El hundimiento de la UCD

 

Las elecciones generales de 1979 dieron paso a un nuevo gobierno de la UCD, presidido por Suárez que, a diferencia del anterior, demostró desde el primer momento su creciente aislamiento parlamentario. Si la gran mayoría de las fuerzas políticas que participaron en las Cortes Constituyentes estaban interesadas en que el proceso de institucionalización de la Democracia en España tuviera éxito, una vez establecido el marco legal fundamental -la Constitución- se abría una nueva etapa en la que la lucha de cada partido en defensa de su propio espacio político se convirtió en la prioridad número uno. A partir de ese momento se fue haciendo cada vez más evidente que la Unión de Centro Democrático no era un verdadero partido sino un aluvión de individuos que se habían agarrado al liderazgo de Suárez para ascender, aprovechando el vacío de poder creado en la fase del cambio de Régimen. La UCD era una suma de tribus políticas diversas, que “vendían” hacia el exterior su falta de vertebración orgánica interna como “pluralismo ideológico”. Sus diversos miembros solían presentarse como democristianos, liberales o socialdemócratas. Muy pocos estaban dispuestos a reconocer que, en realidad, eran antiguos falangistas reciclados para poder participar en el nuevo proceso político que se abría ante ellos.

Una vez aprobada la Constitución pasaron al primer plano la gran cantidad de problemas pendientes que la España de finales de los años 70 tenía, y la formación política que debía encararlos estaba muy lejos de tener la consistencia interna que exigía la coyuntura.

 

La crisis económica

“España entró en recesión a partir de 1979, con una masiva destrucción de empleo que arrojaba unas preocupantes cifras: 12 % de paro en 1980 y 15 % al año siguiente. El gobierno intentó que la depresión económica no se tradujera en revuelta social, y para ello aumentó el déficit público, habida cuenta del elevado gasto en pensiones y subsidio de desempleo, sin olvidar el dinero público dirigido a mantener unas industrias obsoletas y poco productivas. Y todo ello en medio de una crisis bancaria considerable y una inflación que iba reduciéndose, aunque aún resultaba alta: 16,55 % en 1980 y 14,4 % en 1982. Mientras Europa crecía entre 1978 y 1980, España se hundía económicamente, como lo demuestra el hecho de que en 1977 la renta per cápita española se situase en un 77,2 % del promedio de los países de la Comunidad Europea y tres años más tarde, en 1980, esa cifra cayese cinco puntos, situándose en el 72 %.”[1]

 

El terrorismo

Mientras España se hundía económicamente, las organizaciones terroristas surgidas durante los últimos años del franquismo redoblaban su acción, alcanzando sus más elevadas cotas precisamente entre 1978 y 1980. Las dos más activas fueron, indudablemente, ETA y los GRAPO.

“ETA se cobró 68 víctimas en 1978, 85 en 1979 y 100 en 1980. Entre las elecciones del 15 de julio de 1977 y el 23 de febrero de 1981 habían sido asesinados 300 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, entre los cuales se encontraban policías, guardias civiles y militares.[2]”[3]

Estos tres años fueron, con diferencia, los más sangrientos de su historia.

“Los GRAPO han asesinado a más de 80 personas, más de la mitad de ellos entre 1977 y 1979. Por otra parte, su tendencia a replicar con las armas a cualquier intento de detención se ha traducido en que casi treinta de sus miembros hayan muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. […Su] máxima letalidad se alcanzó en 1979, año en que asesinaron a 31 personas.”[4]

 

El “desencanto”

“Tras la Constitución, el movimiento obrero se mantuvo activo y el número de huelgas en 1979 se incrementó con respecto a las registradas el año anterior. Si en 1978 se produjeron algo más de 3,5 millones de huelgas, en 1979 llegaron a 5,7 millones[5]. Ya no se luchaba por la libertad y la democracia, sino por conservar el puesto de trabajo y un nivel adquisitivo en peligro desde que se desatara la segunda crisis del petróleo. A partir de 1980 la movilización obrera fue remitiendo porque la mayor parte de las reivindicaciones no se consiguieron, lo que provocó el desgaste de un movimiento que, gracias a las políticas sociales aplicadas, comprobaba que el nivel adquisitivo de los obreros no caía estrepitosamente y éstos podían mantener un nivel de vida digno.”[6]

El desaliento inducido entre los dirigentes obreros de la clandestinidad por la política de pactos llevada a cabo por sus dirigentes y la simultánea degradación de los niveles de vida de los trabajadores, mientras un partido de derechas surgido de entre las filas del franquismo se mantenía al frente del gobierno, hizo que buena parte de ellos abandonaran sus respectivos partidos o sindicatos. Fue el fenómeno conocido como “el desencanto”.

 

La política exterior

“El gobierno de Suárez firmó con la Santa Sede, en febrero de 1979, una serie de acuerdos parciales que garantizaban la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, lo cual dio lugar a la introducción de la asignatura de religión en la escuela. Estos acuerdos contemplarían la inversión pública en colegios religiosos concertados y establecían la posibilidad de que el contribuyente, si así lo quería, pudiera ayudar a la financiación de la iglesia mediante un porcentaje del impuesto sobre la renta. Todo ello dio lugar a la radical oposición de la izquierda en el parlamento. PSOE y PCE rechazaron, contundentemente, estas medidas porque entendían que, con ellas, se concedía excesivo protagonismo a la Iglesia católica en materia educativa.”[7]

Mientras tanto las presiones internacionales sobre España se redoblaron para que se incorporara a la OTAN. Suárez se resistía a hacerlo en contra de la opinión de varios de sus ministros, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. El Presidente, que quería ganar tiempo, lo cesó. Mientras tanto las negociaciones para el ingreso en las Comunidades Europeas se detuvieron debidas, fundamentalmente, a la oposición francesa, que temía que el ingreso español en la misma perjudicara a su sector agrícola. La relación con Francia, además, también se deterioraba por la clara consciencia que había entre el gobierno y las fuerzas de orden público de que este país se había convertido en un verdadero santuario para ETA, desde donde salían sus comandos para hacer los atentados en España y donde se refugiaban después de haberlos llevado a cabo.

“Una de las características principales de la política exterior española durante los gobiernos de Adolfo Suárez fue la importancia que el presidente concedió a los países árabes y a Latinoamérica. La propia actitud de Suárez hizo virar la política exterior española hacia estos dos ámbitos, quizá en detrimento de las relaciones con las Comunidades Europeas y, sobre todo, con los Estados Unidos. Quizá este viraje fuera debido a que el jefe del Ejecutivo pretendía dibujar una especie de alternativa al eje Este-Oeste sobre el cual giraban las relaciones internacionales en plena Guerra Fría; o quizá porque con esta actitud quería mostrar un perfil audaz, casi transgresor, en un ámbito -la diplomacia- donde parecía encontrarse más libre, menos encorsetado.”[8]

Como vemos, la política exterior de Adolfo Suárez, en especial a partir de 1979, se fue deslizando hacia una dirección que se alejaba del núcleo duro de las potencias occidentales. Esto fue creando un creciente nerviosismo entre ellas, que se tradujo en presiones sobre el gobierno y, sobre todo, sobre el Rey.

 

Las conspiraciones militares

El Régimen franquista había sido, en su origen, un régimen militar y, pese a que había evolucionado bastante lo largo de sus 40 años de existencia, nunca dejó de perder su carácter esencial. En el esquema político que Franco había ido trazando y que había reflejado en la Ley Orgánica del Estado que debía regir la evolución del Régimen tras su muerte, el ejército aparecía como el garante del desarrollo institucional que, según él, había quedado “atado y bien atado”.

“El 21 de julio de 1978 la banda terrorista ETA inició su ofensiva contra el ejército asesinando al general Juan Sánchez Ramos y el teniente coronel Juan Antonio Pérez Rodríguez. Los atentados mortales se dispararon durante el año en que se aprobó la Constitución. […] Y Suárez, mientras, parecía esconderse en la Moncloa, dejó de asistir a los funerales y enviaba al vicepresidente Gutiérrez Mellado, que sería continuamente increpado por unos militares impotentes ante la cuota de sangre que estaban pagando a lo largo del cambio político. «¡Ejército al poder!», gritaban los compañeros de armas del vicepresidente del Gobierno. Lo hicieron durante el funeral del general Ortín, asesinado por ETA en enero de 1979, lo venían repitiendo en numerosos actos a los que asistía Gutiérrez Mellado desde 1977… El «ruido de sables» era ensordecedor. La conspiración de algunos militares contra el gobierno era cierta, y muy grave, pues ponía en peligro la democracia recién conseguida.

[…] El 11 de noviembre de 1978 se reúnen en la cafetería Galaxia de Madrid el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y el capitán de infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Han quedado allí con otros compañeros de armas. […] Tejero e Ynestrillas revelan a sus compañeros que están preparando la ocupación de la Moncloa durante la celebración de un Consejo de Ministros, para someter la nueva situación al rey, habida cuenta de la inacción del ejecutivo ante la ofensiva etarra. Tejero asegura que asaltará el palacio de la Moncloa con un centenar de hombres bajo su mando, mientras Ynestrillas desplegaría por Madrid a mil doscientos hombres de la Academia de la Policía Armada, donde estaba destinado, para apoyar la acción de Tejero. La operación está prevista para dentro de seis días: 17 de noviembre de 1978, y con ella quiere provocar la movilización del Ejército para detener un proceso político que, insisten, resultará destructivo para la patria.

Al terminar la reunión, los estupefactos compañeros de Tejero e Ynestrillas dan cuenta a sus superiores de los planes golpistas, al considerarlos descabellados. Inmediatamente, ambos militares son detenidos y, dieciocho meses después, juzgados por un Consejo de Guerra. El 8 de mayo de 1980, el tribunal militar los condenó por «un delito de conspiración y proposición para la rebelión» a siete meses de prisión para Tejero y seis meses para Sáenz de Ynestrillas. Ambos quedaron suspendidos de empleo y sueldo, e inhabilitados para el ejercicio del cargo público mientras durara la pena. Pero la sentencia añadía una coda: «para el cumplimiento de esta pena les será de abono el tiempo que hayan permanecido privados de libertad por razón de esta causa sin que sean exigibles responsabilidades civiles»[9]. Desde su detención, en noviembre de 1978, hasta la publicación de la sentencia, en mayo de 1980, ya se habían satisfecho los siete meses de condena, así que los golpistas vuelven a la calle… para seguir intentándolo.”[10]

Suárez fue consciente en todo momento de que se estaba moviendo en el filo de la navaja y de que la posibilidad de que los militares intentaran dar un golpe de estado era muy real.

“El general Gutiérrez Mellado, a la sazón vicepresidente para Asuntos Militares en los gobiernos de Suárez, llevó a cabo las instrucciones del presidente: apartar del mando a los díscolos con la Constitución y fomentar el ascenso de los más comprometidos con la recién estrenada democracia. Y así, por encima de los méritos profesionales, contaron más las inclinaciones políticas en un momento en que la democracia corría peligro como consecuencia de la probable involución militar. El director de la Guardia Civil, General Ángel Campano, afín a posiciones ultraderechistas, fue sustituido por Antonio Ibáñez Freire; el teniente general Milans del Bosch, declarado franquista y monárquico, jefe de la División Acorazada Brunete, fue apartado de su destino en enero de 1978 y enviado a la Tercera Región Militar –Valencia– para hacerse cargo de aquella plaza. Ante esta política de ascensos que anteponía la simpatía política a los méritos profesionales, dimitió en mayo de 1978 el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general José Vega Rodríguez, que fue sustituido por su homólogo Tomás Liniers, aparentemente más moderado. Pero Liniers pasaría pronto a la reserva y el puesto del JEME acabaría siendo ocupado por el general Gabeiras, para lo cual hubo de ser ascendido rápidamente a teniente general. Ello exigió ascender a esta graduación, de manera tan precipitada como improvisada, a los cinco generales que precedían a Gabeiras en el escalafón. Aquellos «ascensos forzados» restaban autoridad a los nuevos mandos nombrados por el gobierno y acrecentaban el malestar en unas Fuerzas Armadas continuamente azotadas por los atentados de ETA.”[11]

 

Acoso y derribo de un presidente

En ese contexto político el PSOE presentó una moción de censura contra el presidente Suárez, que se debatió en el Congreso de los Diputados entre el 28 y el 30 de mayo de 1980, en ella:

“La oposición vapulea al presidente. Carrillo afirma que «Suárez ha fracasado, pues desde su investidura las cosas han ido de mal en peor», Fraga lo acusa de «no dar confianza ni credibilidad», y hasta la Fuerza Nueva de Blas Piñar secunda la moción de censura contra el presidente. Alfonso Guerra subirá el tono, afirmando que Suárez es el gran obstáculo para la consolidación de la democracia en España, porque «la democracia no soporta a Suárez, cualquier avance democrático pasa por su desaparición». Y Rojas Marcos, portavoz del PSA, concluye: «Suárez es un árbol caído».”[12]

Aunque consigue impedir el triunfo de la moción, sale bastante debilitado de la misma. El debate ha servido a Felipe González y a su partido para postularse como una mejor alternativa que la que representa la UCD. Éste fue seguido en directo por millones de españoles a través de la televisión. Fue una gran operación de marketing para los socialistas de la que salieron fortalecidos.

“En privado, los socialistas negociaban con el ala socialdemócrata de la UCD, liderada por Fernández Ordóñez. La posibilidad de que los socialdemócratas abandonaran el partido no era más que un síntoma de su descomposición.”[13]

Un poco antes de la moción, el 2 de mayo, Suárez hizo un cambio de gobierno, dejando fuera del mismo a los socialdemócratas de Ordóñez y a los liberales de Garrigues. Los democristianos quedaron como la facción dominante dentro de la UCD. El Ministro de Hacienda, Fernando Abril Martorell, dimitió en agosto de 1980.

“En una última tentativa de recuperar el control de su partido, el 9 de septiembre, Suárez remodeló su gabinete para crear un «Gobierno de los barones», cuya lealtad temporal aseguró en algunos casos. Sin embargo, el nombramiento de Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, le enemistó con los democratacristianos debido al proyecto de ley del divorcio de este último. Además, la pérdida de Abril Martorell, que había sido su escudo parlamentario, expuso a Suárez a ataques más frecuentes en las Cortes. Sin Abril como bombero, según José Oneto, «el incendio llega a las mismas puertas del palacio»”[14].

“…la UCD era un hervidero de intrigas. Suárez estaba siendo atacado por los demócratacristianos que también estaban en connivencia con la Alianza Popular de Fraga. El 12 de enero de 1981, Landelino Lavilla, en una entrevista periodística contundente que obtuvo un amplio eco, acusó a Suárez de acumular y abusar del poder de forma arbitraria. Se esperaba un enfrentamiento en el II Congreso de la UCD, que iba a celebrarse en Mallorca el 29 de enero. […] Tras concluir que no tenía alternativa, planeó anunciar su dimisión en el congreso de la UCD.

Cuando una huelga de controladores aéreos obligó a aplazar el congreso, Suárez comunicó su decisión a su Gobierno, a la dirección del partido y al rey y luego anunció su partida en un mensaje televisado el 29 de enero. […] su marcha no logró detener la desintegración de la UCD. Como los «barones» rivales se neutralizaban mutuamente, su sucesor fue el vicepresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, cuyos buenos contactos en la banca y su competencia administrativa lo convertían en un candidato de compromiso razonable. Sin embargo, Calvo Sotelo se enfrentaba a conspiraciones internas y a la voluntad del Ejército de intervenir en política, que se reforzó a raíz de la visita conciliadora del rey Juan Carlos y la reina Sofía al País Vasco del 3 al 5 de febrero de 1981. El viaje se vio gravemente empañado por manifestaciones antiespañolas poco concurridas en el aeropuerto de Vitoria y la Casa de Juntas de Guernica. […] el Congreso de la UCD, finalmente tuvo lugar en Palma de Mallorca el 6 de febrero. […] Calvo Sotelo compareció ante las Cortes para el procedimiento formal de investidura el 20 de febrero, en un contexto de rumores ensordecedores de golpe de Estado.”[15]

 

El 23 F

El desarrollo de los acontecimientos que condujeron a los sucesos que tuvieron lugar el 23 de febrero de 1981 (el 23 F) es “la crónica de una muerte anunciada”. Desde hacía tiempo se esperaba que, más tarde o más temprano, los militares intentaran algún tipo de golpe. El Régimen franquista, no lo olvidemos, nació en el contexto de una guerra civil que fue la consecuencia de un intento frustrado de dar un golpe de Estado contra la Segunda República. La Guerra obligó en su momento a todos los militares profesionales que había en España en aquel momento a decantarse por alguno de los dos bandos, lo que tuvo como consecuencia la desaparición de los militares demócratas en el seno del ejército que la ganó, fenómeno que se vio reforzado por el reclutamiento masivo de voluntarios promovido por las organizaciones de la extrema derecha de la época (falangistas y carlistas). Durante los 40 años que duró este régimen los militares estuvieron siempre hiper representados en sus gobiernos, dado que el Dictador era un militar, que no había en ellos una cartera de Defensa sino tres (Tierra, Mar y Aire) y que con frecuencia, además, se nombraban militares para ocupar carteras civiles. Los dos vicepresidentes del gobierno que tuvo Franco fueron militares (Agustín Muñoz Grandes y Luis Carrero Blanco), el último de ellos se convertiría, en 1973, en Presidente y estaba previsto que fuera el garante de la continuidad del Régimen tras la muerte de Franco, lo que hubiera sucedido de no haber sufrido un atentado mortal. La historia del ejército español, además, desde la Guerra de Independencia (1808-1814) no es más que una larga lista de pronunciamientos militares dirigidos a cambiar el rumbo de la política en nuestro país y, aunque el régimen de la Restauración (1875-1923) marcó un paréntesis en esa tendencia secular del ejército de intervenir en política, desde la coronación de Alfonso XIII en 1902 éstos vuelven a las andadas con el apoyo del rey, acabando finalmente -en 1923- con el sistema parlamentario como consecuencia del golpe de estado del general Primo de Rivera, que contó con la complicidad del monarca. La Segunda República ya sufrió un primer intento de golpe en 1932, que logró frustrar, pero el segundo, como ya hemos dicho, degeneró en la Guerra Civil española, que abrió la puerta a la dictadura franquista.

Con estos antecedentes y estimulados por las luchas políticas intestinas que se estaban llevando a cabo en la UCD, así como por las operaciones de acoso político diseñadas desde el PSOE y desde Alianza Popular, una facción del ejército consideró que había llegado el momento de dar el golpe.

Tras el acuerdo alcanzado en el Congreso de la UCD de Palma de Mallorca de investir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno, se convoca el Pleno de Investidura para el 20 de febrero, en el que podría salir elegido si contaba con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados del Congreso. Era una mera formalidad, pues era evidente que el candidato sólo contaba con el voto de una mayoría relativa, lo que le daría el gobierno en la segunda votación según establecía la ley. Esta segunda votación comenzó la tarde del día 23.

A las 18:20 horas 320 guardias civiles, mandados por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron en el Congreso de los Diputados metralleta en mano, disparando al aire y ordenando a todo el mundo tirarse al suelo. Inmediatamente después el teniente general Milans del Bosch declaró el Estado de Emergencia en la Comunidad de Valencia, el toque de queda a partir de las nueve de la noche y sacó los tanques a la calle. Poco después se puso en marcha en Madrid  la División Acorazada Brunete, que ocupó varios lugares estratégicos de la capital, entre ellos el edificio desde donde emitía Televisión Española. En el Congreso de los Diputados un capitán anunció que muy pronto llegaría una autoridad militar al hemiciclo para “hacerse cargo de la situación”.

Dicen algunos autores que el futuro del golpe se jugó en los minutos que siguieron a la entrada de las fuerzas de Tejero en el Congreso, aunque se visualizara públicamente muchas horas después. La autoridad militar a la que se referían los golpistas era el general Alfonso Armada (en ese momento segundo jefe del Estado Mayor del Ejército español) que, supuestamente, contaba con el visto bueno del Rey y que daría un golpe de timón para encabezar una especie de gobierno de salvación nacional que reconduciría el proceso democrático en España. En ese gobierno habría militares pero, también, políticos de varios de los grupos presentes en el parlamento -entre ellos los socialistas (¿?)- que devolverían el poder a los civiles cuando hubieran “normalizado” la situación en el país. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos se alejó de los cálculos que habían hecho los golpistas a los pocos minutos de haber puesto en marcha la máquina del proceso, pues desde el lugar dónde debía coordinarse éste (el Palacio de la Zarzuela, dónde debía tomar el mando el General Armada en connivencia con el Rey) empezó a organizarse el contragolpe:

“El puesto de mando del contragolpe se hallaba situado en la Zarzuela, en el despacho del Rey, donde éste permaneció toda la noche en compañía de su secretario, Sabino Fernández Campo […el Rey] desde el primer instante empezó a impartir a sus compañeros de armas órdenes de respetar la legalidad. […] antes de las ocho de la noche reunió un grupo de secretarios y subsecretarios de estado bajo el mando del director general de Seguridad, Francisco Laína. […] la principal preocupación del Rey eran los capitanes generales.

Se trataba de casi una docena de generales que ejercían un dominio de virreyes sobre las once regiones militares en que estaba dividido el país. Todos ellos eran franquistas: todos habían hecho la guerra con Franco, casi todos habían combatido en la División Azul junto a las tropas de Hitler, todos se adscribían ideológicamente a la ultraderecha o mantenían buenas relaciones con ella, todos habían aceptado la democracia por sentido del deber y a regañadientes y muchos consideraban que la intervención del ejército en la política del país era hacia 1981 indispensable o conveniente. En los días previos al 23 de febrero Milans había conseguido desde la jefatura de la III región militar el apoyo explícito o implícito para su causa de cinco de los capitanes generales (Merry Gordon, jefe de la II región; Elícegui, de la V; Campano, de la VII; Fernández Posse, de la VIII; Delgado, de la IX), pero cuando apenas iniciado el golpe el Rey y Fernández Campo empezaron a llamarlos uno a uno por teléfono y tuvieron que definirse ninguno de ellos secundó con claridad a Milans. […] salvo dos (Quintana Lacaci, en Madrid, y Luis Polanco, en Burgos) se debatieron durante toda la tarde y la noche en un tremendal de dudas, de un lado urgidos por las arengas telefónicas de Milans y sus apelaciones al honor militar y a la salvación de España y los compromisos adquiridos, y de otros sujetados por el respeto al Rey y a veces por la reticencia o la prudencia de los segundos escalones de mando, quizá fascinados por el vértigo de revivir en la vejez la épica insurreccional de su juventud de oficiales de Franco […] salvo Milans, ningún capitán general apoyó abiertamente el golpe, pero, salvo Quintana Lacaci y Polanco, ningún capitán general se opuso abiertamente a él.”[16]

El intento de golpe de Estado del 23 F fracasó. Un par de días después Leopoldo Calvo Sotelo, tal y como estaba previsto, fue investido como Presidente del Gobierno. Los golpistas fueron juzgados y condenados, y este episodio pasaría a la historia como uno más de los obstáculos que la Transición a la Democracia en España tuvo que superar para poder consolidar el modelo de estado diseñado en la Constitución de 1978.

Sin embargo, algunas incógnitas quedaron en el aire. Por ejemplo ¿Por qué los golpistas actuaron con el absoluto convencimiento de que contaban con el respaldo del Rey? ¿Por qué el Secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, dijo durante las horas que duró el asalto al Congreso aquella famosa frase “Es un asunto interno español”, que todo el mundo interpretó como un apoyo implícito a los golpistas? ¿Por qué se tendió un manto de silencio sobre buena parte de lo que se pudo averiguar durante el proceso judicial?

“Sólo se sentarán en el banquillo, por tanto, los altos mandos directamente implicados en el golpe. Sobre ellos, el gobierno de Calvo Sotelo actuará con dureza, recurriendo incluso la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), dictada en junio de 1982, por considerar que algunos implicados habían recibido una baja condena. El caso más significativo de todos era el del general Alfonso Armada, condenado por el CSJM a seis años de cárcel. El fiscal recurrió al Tribunal Supremo y éste elevó, en su sentencia de abril de 1983, las penas a algunos procesados, entre ellos al general Armada, que sería condenado a 30 años de prisión. De ellos, cumpliría sólo ocho, pues en 1991 fue indultado.”[17]

 

Leopoldo Calvo Sotelo

El 25 de febrero de 1981 fue investido, por fin, Calvo Sotelo, con 186 votos a favor (la mayoría absoluta que no fue capaz de alcanzar en la primera votación) y 158 en contra. UCD, sin embargo, seguirá gobernando en minoría y el año y medio que éste dirigió el gobierno fue  más agónico, si cabe, que el periodo inmediatamente anterior, que había liderado Suárez. Durante ese tiempo, no obstante, se produjo un logro histórico:

“Un rayo de luz emerge en febrero de 1982 cuando las negociaciones entre Juan José Rosón y un representante de ETA político-militar, Mario Onaindía, terminan exitosamente con la tregua unilateral de ésta. Una parte de la banda terrorista dejaba la violencia, pero la otra, ETA-militar, seguirá empeñada en utilizar la sangre como único argumento de sus reivindicaciones políticas.”[18]

La crisis económica siguió su curso. El paro alcanzó, en 1982, hasta el 17 % de la población activa. Y la presión de los militares frenó de manera significativa el proceso de descentralización administrativa:

“El PSOE estuvo de acuerdo con UCD en que el acceso a la autonomía debía regularse, embridarse incluso, para que una caótica espiral de autonomismo no debilitara a la ya de por sí frágil democracia nacida de la Constitución.

Así que UCD y PSOE pactaron que el máximo nivel de competencias sería ejercido, al principio, por Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra, la Comunidad Valenciana y Canarias. Siete comunidades, por tanto, a la cabeza del proceso autonómico, mientras que las diez restantes mantenían menos competencias. Una España autonómica «a dos velocidades» se inauguraba entonces, aunque progresivamente los niveles competenciales de los distintos territorios irían equiparándose.

«Un parón inadmisible», protestaron los nacionalistas ante el acuerdo que en materia autonómica trabaron UCD y PSOE; pero el pacto entre ambas fuerzas políticas no fue roto a pesar de estas presiones y, gracias a los votos socialistas, el gobierno sacaba adelante en julio de 1982 la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Su objetivo era impedir el caos que en los últimos años registraba esta materia. Los 208 votos de centristas y socialistas posibilitaron la puesta en marcha de una ley que fue criticada como «auténtica involución» por los nacionalistas, casi «un triunfo del golpe en diferido». Pero la LOAPA no impedía el acceso a la Autonomía, tan sólo lo ordenaba de manera más clara, sin ni siquiera ralentizarlo[19]. Prueba de ello es que, entre enero y agosto de 1982, se aprobaron los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias y Navarra. Sólo faltaban los Estatutos de Baleares, Castilla y León, Extremadura y Madrid, que serían aprobados en la siguiente legislatura, tal y como estaba previsto.”

El otro gran proyecto de Leopoldo Calvo Sotelo era el de meter a España en la OTAN:

“El 19 de octubre de 1981 el Congreso de los Diputados decidió sobre la solicitud de ingreso de España en la OTAN, con 186 votos a favor y 146 en contra. Los «síes» provenían de UCD, CD, PNV y CiU. En contra se situaba la izquierda. España pedía el ingreso en la Alianza Atlántica con dos condiciones: la primera era que no se instalara armamento atómico en su suelo, y la segunda consistía en que se tuviera en cuenta su interés por recuperar la soberanía de Gibraltar. El presidente del Gobierno se esforzó en explicar que el ingreso en la OTAN «ponía a España en el mundo», facilitaba su integración a las Comunidades Europeas, evitando así su aislamiento, pues aquella decisión la incluía en el grupo de las naciones libres y democráticas[20]. Pero la ausencia de un amplio consenso nacional lastraba esta decisión, pues las grandes líneas de actuación en política exterior han de surgir de un mayoritario acuerdo que, en este caso, brillaba por su ausencia.”

En septiembre de 1981 se produjo un envenenamiento masivo provocado por una partida de aceite de colza adulterado que fue desviado para consumo humano y que dejó 130 muertos y 12.000 afectados.

 

La debacle final

Pero lo que terminó desencadenando el hundimiento de la UCD fueron los resultados de las primeras elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el 23 de mayo de 1982, que tuvo los siguientes resultados:

Éstos fueron interpretados por todos en clave nacional, como un anuncio de lo que venía. A partir de ese momento la militancia de la UCD (diputados incluidos) comienza a abandonar masivamente el partido. Adolfo Suárez anunció públicamente que lo dejaba el 28 de junio. Poco después fundó uno nuevo llamado Centro Democrático y Social (CDS).

“El caos de la UCD alcanzó su punto más dramático a finales de julio de 1982, cuando comenzó a dividirse en sus componentes. Los democratacristianos más conservadores formaron el Partido Demócrata Popular y anunciaron una coalición electoral con Fraga. Suárez creó una nueva formación política, el Centro Democrático y Social, y anunció que, después de las elecciones, apoyaría un gobierno socialista.”[21]

…

“La sangría de diputados «ucedistas» no tardó en producirse. En agosto de 1981 abandonaban el partido el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, junto a otros 16 parlamentario socialdemócratas, como consecuencia de las discusiones en torno a la Ley del Divorcio que estaba tramitándose. Después de formar el Partido de Acción Democrática, estos disidentes de UCD acabaron integrándose en el PSOE, la formación que mejor casaba con sus planteamientos socialdemócratas.

A la hemorragia de diputados por la izquierda se uniría pronto la hemorragia por el flanco derecho. Herrero de Miñón y Óscar Alzaga pronto trabajarían por lograr una mayoría de centro-derecha ajena a UCD y en colaboración con la AP de Fraga. En enero de 1982, Herrero de Miñón dimite como portavoz parlamentario, abandona el partido y se integra en AP junto a otros dos diputados centristas. Tras la debacle de UCD en las elecciones andaluzas, celebradas el 23 de mayo de 1982, Alzaga encabezó la salida de 12 diputados y 8 senadores democristianos de UCD. Crearían el Partido Demócrata Popular acercándose progresivamente a Alianza Popular.

Mientras se producían estas «deserciones», la patronal cargaba contra Calvo Sotelo tanto como lo había hecho contra Suárez. El presidente del Gobierno intentó retomar el control del partido en unos momentos en que la crisis era irreversible. Desplazaría a los suaristas y colocaría en la secretaría general al democristiano Íñigo Cavero, pero ya era tarde para enderezar el rumbo de una nave a la deriva. El simbólico punto y final a UCD quizá lo puso Suárez cuando abandonó el partido, creando el Centro Democrático y Social. Cuando la sangría de diputados resultaba imparable, Calvo Sotelo disolvió las Cortes en 1982 y convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre, ante la insostenible situación de un gobierno tras el cual sólo existía un partido en desbandada.”[22]

Los resultados de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 fueron los siguientes:

Como vemos, el PSOE arrasó:

 “28 de octubre de 1982. El Partido Socialista Obrero Español conseguía más de 10 millones de votos en las elecciones generales. Una pareja eufórica, Felipe González y Alfonso Guerra, saludaba desde el balcón de la sede socialista. La Guerra Civil, según algunos comentaristas, terminaba ese día. La izquierda volvía al poder en una democracia joven y apenas repuesta del golpe de Estado que los militares dieron en 1981. Alfonso Guerra, con su habitual desparpajo, comentó esos días que a España no la iba a conocer «ni la Madre que la parió»”[23].

El 1 de diciembre el candidato a la Presidencia del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe González, tomaba posesión y se ponía al frente del Ejecutivo. Con él llegaba al gobierno un partido que seis años antes era ilegal y que en la Guerra Civil española había formado parte de todos los gobiernos que combatieron en el bando republicano. El franquismo, definitivamente ya, había pasado a la historia.

 

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[1] Alfonso Pinilla García: La Transición en España. España en Transición. Alianza Editorial. Madrid. 2021. pp. 147-148.

[2] Alfonso Pinilla García: Golpe de timón. España: desde la dimisión de Suárez al 23-F. Granada. Comares. 2020. p. 3.

[3] Alfonso Pinilla García: La Transición en España. España en Transición. Alianza Editorial. Madrid. 2021. p. 156.

[4] Juan Avilés Farré: “El terrorismo en la Transición Democrática española”. https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/aviles-t01.pdf

[5] Marie Ilse Führer: La política de la Transición. 1975-1980. Madrid. Taurus. 1981 pp. 66-69.

[6] Alfonso Pinilla García: Ibíd. p. 149.

[7] Ibíd. p. 151.

[8] Ibíd. pp. 152-153.

[9] Sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales sobre la Operación Galaxia, Madrid, 8 de mayo de 1980, folio OD2134084.

[10] Alfonso Pinilla García: Ibíd. pp. 156-158.

[11] Ibíd. p. 156.

[12] Ibíd. p. 161.

[13] Paul Preston: Un pueblo traicionado. Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona. 2019. p. 531.

[14] Ibíd. p. 532.

[15] Ibíd. pp. 534-536.

[16] JAVIER CERCAS: Anatomía de un instante. Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona. 2009.

[17] Alfonso Pinilla García: Ibíd. p. 192.

[18] Ibíd. p. 193.

[19] Eliseo Aja: El estado autonómico: federalismo y hechos diferenciales. Madrid, Alianza Editorial, 1999, pp. 61-73.

[20] Leopoldo Calvo Sotelo: Memoria viva de la Transición. Barcelona, Planeta, 1990, p. 125.

[21] Paul Preston: Un pueblo traicionado. Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona. 2019. p. 544.

[22] Alfonso Pinilla García: Ibíd. pp. 198-199.

[23] Ibíd, p. 205.