicana el mismo día que se creó, el 11 de febrero de 1926, aniversario de la Primera República, en el que se pedía la convocatoria de "unas Cortes Constituyentes elegidas mediante sufragio universal, en las cuales lucharemos por la proclamación del régimen republicano", obtuvo un amplio respaldo de los centros republicanos, unos 450, que decían agrupar a cerca de 100.000 personas[18]. También suscribieron el Manifiesto intelectuales como Vicente Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Eduardo Ortega y Gasset o Luis Bello.”[19]

La marea republicana no paraba de crecer desde 1923, llegando a alcanzar una potencia formidable a partir de 1930.

El Gobierno Berenguer

Ante el rechazo generalizado que las instituciones creadas por el dictador estaban provocando en la sociedad española, Primo de Rivera presentó al rey, en diciembre de 1929, un plan de “transición” que pasaba por la convocatoria de una nueva asamblea bicameral que pudiera dar una salida controlada a la situación. Pero éste le pidió tiempo para pensar. Después pedirá el apoyo a los capitanes generales, que éstos se negaron a darle. En enero de 1930 presentó su dimisión ante el monarca.

Alfonso XIII nombró después como presidente de gobierno al General Dámaso Berenguer, con el mandato de retornar a la normalidad constitucional. Pero, tanto la monarquía como los escasos defensores que a ésta le quedaban, carecían totalmente de credibilidad cuando hablaban de volver a la “normalidad constitucional”, después de siete años de gobierno anticonstitucional.

José Ortega y Gasset publicó un artículo, el 15 de noviembre de 1930 en el diario El Sol, titulado “El error Berenguer”, que tuvo una gran repercusión mediática, en el que decía:

[La] “política [de la monarquía] significa: Volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos ‘como si’ aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal. Eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España (...) Pero esta vez se ha equivocado. Éste es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la gran viltá que fue la Dictadura. El régimen sigue solitario, acordonado, como leproso en lazareto.”[20]

El Pacto de San Sebastián

El 17 de agosto de 1930 se celebró en San Sebastián una reunión, convocada por la Alianza Republicana, a la que asistieron, además de los convocantes, representantes del Partido Radical-Socialista, Derecha Liberal Republicana, Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, Estat Català y la Federación Republicana Gallega. A título personal también estuvieron presentes Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset. Gregorio Marañón no pudo asistir, pero mandó una carta de adhesión a las decisiones que allí se tomaran.

En esa reunión no se levantó acta, aunque se publicó una “nota oficiosa” en el diario El Sol, en la que no se dice gran cosa, más allá de informar que se han reunido. Citan expresamente a los que lo han hecho y a las organizaciones que representan, dicen que hubo “absoluta unanimidad” en las decisiones que se tomaron y que no especifican, y se hace un llamamiento a unirse al grupo al resto organizaciones políticas y obreras “adversas al actual régimen político”. Los que pactaron en San Sebastián, como vemos, eran tan parcos en sus manifestaciones públicas como los que lo hicieron en Ostende en 1866, que organizaron la Revolución de “La Gloriosa” (1868). Fue mucho más explícito el periodista que informó sobre la reunión:

“PACTO DE SAN SEBASTIAN

El Sol, 18 de agosto de 1930

Las izquierdas españolas firman lo que será llamado «Pacto de San Sebastián». Instauración de la República y autonomías regionales son los acuerdos más destacados.

San Sebastián, 18 (10 m.).- Ayer, a mediodía, acudieron al hotel de Londres representantes de los distintos partidos republicanos españoles y después de almorzar se reunieron en los locales de la Unión Republicana.

La reunión duró desde las cuatro hasta las cinco y media, y se distinguió por la coincidencia fundamental en las cuestiones autonómicas, electoral y revolucionaria.

Al terminar, los reunidos se negaron a hacer manifestaciones concretas,

[…]

Otros pormenores

San Sebastián, 18 (9 m.).- A pesar de la reserva guardada por cuantos asistieron a la reunión de las izquierdas, hemos podido obtener alguna ampliación a los puntos de vista recogidos en la nota oficiosa facilitada a la Prensa.

El problema referente a Cataluña, que es el que más dificultades podía ofrecer para llegar a un acuerdo unánime, quedó resuelto en el sentido de que los reunidos aceptaban la presentación a unas Cortes Constituyentes de un estatuto redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el Estado español.

Este acuerdo se hizo extensivo a todas aquellas otras regiones que sientan la necesidad de una vida autónoma.”[21]

En octubre, el PSOE y la UGT se adhirieron al pacto y convocaron una Huelga General para el 15 de diciembre. Poco después se formó un “Comité Revolucionario”, formado por Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga, Luis Nicolau d'Olwer, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero.

El 12 de diciembre se sublevó la guarnición militar de Jaca, dirigida por los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, que fue sofocada rápidamente. Los dos capitanes fueron sometidos a un consejo de guerra sumarísimo, y fusilados dos días después. Esta sublevación abortó el verdadero intento de golpe de estado, que estaba previsto para el día 15, así como la Huelga General que debía acompañarlo, y convirtió a Fermín Galán y Ángel García Hernández en los dos primeros mártires de la Segunda República:

“La primavera ha venido

de brazos del capitán.

Niñas, cantad a corro:

¡Viva Fermín Galán!

La primavera ha venido

y don Alfonso se va.

Muchos duques le acompañan

hasta cerca de la mar.

Antonio Machado

La Virgen del Pilar dice

Que no le gusta la monarquía

Que quiere ser republicana

Como Galán y García

Copla popular”[22]

Gobierno Aznar

Como consecuencia de los sucesos de Jaca, el General Berenguer ordenó la detención del Comité Revolucionario. Algunos marcharon al exilio y otros, como Azaña, pasaron a la clandestinidad. Pero la extraordinaria presión popular le obligó a restablecer la vigencia del artículo 13 de la Constitución de 1876, que reconocía la libertad de expresión, reunión y asociación. Y convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1931

“Con el fin de "llegar a constituir un Parlamento que, enlazando con las Cortes anteriores a la última etapa [la Dictadura de Primo de Rivera], restableciera en su plenitud el funcionamiento de las fuerzas cosoberanas [el rey y las Cortes] que son eje de la Constitución de la Monarquía Española". No se trataba, pues, ni de Cortes Constituyentes, ni de unas Cortes que pudieran acometer la reforma de la Constitución, por lo que la convocatoria no encontró ningún apoyo, ni siquiera entre los monárquicos de los partidos que se habían turnado en el poder (Partido Liberal-Fusionista y Partido Conservador) durante el régimen de la Restauración.[23]”[24]

Conforme avanza 1931 el Régimen se percata de que las elecciones generales del 1 de marzo iban a ser catastróficas para el futuro de la monarquía. A mediados de febrero el rey cesó al General Berenguer y nombró presidente al Almirante Juan Bautista Aznar, que formó un gobierno compuesto por algunos de los antiguos líderes de los partidos liberal y conservador, entre los que se encontraba Gabriel Maura, hermano de Miguel Maura que, como hemos visto, formaba parte del Comité Revolucionario del Bloque Republicano. Esto lo podemos interpretar como un intento de establecer puentes con los republicanos o como una forma de neutralizar el impacto que la presencia de un miembro de la familia Maura entre los líderes republicanos tenía entre la derecha sociológica española. Tal vez perseguía los dos objetivos simultáneamente.

El Gobierno Aznar reformuló la estrategia gubernamental y cambió el calendario. Las elecciones generales se suspendían, de momento, y se convocaban, primero, unas elecciones municipales, que tendrían lugar el 12 de abril. El objetivo parecía ser tomarle el pulso a la situación a través de las municipales y evaluar la situación después, para modular la respuesta en función de cómo evolucionaran los acontecimientos.

La proclamación de la República

Pero la situación ya se le había ido de las manos. El Régimen estaba, desde hacía tiempo, a la defensiva y prácticamente acorralado. No había manera de parar la marea republicana.

Todo el mundo se tomó las elecciones municipales como un plebiscito sobre monarquía o república. El gobierno, en su obsesión por ganar tiempo y retrasar la batalla decisiva, que hubieran sido las elecciones generales, convirtió, sin pretenderlo, a las municipales en la herramienta para forzar el cambio de régimen.

Portada del diario “Heraldo de Madrid” del 13 de abril de 1931

Los resultados de las elecciones fueron inapelables. La portada de El Heraldo de Madrid del 13 de abril no podía ser más expresiva: no habla de elecciones, sino de plebiscito. Los republicanos habían conseguido alzarse con 40 alcaldías de capitales de provincia, contra 10 monárquicas. En Barcelona, el municipio con más población de España, los concejales republicanos casi cuadriplicaban a los monárquicos, y estos últimos eran de la Lliga Regionalista, es decir, autonomistas. Ni uno solo pertenecía a la Coalición Monárquica oficial.

“La victoria de los partidos monárquicos se produjo en 10 capitales de provincia: Ávila, Burgos, Cádiz, Gerona, Lugo, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria y Vitoria. El proceso electoral se vio regido por la Ley de 1907. Según el artículo 29 de esta Ley la elección de los concejales era inmediata, sin necesidad de votación, en aquellas localidades donde el número de candidatos fuese igual al de puestos a cubrir, lo que favorecía el caciquismo en los municipios rurales, caciquismo antidemocrático que precisamente se pretendía eliminar. La Ley de 1907 y la presión del caciquismo explican el porqué en la mayoría de los municipios rurales no hubo votaciones y la cantidad de concejales monárquicos elegidos, impidiendo el sufragio electoral a miles de electores rurales. Se consideraba, por tanto, que la mayoría de los concejales monárquicos afines a los intereses políticos y económicos de los caciques no habían sido elegidos legítimamente en sufragio electoral, y así lo entendieron hasta las propias instituciones monárquicas antes de su exilio. Es por ello que sólo se consideraron legales las votaciones de las capitales de provincia y de los grandes municipios, donde los republicanos fueron mayoritarios.”

[…]

“Las elecciones suponían a la Corona una amplia derrota en los núcleos urbanos, y una victoria en las zonas rurales. […] Si las elecciones se habían convocado como una prueba para sopesar el apoyo a la monarquía y las posibilidades de modificar la ley electoral antes de la convocatoria de elecciones generales, los partidarios de la república consideraron tales resultados como un plebiscito a favor de su instauración inmediata.” [25]

Creo que estas citas dejan meridianamente claro el estado de la situación el día después de las elecciones municipales.

“A las diez y media de la mañana el presidente Aznar-Cabanas entraba en el Palacio de Oriente de Madrid para celebrar el Consejo de Ministros. Preguntado por los periodistas sobre si habría crisis de gobierno, Aznar-Cabanas contestó:[26]

¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?”[27].

[…]

“En la madrugada del lunes al martes el conde de Romanones envió una nota al rey en la que le pedía que por la mañana reuniera al Consejo de ministros y «el mismo reciba la renuncia del Rey». Esa misma madrugada el rey telefoneó al subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Mariano Marfil para exigirle que disolviera la concentración que se había formado en la Puerta del Sol, pero éste le contestó que el capitán al mando le había dicho que no «puede ordenar a la fuerza que salga, porque los soldados no le obedecerían». «Es lo que me quedaba por saber», le respondió el rey. Al rato le vuelve a llamar para que le busque una ruta de salida segura para abandonar España (que será la de Cartagena) y para que le prepare un coche de escolta para la tarde. Marfil a continuación habló con el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil.[28]

[…]

A primeras horas de la mañana del 14 de abril el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se dirige a la casa de Miguel Maura, donde se encuentran reunidos los miembros del "comité revolucionario" que no estaban exiliados en Francia, ni escondidos: Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga, y Álvaro de Albornoz. Nada más entrar en la casa el general Sanjurjo se cuadra ante Maura y le dice: «A las órdenes de usted señor ministro». Inmediatamente avisan a Manuel Azaña y a Alejandro Lerroux, que se hallaban escondidos en Madrid desde hacía meses, para que acudan a casa de Maura.

[…]

Los miembros del "comité revolucionario" se dirigen a la Puerta del Sol. Cuando llegan Miguel Maura llama al portalón del Ministerio y grita: «Señores, paso al Gobierno de la República». Los guardias civiles de la entrada se cuadran y presentan armas. A continuación el comité revolucionario se constituye en "Gobierno Provisional" de la República y designa a Niceto Alcalá-Zamora como su presidente. Eran las ocho de la tarde del 14 de abril. A esa misma hora el rey se despedía de los nobles y grandes de España que habían acudido al Palacio de Oriente y abandonaba Madrid en coche en dirección a Cartagena, donde hacia las cuatro de la madrugada embarcaba en el crucero Príncipe de Asturias rumbo a Marsella. Pocas horas después la reina y el resto de la familia real abandonaron Madrid en tren en dirección a la frontera con Francia. [29]”[30]